La política lingüística del gobierno de Aragón ha entrado en una fase de fuerte presión política tras el acuerdo para un ejecutivo de coalición del Partido Popular y Vox. El documento del pacto utiliza una retórica más beligerante que nunca contra el catalán y propone «liberar Aragón de la imposición del catalán», una expresión que ha encendido las alarmas entre los académicos y expertos que velan por la lengua en la Franja de Poniente, el territorio de los Países Catalanes que está bajo la administración del gobierno aragonés. Esta ofensiva no solo busca cambiar la terminología oficial y acabar con el único reconocimiento legal que tiene la lengua en este territorio de habla catalana, sino que amenaza, o intenta amenazar, la estructura misma de las instituciones académicas que reconocen la unidad de la lengua. El acuerdo prevé una reforma de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, que es la única norma que hace referencia explícita al catalán –y, también, al aragonés–, con el objetivo de adecuarla al Estatuto de Autonomía, que evita hacer referencia a lenguas concretas y hace referencia a «las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón».
Esta maniobra no es nueva, ya que en el año 2015 el gobierno de Aragón, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi (PP), aprovechó la aprobación de los presupuestos para modificar por vía rápida esta ley y eliminar las denominaciones ‘catalán’ y ‘aragonés’. Unas denominaciones que se recuperaron en el año 2016, con la llegada del gobierno de Javier Lambán (PSOE), y que ahora vuelven a estar en peligro de extinción normativa. Otra medida anunciada es la supresión del Instituto Aragonés del Catalán, la única entidad que hay en Aragón para normativizar el catalán que se habla en la Franja de Poniente.
El sociólogo y activista por el catalán en la Franja Natxo Sorolla recuerda que esta estrategia ya se ha vivido anteriormente y afirma que se está volviendo a un escenario donde se quiere negar el nombre de la lengua por una cuestión puramente ideológica. «Detrás de esto hay posicionamientos anticatalanistas», dice, y remarca que, en cambio, no se han posicionado contra el aragonés. «Más que una posición contraria al multilingüismo, es una posición contraria al catalán y a la presencia del catalán, que es histórica», asegura. En este sentido, Sorolla recuerda que el catalán y el aragonés son las dos lenguas constituyentes de Aragón y remarca que el castellano llega y se expande a posteriori. Por tanto, considera que hablar de «imposición» del catalán es erróneo desde una perspectiva histórica y también desde una perspectiva sociolingüística, porque está «cargada de contenido e intenta reconfigurar una situación sociolingüística claramente diferente de la que se está dando en la actualidad». En este sentido, recuerda que la identidad española que defienden PP y Vox pasa por una identidad «única y homogénea», que es la de la «castellanohablante o la hispanocéntrica». «Intentan de todas las maneras erradicar cualquier diversidad de la identidad que ellos configuran», concluye.
José Ramón Noguero, uno de los fundadores del Movimiento Franjolí, plataforma ciudadana que trabaja para hacer visible la catalanidad de la Franja de Poniente, alerta que el discurso político de «imposición» que hacen los dos partidos de gobierno busca, por un lado, captar la «simpatía del anticatalanismo» y, por otro, «cargarse todo lo que no sea castellano». Y, como Sorolla, hace notar que el acuerdo solo hace referencia a la lengua catalana y deja al margen el aragonés. Noguero cree que el acuerdo busca eliminar cualquier referencia al catalán porque a Vox «no le gusta cualquier cosa que provenga de Cataluña». «No es solo que no les guste, es que quieren formar parte de una acción que también se lleva a cabo en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares», indica, y añade que lo hacen con la voluntad de «uniformizar el territorio» y «castellanizarlo» tanto como puedan. «¿Cómo haces que una lengua que se habla desde hace 900 años desaparezca?», se pregunta, y subraya que, a pesar de todos los intentos por eliminar cualquier referencia al catalán, «no pueden prohibirnos hablarlo». Con todo, el activista no sabe hasta dónde llegará esta ofensiva contra el catalán y manifiesta que se puede «quedar en retoques estéticos» o bien «avanzar, si la legislatura tiene continuidad», como lo hizo entre el año 2011 y el 2015 bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi con el famoso lapao (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental), la denominación que otorgó al catalán para no decir que era catalán. Una duda que también comparte Sorolla.
Quieren suprimir el Instituto Aragonés del Catalán… pero no pueden
Una de las medidas más directas del nuevo ejecutivo es la intención de suprimir el Instituto Aragonés del Catalán, que depende de la Academia Aragonesa de la Lengua y que definió que el catalán en la Franja seguiría la normativa del Instituto de Institutos Catalanes y también el de la Academia Valenciana de la Lengua. El presidente de la Academia, Javier Giralt, dice que el acuerdo entre PP y Vox en la anterior legislatura, antes de su ruptura, «era exactamente lo mismo que ahora se plantea», pero remarca que el programa electoral de Vox exponía que el catalán no debía tener ningún reconocimiento y, en cambio, el PP simplemente no hacía referencia a la cuestión, ni a favor ni en contra. Con todo, apunta que el actual acuerdo «no es un buen augurio porque plantea un escenario de ausencia total del reconocimiento del catalán». Giralt rechaza el término de «imposición» que recoge el acuerdo porque la lengua que se habla en la Franja está ahí desde la edad media. «Vemos un peligro, pero tampoco sabemos por dónde pueden ir las cosas», y advierte que es «muy negativo» la propuesta de modificar la Ley de Patrimonio porque es la «única ley que hace referencia al aragonés y al catalán».
Sobre la intención de suprimir el organismo que preside, Giralt remarca que la entidad tiene una naturaleza autónoma y defiende que «la Academia es una institución científica e independiente». Remarca que no depende del Gobierno de Aragón y añade que tiene el mismo estatus que el Instituto de Estudios Catalanes. «No tenemos dependencia del gobierno de Aragón», subraya. Y, en cuanto a las ayudas oficiales, ya están acostumbrados a no tenerlas, ya que durante la última legislatura no han recibido «ni un duro». De hecho, con el PSOE tampoco sacaban el vientre de pena, porque cuando Lambán creó la Dirección General de Política Lingüística tuvieron solo «una pequeña subvención» que nunca pudo ser la cantidad total porque «las condiciones para disponer de todos los recursos era imposible cumplirlas».
«El gobierno aragonés no es quien manda sobre la Academia», sentencia, aunque la función principal de la entidad, por ley y estatutos, es asesorarlo. Por eso, explica que trasladará al presidente de Aragón, Jorge Antonio Azcón, y también a la consejera de Cultura, Mar Vaquero Periánez, una oferta para «informarles» de cuál es su papel, porque «a veces hay un cierto desconocimiento». También deja claro que desde la Academia no quieren «comenzar una guerra, porque comenzar una guerra tal vez es perder más que ganar», y subraya que la exconsejera Tomasa Hernández no dio apoyo a la Academia pero «siempre hubo un trato cordial y de respeto». Y ese es su objetivo, que el nuevo ejecutivo de Azcón los «respete como institución» y no se lleve adelante la supresión que han acordado PP y Vox, que según Giralt ni siquiera sería posible técnicamente.
El impacto en el sistema educativo en un momento en que los jóvenes dejan de hablar el catalán
Más allá de las leyes, la preocupación por todas estas políticas para «liberar Aragón de la imposición del catalán» recae en el impacto cotidiano y educativo. José Ramón Noguero, desde el Movimiento Franjolí, señala que el principal problema que hay actualmente en la Franja con el catalán es que las generaciones más jóvenes «dejan de hablarlo, en la escuela y en casa» y avisa que de aquí a 10 o 20 años «nos encontraremos con una brecha generacional». Sorolla añade que todo este ruido tiene efectos negativos sobre la lengua porque el hablante lo percibe como un problema y apunta que se ha observado una «ruptura del uso de la lengua» en las generaciones nacidas a partir de 1990, pero especialmente las nacidas en los 2000. «Hay población inmigrada y gente autóctona que tiene el castellano como lengua inicial, pero también vemos que parte de los catalanohablantes dejan de utilizar la lengua entre ellos como lengua de intercomunicación», explica el sociólogo.
En la enseñanza, donde el aprendizaje del catalán en Aragón se inició el curso 85-86 y no se ha detenido, Sorolla apunta que si el catalán desaparece de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés «puede poner en más dificultades la presencia de la lengua en el sistema educativo», porque esta modificación legislativa convertiría el catalán «en una lengua extranjera». «Si dentro de los claustros o dentro de la poca administración se ponen dificultades para dar clases en catalán, habrá menos puntos de conexión con la legislación que permiten mantener esta lengua en el ámbito educativo», expone. En cambio, Giralt recuerda que cuando en 2014 se hizo lo mismo y se continuó enseñando catalán en las escuelas y en los institutos de la Franja. «Una cosa es que se diga que el catalán no existe en Aragón, pero otra cosa sería que se carguen todo lo que tiene que ver con la enseñanza del catalán. Sería muy grave», valora Giralt, que quiere pensar que no se llegará a este extremo.
