La oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE) podría llegar la semana próxima. El próximo martes se debe celebrar el Consejo de Asuntos Generales de la UE, la reunión de ministros de Asuntos de la UE en la que se debe decidir la cuestión. Pero el gobierno español ha enfriado la propuesta y planteará una implementación progresiva del catalán, el euskera y el gallego. «Si se adopta, las tres lenguas serán oficiales el martes, pero la implementación no puede ser de golpe», subrayan fuentes del ministerio de Exteriores recogidas por la agencia ACN.
El gobierno español justifica que la implementación deberá ser progresiva, ya que el catalán deberá someterse a los procesos administrativos y burocráticos de la UE, que suelen ser lentos. En cualquier caso, si finalmente se vota la oficialidad y se decide que sí, el catalán se convertiría en una lengua oficial de la UE.
Hace unos días, El Món alertaba que la votación pendía de un hilo y que podía caer del orden del día, ya que una decena de países habían mostrado reticencias. Esta semana, el ministro de Exteriores José Manuel Albares aseguraba que mantiene la voluntad de someter la cuestión a votación el 27 de mayo y que continúa trabajando para lograr el consenso entre los 27 países. El gobierno español intenta convencer a sus homólogos de que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego no supondrá crear un precedente para otras lenguas minoritarias o minorizadas.
Un acuerdo entre PSOE y Junts per Catalunya
La oficialidad del catalán en la UE forma parte de los acuerdos entre Junts per Catalunya y PSOE para investir a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados y, posteriormente, apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Unos 10 millones de hablantes
Una de las ventajas del catalán es que se trata de una lengua muy utilizada en Europa, con 10 millones de hablantes. De hecho, es la decimotercera lengua de la UE por delante del danés, el finés, el sueco o el gaélico, entre otras lenguas oficiales.
La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego tendrá unos costes de 132 millones de euros, que asumirá el Estado español.
Fuentes diplomáticas reconocen que la presidencia de turno del Consejo de la UE, encargada de organizar los debates y reuniones de los 27 y que ostenta Polonia, puede decidir el mismo martes si la cuestión se somete o no a votación.
