La Generalitat ha comunicado a un vecino de Barcelona el archivo de una denuncia contra el banco ING Direct por no cumplir con lo que establece el Código de Consumo sobre los derechos lingüísticos de los consumidores, ya que no dispone de versión en catalán de los documentos contractuales de los servicios que ofrece ni tampoco ofrece versión en catalán en su web ni en su app móvil. En una carta a la que ha tenido acceso El Món, la responsable de procedimiento sancionador de la Agencia Catalana de Consumo, Olga Treceño, comunica al denunciante el “archivo” del expediente de la queja y admite que se pospone la decisión de si se debe tomar alguna medida contra la entidad.
El afectado, que anteriormente había presentado una queja formal en el Hospital Universitari Sagrat Cor porque le entregaron los documentos en castellano, interpuso la reclamación contra ING en Consumo el pasado 28 de junio. Según el texto, al que también ha tenido acceso este diario, denunció que la entidad bancaria ING Direct “no dispone de versión en catalán ni en su web ni en su app móvil” y tampoco puede ofrecer documentación en catalán porque “la entidad no dispone de versión en catalán de los documentos contractuales de los servicios que ofrece”.
Esto, según remarca el denunciante, contraviene el artículo 128-1 de la ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña. En efecto, este apartado de la norma establece que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán “las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los recibos de depósito, las facturas y los otros documentos que hagan referencia o que deriven de él”, “las informaciones necesarias para el consumo, el uso y el manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguarda de la salud y la seguridad” y los contratos.
“Tendremos en cuenta su denuncia”
En la respuesta que el denunciante recibió el pasado 12 de septiembre, el día después de la Diada, Treceño comunica el archivo de la queja, pero le promete que su denuncia se tendrá en cuenta para la “campaña de inspección de establecimientos comerciales abiertos al público prevista para este año”. En este sentido, detalla que durante este periodo, Consumo “comprobará la adecuación de la actividad comercial del establecimiento al Código de Consumo de Cataluña en relación con los derechos lingüísticos y otros aspectos generales de las relaciones de consumo”. Con todo, manifiesta que “si se detectan presuntas infracciones administrativas en relación con la protección de los consumidores, se iniciará el procedimiento sancionador para corregir las prácticas ilegales”. Sea como sea, el archivo de la denuncia hace que al afectado ya no se le comuniquen, si llega a haberlas, las posibles medidas que pueda tomar Consumo si inspecciona esta entidad más adelante y detecta irregularidades en la atención a los catalanoparlantes.
