Junts ha vuelto a conseguir un acuerdo beneficioso para Cataluña. La formación soberanista ha pactado con el gobierno español una reforma legal que obligará a los trabajadores de servicios de atención al cliente de empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que ofrezcan servicios básicos de interés general a hablar catalán, incluso cuando no tengan su sede en territorio catalán. Un acuerdo que supone el blindaje del catalán en la atención al cliente para evitar los reiterados casos de catalanofobia perpetrados por trabajadores hacia clientes catalanohablantes.
«El acuerdo alcanzado con el gobierno español permite asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas y evita la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña gracias a la introducción de una disposición adicional en este sentido», señala Junts en una nota de prensa.
¿Qué implica el pacto entre Junts y el gobierno español?
Según ha detallado la formación soberanista, el acuerdo implica que los trabajadores de los servicios de atención al cliente deberán someterse a una formación obligatoria en catalán, las comunicaciones verbales y escritas entre empresa y cliente se adaptarán al idioma que haya elegido el cliente, y desaparecerá la obligación de responder al cliente en castellano, instaurándose la obligación de responder en el idioma oficial con el que el cliente se haya dirigido a la empresa. «Estas medidas suponen un cambio de paradigma, ya que anteponen el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial», destacan desde la formación del presidente en el exilio, Carles Puigdemont.
Se espera que la medida pactada entre el gobierno español y Junts afecte a las compañías eléctricas, las de suministro de gas y agua, las telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias y los servicios de transporte. Además, también se incluyen las empresas destinadas a los servicios postales y las de comunicación audiovisual de pago, las entidades bancarias y los servicios financieros, las aseguradoras, las empresas con más de 250 trabajadores, las que facturan más de 50 millones de euros cada año y aquellas empresas que ofrezcan servicios públicos.
