Los republicanos exigen a la Moncloa que ponga una marcha más para conseguir que el catalán sea lengua oficial dentro de la Unión Europea. Durante la rueda de prensa de este martes después de que los 27 hayan decidido aplazar la resolución sobre esta cuestión por el pleno del 24 de octubre, la portavoz de ERC en el Parlamento, Marta Vilalta, ha puesto prisas al ejecutivo español: «No daremos las gracias por avanzado al PSOE, exigimos que espabile», espeta Vilalta. La dirigente del partido republicano ha añadido que el gobierno español en funciones tiene que poder hacer «mucho más», y que tiene las herramientas, los recursos y los contactos para defender el uso de la lengua catalana a Europa, a pesar de que también lamenta que no «lo hayan querido hacer antes».
Después de que los 27 estados miembros hayan pospuesto la decisión, el ministro de Asuntos exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha tirado la propuesta de priorizar la oficialización del catalán antes de que la del gallego o el vasco, las otras dos lenguas que se tenían que someter en debate esta mañana. Una propuesta que ha tenido un buen recibimiento entre entidades catalanas, como por ejemplo Plataforma por la Lengua, pero que no se ha visto con los mismos ojos en las otras partes implicadas. Por su parte, el BNG ha lamentado la decisión anunciada este martes por el gobierno español: «Por nosotros no hay lenguas de primera y lenguas de segunda», apunta la eurodiputada de la formación, Ana Miranda, a través de un comunicado, que considera que con esta propuesta la Moncloa trata de manera diferente a las lenguas oficiales del Estado.
Falta de organización española
La formación gallega también lamenta la falta de organización que ha mostrado -y continúa mostrando- el gobierno español en la hora de planificar este proceso de oficialización. La dirigente gallega critica la ausencia de plazos para conseguir que tanto el catalán, como el vasco y el gallego, pasen a formar parte de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea: «Esperamos que solicitar un dictamen jurídico sobre las consecuencias de la oficialidad del gallego, el catalán y el eusquera y un análisis de su impacto económico no sea una maniobra que alargue ‘sine die’ su implementación», concluye.
