Este lunes el equipo legal que defiende el exilio confirmaba que había interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que los retiraba la inmunidad como eurodiputados. Veinticuatro horas después, el juez instructor del caso del Proceso al Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ya ha reaccionado. El juez ha dictado una nueva providencia con que concede un plazo de diez días al presidente al exilio Carles Puigdemont y al consejero Antoni Comín, para que aclaren sus demandas sobre el levantamiento de la inmunidad.
En concreto, Llarena reclama en este nuevo plazo que los dos eurodiputados justifiquen si han presentado o no recurso de casación ante el TJUE y, todavía más importante para el juez, si han pedido la petición de suspensión del suplicatorio concedido por el Europarlamento, a petición del mismo Supremo. Es decir, el juez quiere aclarar si han presentado o no mesuras cautelares para recuperar su inmunidad. Un dato que la misma defensa de Puigdemont admite que todavía está pensando cuando presentarán esta petición, por no poner las cosas fáciles al magistrado para reactivar las euroórdenes.
Calendario y estrategia
El juego del gato y la rata entre Llarena y la defensa del exilio es evidente. Llarena tenía la oreja parada por cuando finalizara el plazo de dos meses y diez días para presentar el recurso de casación contra la sentencia del 5 de julio. El mismo TJUE emitía un comunicado de prensa donde informaba que el recurso se había registrado y recordaba que, cuando los recurrentes lo quieran, pueden presentar las medidas cautelares para mantener la inmunidad hasta que no se resuelva el recurso, que podría ser incluso después del mes de mayo de 2024, cuando se tienen que celebrar una nueva convocatoria electoral.
El movimiento de Llarena sigue el camino comenzado con la providencia del pasado 27 de julio cuando acordó tener incorporadas a la instrucción, las peticiones de la fiscalía y de la acusación popular para que se reactivaran las euroórdenes y las órdenes internacionales de detención contra el presidente Puigdemont y el consejero Antoni Comín. Ahora bien, Llarena se guardó una roca a la faja, si bien admitía las peticiones advertía que no resolvería hasta que el TJUE no se pronunciara sobre una eventual petición de medidas cautelares. Precisamente, esta pista es el que hace a la defensa esperar el momento oportuno para hacer la petición y parar una posible reactivación de las órdenes de detención.
