El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha querido enviar un mensaje de calma tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de no admitir el recurso contra la sentencia que obliga a incrementar la presencia del castellano en una escuela de Canet de Mar. En una declaración sin preguntas, Vila ha asegurado que la resolución “no tiene impacto” ni sobre el sistema educativo catalán ni sobre la normativa vigente. Según ha defendido, el Gobierno “continúa firmemente comprometido” con un modelo de escuela que tiene el catalán como “centro de gravedad”, y ha recalcado que el ejecutivo continuará trabajando para garantizar que todo el alumnado termine la escolarización con competencia plena en catalán y castellano.
La decisión del tribunal europeo responde a una demanda presentada por familias del centro Turó del Drac de Canet de Mar y concluye que la incorporación de una asignatura más en castellano no vulnera derechos fundamentales. En su argumentación, el TEDH señala que una escolarización exclusivamente en catalán podría situar en desventaja a alumnos castellanohablantes y recuerda el derecho a ser educado también en la lengua estatal.
El Gobierno ya había minimizado otras resoluciones judiciales
La reacción de la Generalitat llega en una línea similar a otras respuestas recientes a decisiones judiciales sobre el modelo lingüístico. El Gobierno ya había insistido en otras ocasiones que pronunciamientos del TSJC o de otros tribunales no suponían cambios operativos en el funcionamiento de los centros y que los criterios lingüísticos se mantenían vigentes. En este caso, Vila ha reiterado que el ejecutivo continuará trabajando para “mejorar con el máximo consenso social” el sistema educativo y evitar cualquier ruptura del modelo actual.
Reacciones críticas y petición de más medidas
Más allá del posicionamiento del Gobierno, la Intersindical ha criticado la decisión del TEDH y la ha calificado de “imposición política”. La organización considera que la resolución supone una nueva cobertura judicial a una supuesta ofensiva contra el catalán en la escuela y reclama más determinación a la Generalitat. En este sentido, el sindicato pide reforzar los recursos destinados a la inspección y garantizar que los proyectos lingüísticos de los centros se apliquen de manera efectiva, así como blindar el catalán como lengua vehicular real en todo el sistema educativo.
