La última edición del InformeCAT2026, el documento de referencia sobre la salud del catalán publicado anualmente por Plataforma per la Llengua, ofrece datos para la esperanza, pero traza un presente alarmante para el futuro inmediato de la lengua. Los datos recogidos muestran una pérdida de hegemonía progresiva y transversal: el catalán retrocede a pasos agigantados entre la juventud, pierde peso en las instituciones de las Islas Baleares y el País Valenciano, y consolida una situación de emergencia lingüística en el área metropolitana de Barcelona, donde ya se ha convertido en una lengua claramente minoritaria. El estudio pone de manifiesto no solo un descenso en el número de hablantes habituales, que también afecta incluso a las zonas tradicionalmente más catalanoparlantes, sino también una debilidad social crónica marcada por la sumisión lingüística, donde ocho de cada diez ciudadanos cambian automáticamente de lengua cuando se les responde en castellano. Estos son los diez puntos clave que mejor resumen esta dinámica regresiva:
1. Emergencia lingüística en el área metropolitana
Menos del 15% de la población de varios territorios usa el catalán habitualmente. Según los datos de la Encuesta de usos lingüísticos de la población de Cataluña (EULP) publicadas a finales de 2025, el catalán se encuentra en una situación crítica en el área metropolitana de Barcelona. A excepción del Vallès Oriental y el Maresme, el resto del área se encuentra por debajo del umbral del 30% de hablantes habituales exclusivos. Solo la cuarta parte de la población solía hablar exclusivamente en catalán, un 24,7 %, y, además, había un 27,8% de residentes que afirmaban que no lo usaban nunca. Además, hay territorios donde las cifras son alarmantes: en el Barcelonès Nord, solo el 14,3% de la población habla exclusivamente en catalán de forma habitual; una cifra que cae al 12,2% en el Baix Llobregat Sur y hasta un preocupante 10,2% en L’Hospitalet de Llobregat, zonas donde el castellano se ha consolidado como lengua claramente hegemónica.
2. Retroceso de la lengua en los territorios históricamente más catalanoparlantes
La pérdida de hablantes no se limita a las zonas urbanas y también afecta a territorios que históricamente han sido feudos para la lengua catalana. La EULP muestra que entre 2018 y 2023 se han registrado caídas muy importantes en el uso habitual exclusivo del catalán en el Alt Pirineu, donde ha caído del 65,7% al 56,4%; en las Comarcas Gironinas, con un descenso del 54,1% al 45,1%; en Ponent, del 57,0% al 51,1%, y en las Terres de l’Ebre, del 72,2% al 66,8%.
3. Alarma por el escaso uso del catalán entre los jóvenes
Solo un 15,9% de los jóvenes comienza siempre las conversaciones en catalán. El comportamiento de las nuevas generaciones supone uno de los datos más desfavorables para el relevo generacional de la lengua. En los últimos diez años, el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que inician sus interacciones «siempre» en catalán ha caído hasta el 15,9%. Un 30,6% lo hace «a menudo», una realidad que contrasta con la población de más de 45 años, que se mantiene estable en torno al 50%.
4. Sumisión lingüística generalizada
El 82,5% de los hablantes cambia al castellano cuando les responden en este idioma. Este es otro dato de la encuesta de usos lingüísticos, que pone de manifiesto la debilidad de la asimetría social. Solo el 17,4% de los que inician una conversación en catalán mantienen la lengua si el interlocutor les contesta en castellano. El 72,3% reconoce que cambia automáticamente de idioma. Esta tendencia a cambiar de lengua se eleva hasta el 86,1% en la franja de los jóvenes de entre 15 y 29 años. Asimismo, solo el 19,7% de la población del país se comunica en catalán cuando se dirige a una persona que no conoce y que cree que es originaria de otro país. Por el contrario, el 71,1% lo hace en castellano y el 8,4 % en inglés o en otra lengua.
5. Incomodidad por no poder hacer uso de la lengua
Prácticamente la mitad de los catalanoparlantes manifiesta que no pueden utilizar siempre su lengua. La encuesta de participación cultural de 2024 revela que el 44,2% de los ciudadanos que consideran el catalán como lengua propia afirman que no la pueden usar siempre que quieren. Además, el 29,4% de los encuestados asegura haber vivido durante el último año alguna situación de malestar o incomodidad por el simple hecho de hablar en catalán. En cambio, entre los que consideran el castellano su lengua propia, la proporción que ha vivido situaciones incómodas por motivos lingüísticos baja hasta el 16,2%.
6. Falta de protección en el ámbito comercial
Una encuesta de GESOP de julio de 2025 encargada por Plataforma per la Llengua recoge que más de la mitad de la población, el 53,8%, creía que los comercios no cumplían la normativa lingüística en cuanto al derecho a ser entendido en catalán. Una percepción que se acentúa y asciende hasta el 74,3% entre los catalanoparlantes. Es decir, tres de cada cuatro personas que tienen el catalán como lengua inicial constatan que no se respetan sus derechos. Además, la percepción mayoritaria es que los comercios no cumplen con la rotulación, que debe estar al menos en lengua catalana. Un 56,6% de la población afirmaba que no creía que los comercios cumplían con la normativa lingüística vigente. Un 37% consideraba que sí la cumplía y, un 6,4% no lo sabía o no contestaba.
7. La universidad cede terreno
El catalán retrocede en los estudios de máster de las universidades públicas catalanas. En el año 2025, solo el 32% de los másteres de las universidades públicas catalanas se impartieron en la lengua propia, lo que supone una pérdida de tres puntos porcentuales respecto a tres años antes. Si se consideran conjuntamente los estudios de grado y máster, la docencia en catalán llegaba, en 2025, al 65%, también tres puntos por debajo que tres años antes. Estos datos alejan a los centros universitarios del objetivo institucional de que el 80% de la docencia de grado se imparta en lengua catalana.
8. Una estructura judicial completamente castellanizada
El ámbito de la justicia continúa siendo uno de los puntos negros más grandes de la lengua, propiciado por una legislación estatal donde el catalán no es un requisito para los jueces. En el año 2024, el 92,9% de las notificaciones judiciales en Cataluña se emitieron en castellano cuando no constaba la lengua elegida, y solo un 7,1% de los documentos de notificación fueron en catalán. Por otro lado, el sistema de tramitación de escritos civiles (E-justícia.cat) solo registró un 5,6% de documentos iniciales en catalán, mientras que Temis, el sistema informático para la presentación de escritos penales, recogió un 69% en catalán, prácticamente siete de cada diez.
9. La ofensiva institucional en el País Valencià expulsa la lengua del ocio infantil y cultural
El informe denuncia la actitud de los nuevos gobiernos municipales del País Valencià hostiles a la lengua. Como ejemplos concretos, el Ayuntamiento de València, desde el inicio del mandato de María José Catalá, del PP, no incluyó ninguna actividad en valenciano en la feria infantil Expojove entre 2023 y 2025, y tampoco programó concierto en la lengua propia en ninguno de los conciertos de la Gran Fira de Juliol de los años 2024 y 2025. No hubo ninguna canción en catalán, pero, en cambio, sí hubo presencia del francés y del inglés. Después de la edición de 2024, la Sindicatura de Greuges pidió explicaciones al consistorio, que justificó que la presencia de la lengua está garantizada porque «el cartel está editado en castellano y en valenciano, así como la página web del evento».
10. Pérdida de peso de la lengua en las subvenciones culturales de las Islas Baleares
El retroceso institucional también se visualiza en las Islas Baleares, donde el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) modificó los criterios para optar a ayudas públicas para ferias, festivales y eventos de cara a 2025. El organismo redujo de 10 a 6 puntos el peso del uso de la lengua catalana en la valoración de los proyectos y eliminó el requisito de uso del catalán en los contenidos y en los canales de difusión y comunicación de las convocatorias de subvenciones de concurrencia competitiva para apoyar ferias, festivales y otros eventos culturales.
