La Audiencia de Barcelona ha obligado a reabrir la causa por el uso de gas pimienta de los Mossos d’Esquadra durante una protesta pro Palestina en la estación de Sants de Barcelona del pasado 15 de octubre. Con esto, el ente judicial anula la decisión que tomó la plaza 6 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Barcelona en la cual no se admitía a trámite la querella que varios colectivos y seis personas afectadas por la actuación policial presentaron contra el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Tal como ha recogido la ACN, la Audiencia asegura que hay “indicios relacionales” de una utilización “desproporcionada” de este recurso policial, el cual incluso el cuerpo de Mossos d’Esquadra admite que se trata de un «instrumento peligroso» en un informe enviado al Parlamento por parte de la policía catalana. La Audiencia de Barcelona va más allá y señala que es plausible que las lesiones denunciadas en el caso puedan ser “a consecuencia de la actuación policial”.
La querella presentada por varias entidades fue archivada y en el mes de febrero las mismas entidades recurrieron contra la sentencia y, paralelamente, presentaron un recurso a la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública para exigir que Interior haga público el protocolo de uso de esta herramienta.
El uso del gas pimienta en la concentración pro palestina
La actuación policial de los Mossos d’Esquadra durante la huelga general 15 de octubre en solidaridad con Palestina. Según las entidades sociales, la policía catalana hizo un uso “indiscriminado” de gas pimienta alrededor de la estación de Sants de Barcelona en una actuación policial que calificaron de “desproporcionada”. De hecho, denuncian que la actuación del cuerpo de Mossos d’Esquadra vulneró derechos ciudadanos y protocolos policiales.
En febrero, entidades sociales, sindicales y de derechos humanos -Alerta Solidària, CGT Catalunya, la Coalición Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC), la Coordinadora Obrera Sindical, Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans, IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, La Intersindical, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona y el Sindicato de Inquilinas de Catalunya- se unieron en un comunicado en el cual exigían al Departamento de Interior la prohibición de esta herramienta asegurando que es “un arma lesiva y no selectiva” y que vulnera los derechos fundamentales y coacciona la protesta pacífica.
