Los incidentes con agresiones graves a funcionarios se han más que triplicado en diez años. Así se desprende de la estadística presentada al Parlamento por el consejero de Justicia y Memoria Democrática, Ramon Espadaler, a petición de los grupos parlamentarios y a la que ha tenido acceso El Món. La cifra ha pasado de los 17 incidentes graves registrados en 2013 a los 57 contabilizados en 2023. Todo esto, en un período en el que, según el Instituto de Estadística de Cataluña, la población reclusa se ha reducido en más de dos mil personas, ya que se pasó de 9.818 internos en 2013 a 7.713 en el año 2022.
El departamento diferencia, en sus datos, entre los incidentes graves y los leves. Así, especifica que una agresión se considera grave cuando, a consecuencia de una actuación en un incidente, el profesional de prisiones necesita asistencia médica externa que conlleva la incapacidad laboral transitoria, y, por lo tanto, le impide prestar servicio durante unos días. En cambio, en caso de que el funcionario no requiera una baja laboral se considera una agresión leve. De hecho, las agresiones a funcionarios despertaron la ira del colectivo en sucesivas protestas en marzo del año pasado, tras la muerte a manos de un interno, de una funcionaria en la prisión de Mas Enric.
Por otro lado, sobre el recuento de funcionarios agredidos –puede haber más de uno en cada incidente–, el departamento solo puede informar de los datos a partir de 2017, año en el que se aplicó la Orden de Servicio 1/2016, que detallaba más la estadística. Anteriormente, los sistemas de información solo recogían el número «de incidentes relativos a agresiones a funcionarios», sin detallar el número de funcionarios afectados. Desde 2017 también se explicitan los funcionarios que, a pesar de haber sido agredidos, no han sufrido lesión ni han entrado en baja médica. Un detalle interesante del balance presentado por Justicia es que «no constan los funcionarios con lesiones graves, leves o sin lesiones, derivados de reducciones u otras actuaciones o incidentes diferentes de las agresiones a funcionarios con intencionalidad por parte del o los internos». Es decir, que los incidentes con resultado de lesión grave para el funcionario en una actuación contra el preso no se tienen en cuenta, de modo que tampoco se sabe si el interno resultó herido.
De 17 a 57 incidentes anuales en una década
Los números de la consejería de Justicia incluyen los incidentes registrados en todos los centros penitenciarios de Cataluña. Así, computan Can Brians 1 y 2, Lledoners, el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, el Centro Penitenciario de Jóvenes, Quatre Camins, Puig de les Basses, Mas Enric, Ponent y también la Modelo de Barcelona y el Centro Penitenciario de Girona hasta que fueron clausurados, así como los centros penitenciarios abiertos en Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona.
En concreto, en el año 2013 se registraron 17 incidentes con agresiones graves, con Brians 1 como el centro con más incidentes. En 2014 fueron 15, con Brians 2 como el establecimiento con más registrados. En 2015 la cifra se elevó hasta 19, con la Modelo como el centro con más incidentes. En 2016 se contabilizaron 23, con Can Brians 1 de nuevo a la cabeza. En 2017 se contaron 20, con el centro de Quatre Camins con más incidentes. En 2018 la cifra se disparó hasta 35, con Quatre Camins como la prisión con más actos de este tipo. En 2019 el dato se elevó hasta 36, con Quatre Camins y Puig de les Basses empatados en número de trifulcas. En 2020 disminuyó a 28, pero en 2021 llegó a los 46. En 2022, el número fue de 40 incidentes y el 2023 se llegó a 57.
Los datos de los incidentes leves en las prisiones siguen la misma tónica que los graves
En cuanto a los incidentes leves, la estadística muestra también un aumento más que significativo en los últimos diez años, especialmente grande en los años 2022 y 2023, en los que se duplicó respecto a los años inmediatamente anteriores. En detalle, en el año 2013 los incidentes con agresiones leves a funcionarios fueron 28, la misma cifra que en 2014. En 2015 se incrementaron hasta 54 incidentes, y en 2016 casi se duplicaron hasta llegar a los 91 registros.
A partir del año 2017, las cifras de este tipo de incidentes ya superan con creces el centenar. Así, en 2017 se contabilizaron 122 incidentes. En 2018 el dato se elevó hasta 143, y en 2019 se redujo hasta 116. Un retroceso que se revirtió de nuevo en 2020, con 187 hechos. En 2021, se contaron 152 incidentes. Pero, en 2022 la cifra se dispara a 342 -119 en Can Brians 1- y en 2023 sumó 314 incidentes, con Brians 1 y el Centro de Jóvenes a la cabeza de las prisiones con más registros.
Funcionarios con agresiones graves
En el recuento de funcionarios víctimas de agresiones graves, los cálculos solo se pueden hacer de 2017 a 2023 porque hasta 2016 no se contabilizaban con el mismo sistema y detalle de información. Esto significa que a partir de 2017 se computan los profesionales que han sufrido agresiones graves como los que, a consecuencia de un incidente con agresión, requieren asistencia médica y comporta Incapacidad Laboral Transitoria. Siguiendo este criterio, los datos siguen la pista de la estadística de las agresiones con un crecimiento sostenido con el tiempo que se multiplica de manera significativa los tres últimos años.
En 2017 se contaron 31 como funcionarios agredidos en los incidentes con agresiones graves. Al año siguiente, la cifra aumentó hasta 44. En 2019 se situó en 47 funcionarios, pero en 2020 bajó hasta 37. En 2021 se volvió a girar esta tendencia a la baja para ubicarse en 58 funcionarios víctimas graves de incidentes; en 2022 fueron 53 y en 2023 se cerró con 75 funcionarios, 18 de los cuales prestaban servicios en Brians 2.
En cuanto a los funcionarios agredidos en incidentes con agresiones leves, las cifras siguen la misma tónica. En 2017, se contaron 69; en 2018 y 2019, 83 cada uno. En 2020 se redujo el número de funcionarios víctimas a 80, pero en 2021 se elevó hasta 108 y la dinámica continuó en crecimiento, hasta los 166 de 2022 y los 170 de 2023. Sobre la cantidad de profesionales que no han sufrido lesiones son los que, a consecuencia de un incidente con agresión, constan como agredidos, pero no existe evidencia de lesión ni requieren baja médica, los números tienen el mismo cariz. Así, en 2017 fueron 102 funcionarios; en 2018, 144; en 2019, 165; en 2020, 166; en 2021, 189. En 2022, la cifra se disparó hasta 317 y en 2023, aunque bajó, rozó los 300, con 296.
