Después de una larga y compleja instrucción, el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido cerrar el sumario. En una interlocutoria de 18 páginas, a la cual ha tenido acceso El Món, propone juzgar catorce personas, la mayoría ciudadanos ucranianos y letones, para formar parte de una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armamento y blanqueo de capitales.
Según la resolución, llevaban a cabo los delitos a través de una estructura societaria muy envuelta radicada fundamentalmente en Barcelona y en Alicante con el fin de dar apariencia legal a la adquisición de patrimonio de empresas de transporte marítimo que alquilan barcos para trasladar material armamentístico. Según la policía eran los
La sociedad llamada LUMAR y sus diferentes sucursales era la base de todo el entramado. Así, estas empresas se dedicaban a fletar barcos para trasladar material armamentístico con destino a países en procesos bélicos sin la previa autorización de las Naciones Unidas. Unos negocios que violaban los embargos internacionales y las convenciones de venta de arma multilaterales. En este contexto, también se les acusa de introducir material militar, evitando los controles aduaneros y, por lo tanto, las sanciones que pudieran imponerse.
Veinte años de negocio
Según explica el juez en su resolución, los investigados desarrollaron esta operativa durante dos décadas y, en concreto, dos de los máximos responsables, Aleksejs Dircenko, como presidente del Grupo Naviero Lumar, y Viktor Murenko, como director, y otros de los catorce investigados, “habían establecido una estructura económica que introduciría activos y capital de procedencia parcialmente o totalmente ilícita en el sistema financiero español”.
El magistrado instructor pide que sean juzgados por delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales previsto en los artículos 301.1.2.4 y 5, 302 y 303 del Código Penal, así como un delito de comercio corrupto e ilegal de material militar de defensa y doble uso. La resolución come traslado al ministerio fiscal porque en un plazo de diez días solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien solicite el sobreseimiento de la causa. El abril del 2022 se detuvieron dos personas más. El caso también implicó dos oficiales del CNP y dos subinspectores de los Mossos d’Esquadra.
