Celdas almohadilladas. Esta es la prueba piloto que ha puesto en marcha el departamento de Justicia, Derechos y Memoria, en manos de la exdirigente de Podemos Gemma Ubasart. Una prueba que ha costado al erario público 80.887,39 euros y que se ha intentado hasta tres veces, con un resultado más próximo al fracaso que a un discreto resultado, en el Centro Penitenciario Brians II. Así lo describe un informe firmado por la misma consejera librado en el Parlamento el pasado 23 de marzo a preguntas del grupo parlamentario socialista.
Según este documento, al cual ha tenido acceso este diario, se hicieron tres pruebas, que acabaron a finales del mes de febrero. Solo en dos de estas pruebas se evitó la contención mecánica, y en dos no se pudo evitar que el interno se autolesionara. Ahora el departamento de Justicia prepara un informe de evaluación sobre la eficacia del invento, atendidos diferentes criterios como el número de casos o la duración de la medida que tenía como objetivo evitar autolesiones y no tener que hacer retenciones mecánicas de los presos, ni atarlos.
81.000 euros de coste del plan piloto
Esta prueba piloto de la «celda almohadillada» se llevó a cabo entre el 1 de julio y el 31 de octubre del 2022, en el centro penitenciario de Brians 2. En concreto, se modificó una celda del «departamento de sancionados» del mismo centro y se instalaron paneles almohadillados, tanto en el suelo como las paredes, pero no en el techo. La reforma también supuso retirar la pica y la tasa del lavabo con la previsión que si el interno necesitara hacer uso de los servicios se utilizaría una celda contigua, aplicando las medidas de seguridad necesarias para el traslado. También se modificó el tipo y altura de la ventana.
Así mismo, la reforma comportó la instalación de cámaras de grabación de imagen y de sonido, y la celda se equipó con un proyector de imagen y sonido adecuado a las condiciones del aposento. El coste total de la adaptación fue de 32.589,39 euros. Para poderla almohadillar, el precio fue notablemente superior: 48.298 euros. En total, el importe de las reformas completas sumó 80.887,39 euros. Después de las tres pruebas piloto, la celda resta cerrada a la espera del informe definitivo.
Tres intentos con tres internos diferentes de la prisión
Atendida la documentación aportada en el Parlament, esta «celda almohadillada» se utilizó hasta tres veces, con tres internos diferentes que se estuvieron de media 77 minutos, con un tiempo de estancia máximo de una hora y 50 minutos. La consejera, en su respuesta al PSC, asegura que en ninguno de los tres casos se aplicó ninguna contención mecánica dentro de la celda. Ahora bien, se especifica que el interno que estrenó la celda almohadillada -el 15 de julio de 2022– lo hizo como una medida de transición entre «el medio coercitivo de contención mecánica a la cama y el pase a una celda ordinaria». Pero a pesar de esta transición a la nueva celda, no se evitó la contención mecánica a la cama de la celda ordinaria. Este fue el que se estuvo una hora y cincuenta minutos.
La segunda prueba fue el 4 de agosto a raíz de una conducta autolesiva. Pero de poco sirvió. «El interno», constata el escrito, «continuó golpeándose la cabeza contra el interfono y contra el vidrio de la puerta». La medida se alargó una hora y 30 minutos, pero en este caso sí que se evitó la contención mecánica a la cama. Más de un mes después, el 20 de septiembre, un tercer interno entró en la celda almohadillada, también a consecuencia de conductas autolesivas. Tampoco fue muy eficaz la solución del almohadillado, puesto que el interno se autolesionó en la misma celda, sacándose una grapa de la sutura que llevaba e hiriéndose en diferentes partes del cuerpo. Se estuvo 31 minutos y según el documento aportado en el Parlament, la medida sí que evitó la contención mecánica a la cama de la celda ordinaria.
Estudio a fondo sobre los motivos del fracaso
La conclusión de la consellería es que, de los tres casos, en dos se registraron autolesiones dentro de la celda y un interno sufrió igualmente la contención mecánica a la cama. Unos resultados que se ahorra de calificar en la misma respuesta. En todo caso, arguye que el uso de la celda almohadillada se llevó a cabo porque requerían «aislamiento». Así, razona que las personas internas cumplían con algunos de los casos que se prevé su uso. O bien ponían en peligro su integridad física o bien mostraban una «actitud mantenida y grave de hostilidad y/o violencia verbal hacia los otros y no ofrecía garantías de control». Un tercer motivo es que la persona interna hubiera echado a perder de forma grave material o instalaciones y «no garantizara control y ausencia de repetición de la conducta». También se prevé el uso de la celda cuando un interno atado a la cama evolucione positivamente y así se tome una medida menos restrictiva. O bien si después de un episodio violento se ve que se habría podido controlar y se podría enviar a la celda almohadillada.
Ahora la consejería espera un informe de Can Brians, que tiene que ser «valorativo», evalúe los resultados y las propuestas adecuadas. Este documento tiene que contar con criterios como el número de internos afectados, la duración, el número de casos que se pueda calificar de eficaz y los casos en que no lo fue y se tuvieron que aplicar medidas coercitivas. El informe también reflejará puntos fuertes y débiles.
