Es uno de los grandes proyectos del gobierno de Pedro Sánchez. Especialmente, de su mano derecha política, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Es la nueva ley de eficiencia judicial que reforma la estructura del servicio de justicia y que tendrá una especial incidencia en los tribunales catalanes. Un proyecto que ha generado expectativas de poder ordenar el colapso judicial en un plazo de tres o cuatro años.
Ahora bien, tanto el decano del Colegio de la Abogacía, Jesús M. Sánchez, como el aún presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos o la decana de los Juzgados de Barcelona, Cristina Ferrando, ya alertan de que el problema sistémico es la falta de jueces en Cataluña. De hecho, tanto el Departamento de Justicia como el TSJC reclaman más togados en Cataluña, con un incremento de entre 55 y 100, para acabar de limpiar el atasco en los tribunales y las oficinas judiciales.
La reorganización de los juzgados catalanes
La ley rehace de arriba a abajo el modelo organizativo. Prácticamente, es una sustitución aprovechando las mejoras tecnológicas y los espacios que actualmente ocupan los juzgados y una racionalización de los recursos. De esta manera, la base consiste en sustituir los juzgados unipersonales actuales por unos tribunales de instancia que aglutinarán a todos los jueces y funcionarios presididos por un juez que coordinará y comandará pero sin tener poder disciplinario. La fórmula pensada es que funcionen como órganos colegiados, cada tribunal estará formado por un número variable de jueces, en función de las cargas de trabajo.
Cada partido judicial tendrá un tribunal de instancia. Por lo tanto, en Cataluña se crearán 49. Ahora bien, la constitución de estos nuevos tribunales se hará de forma escalonada, en tres fases: una en julio, otra en octubre y la última en diciembre de este año. Además, en muchos cabezas de partido judicial habrá reducción de juzgados porque esta fórmula permitirá aglutinar los recursos de dos o tres juzgados actuales. Para perfilar y organizar los cambios, el departamento de Justicia ha creado cinco grupos técnicos y la previsión es que a mediados de febrero se pueda disponer de un presupuesto del costo del proceso para presentarlo a la Comisión Mixta con el Estado.
Flexibilidad en las macrocausas entre juzgados
Uno de los puntos fuertes de la ley, y muy reclamado por los jueces de instrucción, es que permite atribuir una determinada causa a más de un magistrado. De esta forma, hasta tres jueces podrán conocer el caso y trabajar en él de forma colegiada. Aun así, quien decide y corta el bacalao en todo el proceso será el magistrado que tenga asignada la causa. La ley permite que un instructor en una macrocausa de corrupción o de crimen organizado pueda pedir ayuda a hasta dos jueces más para investigar y practicar las diligencias que correspondan de manera más eficiente. Ahora bien, será el juez titular de la instrucción quien tome las decisiones penales. Cabe decir que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que intenta forjar también el equipo de Bolaños apuntaba la posibilidad no solo de reforzar las instrucciones, sino que fuera la fiscalía quien instruyera. Una posibilidad que esta ley enfría.
Otro de los beneficios de la normativa, es que abre la puerta a especializar determinadas plazas de juez para conocer sobre determinados asuntos, estén o no en el mismo partido judicial. Además, la ley también contempla asignar asuntos a jueces de otras secciones o extender algunas jurisdicciones a más de un partido judicial. Esto implica que los jueces puedan especializarse en materias más concretas y puedan ser reclamados para una instrucción determinada. De hecho, es una fórmula como se hace en los juzgados mercantiles o civiles -como los juzgados para las cláusulas suelo- o como se ha ido haciendo en alguna materia especial como violencia de género o menores en la jurisdicción penal.
Reconversión de los jueces de paz
Uno de los cambios que recoge la ley y que enfatiza el Departamento de Justicia es la nueva figura de los jueces de paz. El cambio sustancial es reconvertirlos en «oficinas de justicia de los municipios». «Una puerta de entrada a la justicia de la ciudadanía», describía la secretaria para la Administración de Justicia, Iolanda Aguilar, en un encuentro con la prensa de tribunales en la sede del departamento hace quince días. El instrumento para esta conversión es aprovechar las ventajas tecnológicas. Por ejemplo, además de las funciones actuales que tienen estos jueces de paz, deben poder servir para facilitar la intervención como perito o como testigo en un juicio desde estas unidades de manera telemática. Todo un reto, porque muchos juzgados de paz no tienen ni wifi.
De ahí que el equipo del consejero Espadaler ha comenzado a elaborar una auditoría de espacios de todos los juzgados de paz para que, a la larga, todos dispongan de salas seguras desde donde se puedan llevar a cabo estas conexiones. El objetivo del departamento es una prueba piloto el próximo verano para poderlo implantar de forma progresiva en el resto. “Aún no hemos decidido si comenzaremos con un juzgado de paz grande, como el de Castelldefels, o con uno pequeño”, va detallar Aguilar.
Barcelona chirría
La esperanza de una reforma integral de la justicia, de momento, se ha resucitado con esta ley pero sin lanzar cohetes. En este sentido, la decana Ferrando, en un encuentro con la prensa este jueves en la Ciudad de la Justicia, apuntaba que el anuncio del ministerio estaba bien, pero que las apariencias engañan. Así ponía como ejemplo el anuncio de Bolaños de abrir cinco nuevos juzgados en Barcelona para luchar contra la reincidencia y el acuerdo para reforzar los jueces para celebrar juicios rápidos, que son considerados «parches».
Los números para Ferrando no engañan: se podrán celebrar unos 2.000 juicios rápidos más al año, lo que servirá para absorber los incrementos pero no para resolver los retrasos. Por otro lado, Ferrando también lamenta que las listas de jueces sustitutos estén vacías, lo que obliga a retirar jueces de otros juzgados o que tengan que trabajar más horas para compatibilizar dos trabajos a la vez.
