La esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, ha plantado al juez Juan Carlos Peinado -el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid-, quien debía comunicarle esta tarde que si acaba siendo juzgada por malversación lo hará un jurado popular. Durante toda la semana se ha especulado con la presencia de la esposa del presidente español en este trámite y, finalmente, ha delegado su representación en su abogado Antonio Camacho, quien había sido secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y Ministro del Interior bajo los gobiernos del PSOE.

En cuanto a los otros investigados en esta pieza separada por la contratación de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, que son esta última y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que también están citados para este sábado, pero que según fuentes judiciales han informado a Europa Press, no se espera que el delegado del Gobierno acuda a la cita y delegará su representación en su abogado.

Captura de pantalla de la comparecencia de Begoña Gómez ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid | ACN

Está previsto que el juez utilice esta convocatoria para esclarecer de qué delitos acusar a Gómez, Álvarez y Martín y dar turno de palabra al fiscal, las acusaciones (entre las cuales está la ultraderecha española al completo con Vox, Hazte Oír o Manos Limpias).

¿De qué acusan a Begoña Gómez?

Begoña Gómez se encuentra inmersa dentro del laberinto judicial español -que el PSOE ha alimentado años atrás- acusada por un posible delito de malversación. Según el juez instructor del caso, el departamento de Presidencia habría contratado a una asesora administrativa (Cristina Álvarez) que no habría trabajado nunca para la Moncloa, sino que sus tareas se basaban en hacer gestiones privadas para la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Por estos hechos, Peinado citó a declarar no solo a Begoña Gómez sino a la misma Cristina Álvarez y al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín, quien hasta asumir el cargo de delegado del gobierno había sido el secretario general de Presidencia.

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