Acuerdo para reubicar a parte de las personas afectadas por el desalojo del antiguo instituto B9, en Badalona. La Generalitat se ha organizado con las entidades sociales de Badalona y con la Sindicatura de Greuges para reubicar a buena parte de los afectados por el desalojo del antiguo instituto B9. Según ha avanzado la Agencia Catalana de Noticias, habría disponibles hasta 80 plazas en varios equipamientos públicos que se pondrán a disposición de los afectados, que se trasladarán «en las próximas horas». En paralelo, Cáritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona y Fundación Privada Llegat Roca i Pi, además de la Iglesia Arxidiocesana de Barcelona ya han facilitado el acceso a un techo a 52 de las personas que se habían quedado sin él. Entre los realojados, constan las 15 personas vulnerables que buscaron refugio en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, una iniciativa que se ha cancelado después de las resistencias de los vecinos incitadas por el alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol.
«Ante la presión ejercida por algunos vecinos y vecinas del barrio donde se ubica la Parroquia de Mare de Déu de Montserrat de Badalona, la vulneración del derecho de acogida a un espacio propio, y con la voluntad de no añadir más sufrimiento a los miembros de la comunidad parroquial, se ha decidido suspender el dispositivo de emergencia temporal previsto para la acogida de 15 personas desalojadas del Instituto B9 de Badalona en la parroquia», han declarado las asociaciones. Con todo, añaden que «La prioridad de las entidades continúa siendo garantizar la seguridad, la dignidad y la intimidad de todas las personas afectadas. En nuestra actividad diaria continuamos trabajando para que se aborden soluciones estructurales y de país al sinhogarismo».
Presión de la fiscalía
A pesar del acuerdo, la fiscalía añade presión sobre Albiol por la atención a las personas desalojadas. El Ministerio Público ha pedido al juzgado de la ciudad que compruebe si el consistorio está cumpliendo con su obligación de ofrecer alternativas para realojar a las personas que se han quedado en la calle tras la intervención policial en el equipamiento municipal abandonado. Según ha avanzado 3CatInfo, el Ministerio Público ha reclamado una intervención «urgente» para investigar posibles «deficiencias» en el tratamiento de las personas que residían en el B9, así como el cumplimiento de las condiciones que establecía la interlocutoria que autorizaba el desalojo del edificio.
Cabe recordar que el permiso para intervenir el antiguo instituto obligaba a la institución competente -el consistorio, en este caso- a adoptar «medidas adecuadas» para garantizar la atención a las personas vulnerables que vivían allí. También reclamaba al gobierno badalonés un informe para concretar cuáles serían estas medidas y cómo se estarían materializando. Sería este el punto que el Ministerio Público estaría intentando verificar, añadiendo aún más presión sobre el alcalde conservador y su polémica campaña contra las personas que encontraban refugio en el B9.
También la síndica de greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, se ha sumado a la presión contra Albiol para que «cumpla con la interlocutoria judicial de activar los protocolos y los recursos disponibles para acompañar a las personas desalojadas». En un comunicado, Giménez-Salinas ha celebrado «la actitud constructiva y dialogante» de las entidades y los movimientos sociales de la ciudad, que han ayudado a acercar las posturas con el Gobierno y facilitar el acuerdo de realojamiento. También ha llamado a «trabajar activamente para construir un acuerdo de país entre todas las administraciones y también el tercer sector» para combatir el sinhogarismo, tal como se acordó en la cumbre sobre la cuestión celebrada en diciembre de 2024.
Una política «racista»
Más allá de la posible investigación judicial, el tejido social catalán también ha cargado contra la postura de Albiol y la expulsión de las personas que habitaban el B9. La plataforma Lafede ha calificado el desalojo de una «muestra más del aumento de políticas racistas y aporofóbicas», que afectan «de manera especialmente grave a las personas migrantes». En este sentido, ha ofrecido apoyo «explícito» a los afectados, y ha exigido la puesta en marcha de un dispositivo de emergencia que «garantice los derechos» de los afectados «que se encuentran en la calle». Contra la imagen que dejó el lunes por la noche Badalona, con un puñado de vecinos incitados por Albiol buscando bloquear el acceso de 15 migrantes a una parroquia en busca de refugio, Lafede ha asegurado que «la mayoría de la población está en desacuerdo con los discursos racistas y de odio que se han traducido en movilizaciones minoritarias en la calle». En este sentido, piden «políticas de protección para los defensores de los derechos humanos» que se encuentran con la resistencia de la extrema derecha y sus patas en la calle.
