El Gobierno prevé invertir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años en el Plan de Barrios –proyecto que se remonta a otros gobiernos socialistas como el de Pasqual Maragall o José Montilla– para rehabilitar las zonas más vulnerables de los municipios. Es decir, invertirá 200 millones de euros al año en los barrios pobres. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha presentado este lunes la propuesta para desplegar la ley de barrios en un acto en Vilanova i la Geltrú ante una cincuentena de alcaldes y alcaldesas y representantes del mundo municipalista. El ejecutivo socialista se ha comprometido a realizar 5 convocatorias, una cada año, desde este mes de julio, y espera beneficiar a más de 100 municipios con proyectos de rehabilitación y mejora.
Illa lo ha anunciado en un acto con el alcalde de la capital del Garraf, Juan Luis Ruiz; la consejera de Territorio, Sílvia Paneque; el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, David Bote; y el vicepresidente de la Asociación Catalana de Municipios, Gerard Sabarich. El presidente de la Generalitat ha enmarcado el impulso de la ley en su apuesta por «generar prosperidad compartida» y, además, ha asegurado que la medida se trata de una política de consenso que tiene tres ejes: la transformación física, la transición ecológica y el aspecto sociocomunitario.
Al mismo tiempo, ha señalado la importancia de aterrizar las políticas públicas en un contexto geopolítico de cambios constantes y acelerados: «Estas cosas encuentran una concreción real en el lugar donde viven las personas, que son los barrios y las villas». Así, la Generalitat invertirá 1.000 millones de euros, pero se prevé que con la aportación de los municipios la cantidad invertida en un quinquenio ascienda hasta unos 1.600-1.700 millones de euros. Para poder optar a la convocatoria, los barrios deben tener una renta per cápita inferior a la media de Cataluña, que fue de 15.830 euros en 2023, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), una cifra que se irá revisando.
La primera convocatoria, en julio
La primera convocatoria saldrá este mes de julio, y los ayuntamientos tendrán hasta septiembre u octubre para presentar sus proyectos, que no podrán incluir la construcción de nuevas viviendas o nuevos equipamientos (excepto escuelas infantiles y escuelas de música), pero sí su rehabilitación. La comisión gestora, formada por la Generalitat y el mundo municipal, decidirá a finales de año qué proyectos son los beneficiados para que se empiecen a implementar el 1 de enero, y cada convocatoria tendrá una dotación de 200 millones de euros.
El Gobierno quiere que los proyectos sean amplios y estén hechos a medida para las necesidades de cada zona, y los municipios tendrán cinco años para realizar las obras y mayoritariamente solo podrán presentar una propuesta en cada convocatoria. La consejera Sílvia Paneque, por su parte, ha expuesto que se trabajará «brazo a brazo» con los consistorios y ha puesto de ejemplo el impacto de la ley con la recuperación de espacios verdes, la creación de zonas adaptadas al cambio climático o la creación de nuevos servicios públicos.
Un decreto previsto para finales de junio
El Gobierno prevé articular la propuesta presentada por Illa a través de un proyecto de decreto que se aprobará a finales de junio en un Consejo Ejecutivo, y los fondos para la primera convocatoria están garantizados. La Generalitat asumirá más peso en la financiación cuanto más pequeño sea el municipio: un 75% para los de menos de 5.000 habitantes, un 70% para los que tienen entre 5.000 y 20.000, un 60% para los entre 20.000 y 50.000 y un 50% para los de más de 50.000. Las subvenciones serán a cinco años y entre 3 y 12,5 millones de euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes o de entre 6 y 25 millones de euros para los municipios de más de 20.000 habitantes.
