Estabilizar las plantillas de los centros de alta y máxima complejidad del sistema educativo es una de las prioridades que se ha fijado la consejería de Educación, en manos de la consejera Esther Niubó, desde que se pusieron al frente del departamento el pasado mes de agosto. En una entrevista reciente con la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la responsable de la cartera de enseñanza abría la puerta a reducir aún más las ratios en los centros de este tipo de centros. Una categorización que otorga el departamento en función del nivel socioeconómico de las familias o bien si los alumnos tienen necesidades educativas especiales, con el objetivo de destinarles más recursos para garantizar que los estudiantes más vulnerables del país tienen las mismas oportunidades que el resto de niños y adolescentes del país. En Cataluña hay 240 centros de muy alta complejidad y 490 de alta complejidad -buena parte de los cuales concentrados en el área metropolitana de Barcelona-, lo que corresponde a un 24% del total del sistema educativo catalán.
Teniendo en cuenta que estos centros son uno de los eslabones más débiles del sistema educativo catalán, la consejería plantea crear medidas «concretas» y «quirúrgicas» que permitan paliar algunas de las carencias de este tipo de escuelas e institutos. Entre las cuestiones que la responsable de la consejería pone sobre la mesa en la entrevista con la ACN destaca la estabilización de las plantillas de este tipo de centros, ya que, a día de hoy, se producen cambios en las plantillas -es decir, los claustros- de un curso para otro. Una situación, pues, que la misma consejera asegura que dificulta la continuidad de los proyectos. De hecho, según los datos de la consejería de Educación, entre el año 2018 y el 2023 se ha sustituido más de la mitad de los docentes -un 53%, concretamente- que trabajaban en estos centros de máxima complejidad. Una cifra ligeramente superior a la movilidad docente registrada en los centros de baja complejidad, donde ha habido cambios en el 50% de los claustros. Para revertirlo, Niubó cree que estos claustros «deben tener unas condiciones que los incentiven a estar allí». Sin embargo, aunque la voluntad de la titular de la cartera es garantizar la estabilidad de las plantillas, en la entrevista no concreta cuáles son los mecanismos que se deben adoptar para lograrlo.
Un posible incentivo económico
En la misma entrevista, la consejera asegura que aún deben «estudiar» si el incentivo que se debe implementar para estabilizar las plantillas es económico, pero de momento no lo descarta. Esta también es una de las posibles líneas de actuación que abría el último informe de la Fundación Bofill sobre los centros de más complejidad del país, aunque tampoco concretaba que se tratara de un incentivo puramente económico. Entre los posibles incentivos que esgrimían los autores del informe de la entidad de pedagogos también aparecía la posibilidad de reducir una hora lectiva a los docentes de los centros públicos de más complejidad, ya que de esta manera les permitiría tener más tiempo para la formación, la coordinación y el trabajo de los proyectos de los centros. Un planteamiento que tuvo bastante buena acogida entre las direcciones de los centros de este sector de más complejidad del sistema educativo. La consejera, sin embargo, de momento no ha especificado su posicionamiento al respecto.
Independientemente de los incentivos económicos o laborales que la consejería ofrezca para los profesionales que trabajan en los centros de más complejidad, la titular de la cartera sí ha dejado claro que una de las prioridades que debe abordar en este sector es mejorar la «financiación» de estos centros. Se trata de una de las grandes reclamaciones de las direcciones de este sector, que en conversación con El Món ya advertían que sin más recursos era muy difícil poder hacer correctamente una educación inclusiva: “Hacer una educación inclusiva sin recursos tiene efectos negativos académicamente, y nos faltan recursos”, reflexionaba el jefe de estudios del Instituto Nicolau Copèrnic de Terrassa. En esta línea, desde el Instituto Escuela Mestre Morera, situado en Ciutat Meridiana -en la zona periférica de Barcelona- también apuntaba que la falta de recursos repercutía en el personal del que dispone el centro. A priori, pues, este compromiso de más financiación de la titular de la cartera tendrá un impacto positivo entre la comunidad educativa de los centros de más complejidad, aunque todavía hay que pulir los detalles y determinar las nuevas partidas presupuestarias que se destinarán.
Las últimas medidas del gobierno de Illa
En las últimas semanas, el gobierno de Salvador Illa ya ha estipulado un conjunto de medidas para reforzar los centros de más complejidad del país, las cuales se empezarán a desplegar a partir del mes de septiembre con la puesta en marcha del nuevo curso. Entre otras, durante las negociaciones para cerrar el tercer suplemento de crédito y prorrogar -una vez más- los presupuestos de la Generalitat, el ejecutivo catalán acordó con los comunes la recuperación del comedor escolar en todos los institutos de alta y máxima complejidad con el objetivo de luchar contra la desigualdad y la pobreza infantil. En detalle, el acuerdo, que también cuenta con el apoyo del otro socio de investidura, contempla destinar cinco millones de euros este curso 2025/26 y desplegar progresivamente la medida para llegar a todos los centros durante el 2026 con 15 millones.
Aparte, para estos mismos centros, el acuerdo entre el Gobierno y los Comunes también incluye una partida presupuestaria de 37 millones de euros para desplegar programas y actuaciones de mejora en lengua catalana e inglesa y en matemáticas con el compromiso de llegar a dos horas de refuerzo semanal. Con esta última medida, la cartera que lidera Esther Niubó busca mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de los centros de más complejidad, pero también del resto del conjunto del sistema educativo, ya que el objetivo final es revertir la tendencia a la baja del nivel del alumnado que confirman las últimas pruebas internacionales -como las PISA o las TIMSS- y las mismas competencias básicas. Estas primeras medidas, sin embargo, aún no son suficientes para paliar las carencias de los centros más complejos del país.
