El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llegado a la mitad de la legislatura con el conjunto de los docentes como principal oposición a su mandato. Los maestros han desacreditado, en una consulta, los dos acuerdos a los que el Departamento de Educación ha llegado con los sindicatos y amenazan con hacer nuevas huelgas antes de terminar el primer trimestre. Comienza un curso convulso que Illa quiere surfear con el inicio de un nuevo debate de país coordinado por el Consejo de la Educación de Cataluña, que integra representantes de toda la comunidad educativa tanto pública como privada. En todo caso, los sindicatos críticos, inmersos en un clima de desconfianza, dudan de la promesa de llegar a invertir el 6% del PIB en enseñanza y advierten que el consejo educativo “no puede sustituir la negociación”.
Así se ha expresado la USTEC, principal organización sindical de la escuela pública, que ve en el Consejo de la Educación de Cataluña un buen “espacio de participación y debate”, pero también una herramienta que puede arrinconar los intereses de la escuela pública. “La presencia y peso de las patronales de la concertada pueden diluir o bloquear cualquier acuerdo que priorice específicamente la red pública y en especial la redacción de ratios, el despliegue de la educación inclusiva y el plan de infraestructuras”, comenta el sindicato, que también pide “un espacio propio de negociación para blindar la pública, con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, las familias, el alumnado y el resto de agentes de la comunidad educativa de la pública”.
Sobre la promesa de llegar al 6%, que la portavoz Sílvia Paneque ha dicho que “no se hará ni en uno ni en dos ni en tres presupuestos”, USTEC denuncia que el objetivo ya figura en la Ley de Educación del 2009 y que lleva diecisiete años incumpliéndose. “Anunciar el 6% sin ponerle fecha no es asumir ningún compromiso”, reitera el sindicato. En este momento, y ya desde hace años, la inversión en enseñanza no universitaria ha rondado siempre el 4%, habitualmente ligeramente por debajo.
La CGT también ha recordado que el ejecutivo “tuvo la posibilidad de ejecutar esta inversión hace unos meses cuando negociaba [con los sindicatos] y acercaba los presupuestos y no lo ha hecho”. “Aún más, se ha quedado muy lejos de la cifra que marca la ley”, reprocha a Illa la secretaria general de CGT Enseñanza, Laura Gené. La organización anarcosindicalista ve los anuncios hechos “como un ejercicio de propaganda política” de cara a las próximas municipales, especialmente la segunda gran propuesta: el ejecutivo quiere climatizar 2.530 centros educativos públicos y 51 residencias hasta 2031. Illa solo ha adelantado que un centenar de centros lo harán antes de 2028 y ha recurrido a los ayuntamientos para que adelanten el financiamiento o lo pidan al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en los demás casos.
“Hace meses anunciaron los mismos cien centros de cara a 2027, por tanto, estás anunciando un retraso”, apunta a la vez con ironía el portavoz de la Intersindical, Marc Martorell. El sindicato nacionalista también desconfía de la promesa de ponerse, ahora sí, con el objetivo del 6%. “No me lo creeré hasta que vea un calendario”, dice Martorell. En la línea del resto de sindicatos críticos, cuestiona la apuesta por el Consejo de la Educación como mediador. “Cuando el consejo decía que se tenía que bajar las ratios nadie le hizo caso, pero cuando decía que el currículo se tenía que vaciar de contenidos, eso fue a misa”, detalla. “Es un órgano consultivo”, insiste, “y quien lo debe liderar es el Gobierno”. Crítico también con el tono empleado por Illa en la comparecencia del lunes, sentencia: “El 6% no puede ser un sueño. No es una cosa de todos como país. Quien gobierna es usted [Illa], haga el trabajo, presente una propuesta de ley y póngase de acuerdo con las fuerzas políticas”. CCOO, que ha firmado los dos pactos con Illa, también ha pedido «pasar de las palabras a los hechos».
La oposición se muestra favorable, pero con recelos
La propuesta de abrir un debate amplio en el marco del Consejo de la Educación ha generado un nuevo choque entre Junts y el PSC. Los de Carles Puigdemont han confirmado la asistencia al debate, pero han acusado a Illa de tapar “dos años de fracasos” con «diez años de promesas». «No sé si Junts pretende que además de hacer el trabajo que ellos no hicieron cuando gobernaban, ahora hagamos la crítica que es lo que corresponde a los grupos de la oposición», ha respondido el portavoz socialista en el Parlamento, Ferran Pedret.
Esquerra Republicana también ha cuestionado el tono “autocomplaciente” de Illa, pero celebrando que el ejecutivo “asume como prioridades gran parte de lo que ERC ha puesto en la agenda política”. Ester Capella, autora de estas declaraciones, hace referencia a la propuesta de Oriol Junqueras de establecer un consenso de país sobre Educación, con un pacto que dé estabilidad a los cargos de la consejería. Los Comunes también han sido críticos, pidiendo a Illa que acelere el plan de climatización de las escuelas.
Por otro lado, el PP ha aprovechado el anuncio de Illa para presionar contra la inmersión lingüística y pedir al ejecutivo catalán que “acate las sentencias”, en referencia a la ofensiva judicial que pide incrementar el número de horas en castellano en aquellas escuelas en las que alguna familia lo solicita.
