El curso escolar terminará agitado, con la mayoría de los docentes en guerra por el polémico acuerdo entre Educación y los sindicatos UGT y CCOO, minoritarios entre el colectivo. Mientras las agrupaciones críticas, que rechazan el acuerdo por insuficiente, preparan nuevas huelgas –este martes se darán los detalles–, los sindicatos firmantes y el departamento concretan los primeros pasos en la ejecución del acuerdo. El colectivo docente cobrará en mayo el primer incremento salarial, con una mensualidad extra de 838 euros en el caso de infantil y primaria y de 857 euros para el profesorado de secundaria.
Los 800 euros de este mes suponen un incremento del 8,5% del complemento específico, que paga íntegramente la Generalitat. El próximo año, este aumento será del 9% y los dos años siguientes del 6,25%. En total, después de cuatro cursos, los docentes cobrarán un 30% más del complemento, lo que equivale a unos 3.000 euros anuales más. Los docentes también recibirán –de cara a 2028– el incremento del 11% decretado para todos los funcionarios del Estado.
La de mayo será la primera de cuatro pagas extra con las que se aplicará el incremento pactado de forma progresiva, uno de los aspectos más polémicos del acuerdo. La USTEC, mayoritaria entre los docentes de los centros públicos, Profesores de Secundaria (Aspec), la CGT y la Intersindical alertan que el incremento ignora así el peso de la inflación. En cambio, los partidarios del acuerdo alegan que el aumento es una “adecuación de los salarios a la carga real de la tarea docente” y que, por tanto, “no será un impedimento” para el resto de conceptos retributivos “que se deriven de la normativa general de la función pública”. En otras palabras, la UGT y CCOO defienden que el acuerdo no impide a los docentes cobrar posibles aumentos salariales que incluya el Gobierno en los presupuestos para compensar la inflación.
La UGT también se acoge a una disposición final del acuerdo, en la que se apunta a la “posibilidad” de actualizar los salarios si se produce una mejora de la financiación autonómica, que aún está bloqueada. La discrepancia entre sindicatos también es visible en este punto, con los críticos acusando al Gobierno y a los socialistas de hacer “chantaje” al resto de grupos políticos del estado, ante una eventual propuesta legislativa para debatir y votar en el Congreso, que ni siquiera está redactada. Iolanda Segura, portavoz de la USTEC, considera irrelevante este compromiso porque “no es traducible en una medida tangible” a corto plazo. Desde la Intersindical, Marc Martorell afirmaba que este punto “es ponerse la venda antes de la herida”, y la CGT lo ha descrito como “una excusa más” para no aumentar la oferta salarial.
Constituida la comisión de seguimiento con la UGT y CCOO
Por otro lado, el Gobierno defiende que el incremento salarial pactado con la UGT y CCOO sitúa a los maestros catalanes como los terceros mejor pagados del estado, una afirmación que también rechina en el sector sindical más crítico. “La afirmación se hace asumiendo que el resto de administraciones no mejorarán los salarios de sus docentes en cuatro años, un aspecto que no se ha demostrado”, apuntan los cuatro sindicatos contrarios al acuerdo. Una queja que no ha calado en la zona noble del departamento, que vuelve a estar liderada por Esther Niubó después de dos meses de baja por un cáncer. El ejecutivo insiste en que no hay margen de maniobra y los anima a reunirse en la mesa sectorial para hablar del tema, siempre “en el marco del despliegue del acuerdo”. Es decir, se puede hablar de cómo se ejecuta la mejora salarial, pero en ningún caso de un nuevo incremento.
Mientras tanto, el Gobierno y los dos sindicatos favorables al acuerdo han establecido una nueva comisión de seguimiento que “velará por el cumplimiento del acuerdo y para conocer posibles discrepancias que se deriven de la aplicación”. La mesa incorpora seis componentes de los sindicatos firmantes, tres de la UGT y tres de CCOO, y tres miembros de Educación. La comisión se reunirá de forma bimensual. Según la portavoz de la UGT Lorena Martínez, debe servir, “más allá de supervisar la implementación de las medidas pactadas, para valorar el impacto real que tengan y ajustarlas a las necesidades de los centros educativos”.
