Los sindicatos han celebrado la reclasificación laboral del personal de atención educativa, la mayoría con titulaciones de Formación Profesional, después de siete años de batalla con las administraciones. El Parlamento ha blindado el cambio por ley, que ahora deberá aterrizarse en las mesas de Función Pública y supondrá incrementos salariales que pueden llegar a los 300 euros mensuales. La regulación actúa sobre 4.000 profesionales, la mayoría técnicas de infantil, de integración social y personal de educación especial. Los fisioterapeutas y los logopedas también cambian de escala para cumplir con la normativa.
La responsable de asuntos laborales de la USTEC, Eva Costa, celebra un cambio que comenzaron a luchar en 2019, “después de haber sido menospreciados durante veinte años”. Siete años y tres presidentes después, de tres colores políticos diferentes, el cambio debe ayudar a revertir una crisis que comienza a notarse en las bolsas, cada día más vacías. «En algunos servicios territoriales solo hay tres o cuatro técnicos de educación especial inscritos en las listas y la de integradores también comienza a ir a la baja”, advierte Costa.
En este sentido, la reclasificación debería suponer un paso adelante para que estas tareas dejen de perder atractivo. Una encuesta interna de la USTEC ya apuntaba el año 2024 que el 85% del personal de atención educativa se plantea dejar el trabajo en las escuelas. “Es un trabajo muy vocacional, feminizado, que hasta ahora no estaba reconocido como debía y la gente se cansa”, los defiende Costa. “Nuestros sueldos no nos permiten llegar a fin de mes, teniendo en cuenta que estamos en una de las comunidades más caras de todo el Estado”, concluye.
Externalización de las tareas educativas
Sin personal en las bolsas y una complejidad en el aula en crecimiento, el departamento ha apostado por externalizar algunos de estos servicios. “Es muy peligroso, porque estamos hablando de una privatización de la escuela pública”, remarcan desde la USTEC. “Si algo debe servir la regulación, es para que el departamento cuide a sus profesionales y frene de una vez esta dinámica”, detalla Costa.
La externalización del servicio también había rebajado la exigencia y calidad docente en el aula, teniendo en cuenta que muchas de las empresas que asumían las vigilantes o otras tareas de acompañamiento lo hacían a través de profesionales con titulaciones inferiores. La mayoría monitores de ocio. La otra contradicción, detalla la USTEC, es que las entidades no contratan personal a jornadas completas, sino que lo hacen por horas, a pesar de que la complejidad en el aula va en aumento y hay alumnos que se quedan sin referente unas horas a la semana.
Pendientes de aterrizar los cambios en el convenio
A efectos particulares, la reclasificación reconoce al personal de atención educativa como a profesionales con estudios superiores –tal como exigía una ley estatal de 2006 que la Generalitat incumplía– e incrementará las nóminas, con lo que eso supone de cara a una futura pensión de jubilación. La medida integra miles de profesionales, pero está pendiente de redactar la letra pequeña y aún no tiene una dotación económica concreta. Costa remarca, en todo caso, que el impacto económico de la reclasificación es “mínimo” para el Gobierno.
El cambio, impulsado por ERC y aprobado por cinco de los siete grupos políticos, llega después de haberse negociado en diferentes mociones y sesiones parlamentarias, pero ahora será efectivo porque se integra en la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. “El Gobierno y los sindicatos deben aterrizar cómo se hará, porque se debe actualizar el convenio y adaptar las tablas salariales, pero lo hemos blindado para que deba aplicarse sí o sí”, detalla a El Món el portavoz republicano Jordi Albert. La administración debe ponerse de acuerdo con los sindicatos sobre cómo implementa los cambios, aunque el pacto parlamentario también blinda el carácter retroactivo del incremento a partir del 1 de enero.
