Las guarderías están inmersas en una profunda crisis que ya ha cobrado varios centros solo durante los dos primeros meses de este 2025. La falta de plazas públicas en la educación infantil previa a los 3 años empuja a muchas familias hacia equipamientos privados, que como en los casos recientes de la escuela bressol Les Manetes, situada en el número 38 de la calle Abat Odó del barrio de Sant Andreu, o de la guardería El Cau, un equipamiento privado situado en la calle Vilardell, del barrio de Hostafrancs, se ven forzadas a cerrar a medio curso ahogadas por problemas económicos.
Los datos son preocupantes, pero la realidad parece serlo aún más. Una encuesta impulsada por la Asociación Catalana de Guarderías, la Asociación de Guarderías de Cataluña y la Coordinadora de Escuelas Bressol de Cataluña ha concluido que dos de cada tres guarderías privadas catalanas planean cerrar a corto plazo. El cuestionario -recogido por la ACN y que se envió entre enero y febrero a los centros adheridos a estas asociaciones y a otras guarderías privadas- apunta a la gratuidad del I2, sumada a la baja natalidad, como causas principales de esta situación crítica de los centros. De hecho, tres de cada cuatro equipamientos reconocen que han tenido que reducir su plantilla en los últimos años por dificultades económicas fruto de la disminución de matrículas.
Las organizaciones impulsoras de la encuesta afirman también que el aumento de la carga de burocracia ha «complicado aún más el escenario». Entre esta burocracia y trámites engorrosos sitúan los que deben hacer para recibir la subvención de 800 euros anuales por niño. Por otro lado, alertan que si se implementa la gratuidad del I1 en las escuelas bressol públicas, supondrá el «golpe final» para el sector.
Movilizaciones por un «financiamiento justo» que garantice la viabilidad
Ante esta situación límite, el 70% de los encuestados defiende que lo justo sería equiparar la subvención al I2 al importe que la administración paga a las escuelas bressol públicas. Esto significaría pasar de los 800 euros por niño y año actual a 3.200 y aseguran que permitiría garantizar la viabilidad de la red de guarderías privadas. A la espera de ver qué acogida tienen las propuestas, las asociaciones afectadas ya han anunciado una serie de movilizaciones en mayo para reclamar un «financiamiento justo» y la gratuidad universal -más allá de las públicas- del primer ciclo de educación infantil.
