El viernes de la semana pasada, la consejería de Educación, en manos de la consejera Esther Niubó, tomó una decisión sin precedentes: prohibir los dispositivos móviles en las aulas y el resto de espacios del centro educativo, incluyendo los usos pedagógicos que se hacían hasta el momento. Una decisión que, una vez más, ha reavivado entre la comunidad educativa qué papel deben tener los teléfonos móviles y los dispositivos tecnológicos en el proceso de enseñanza. La plataforma de familias y docentes Aixeca el Cap, que nació hace dos años y desde entonces ha encabezado la lucha contra las pantallas en los centros educativos, ha recibido los planes de Niubó con un sí crítico: «Creemos que la desescalada de la digitalización debería ir más allá», señala la madre, docente y miembro de la plataforma Verónica Miró en conversación con El Món.
Entre las nuevas directrices de la consejería, los teléfonos móviles quedarán prohibidos en todas las aulas y espacios de recreo de los centros educativos. Además, en infantil habrá una restricción progresiva de las pizarras digitales interactivas y se eliminarán progresivamente las tabletas digitales, dos medidas que se aplicarán a lo largo de lo que queda de legislatura. Desde la plataforma ven con buenos ojos, generalmente, estas nuevas restricciones, aunque consideran que la consejería debería acelerar los plazos para prohibir totalmente las pantallas en las etapas de enseñanza establecidas: «No estamos de acuerdo en que no retiren las pantallas del aula de infantil inmediatamente, sino que den un plazo de tres años. Si se trata de una cuestión de protección de menores, deberían retirarse inmediatamente», argumenta Miró. De hecho, desde la plataforma Aixeca el Cap consideran que este plazo fijado por la consejería se debe a «condicionantes económicos», ya que, según aseguran, las pizarras digitales se han adquirido gracias a fondos europeos Next Generation: «Los productos comprados con subvenciones Next Generation, como las pantallas digitales o las tabletas, deben ser utilizados mínimo durante 3 o 5 años y en caso de que no sea así, los gobiernos podrían recibir multas de Europa», apuntan.
Dudas sobre la confección del grupo de expertos
Desde la plataforma Aixeca el Cap también expresan sus dudas sobre la confección del grupo de expertos que ha asesorado a la consejería antes de tomar la decisión de prohibir los móviles, entre otros. En detalle, el pasado noviembre, la titular de la cartera de enseñanza constituyó una comisión con expertos de diferentes ámbitos para recoger las diferentes opiniones y elaborar un documento de análisis de los usos de móviles y pantallas en el sistema educativo. Estos expertos estaban divididos en dos fases. El primero de ellos estaba formado por profesionales de diferentes sectores, como sanidad o seguridad, los cuales, desde la plataforma, consideran que eran «conocedores de los riesgos del uso de los dispositivos y entornos digitales»: «Su misión era hacer el diagnóstico de estos riesgos y problemáticas», explica Miró. El problema, sin embargo, llega con el segundo grupo de expertos, el cual estaba formado por expertos del ámbito educativo: «En el segundo documento de los expertos, los argumentos contra la digitalización quedaban relegados. Pensamos que había mucho sesgo», denuncia la miembro de Aixeca el Cap.
De hecho, en esta línea, desde la plataforma denuncian que en las recomendaciones del grupo de expertos del ámbito educativo no quedaban reflejadas las recomendaciones pediátricas: «Las recomendaciones pediátricas obligarían a no usar ningún tipo de pantalla, incluso de aula, antes de los 12 años», argumentan. Es por este motivo que desde la plataforma advierten que presentarán una queja al defensor del pueblo: «Pensamos que tal como se presentó esta segunda comisión por parte del Departamento, este quería aparentar que la comunidad educativa tiene una posición unánime respecto a las pantallas, cuando esto no es así. Hay muchos directores y directoras, y muchos profesores y profesoras a favor de una fuerte desescalada de la digitalización, pero estos no han tenido voz en esta segunda comisión», denuncian.
