La caída sostenida de la natalidad desde 2008 obliga a Educación a ajustar la oferta escolar. Un ajuste que llega sobre todo a través de la reducción de ratios, pero que se aplica especialmente a la escuela pública. La Generalitat, atada de pies y manos por un decreto de 1993, no puede obligar a la concertada a rebajar sus ratios en cada curso para compensar la sobreoferta en educación infantil, pero ha perdido la oportunidad de influir con la última renovación de los conciertos. El departamento ha asegurado prácticamente la totalidad de los grupos concertados de infantil (912 de los 931 que han terminado el curso), que mantendrán la financiación los próximos seis años, independientemente de si su municipio necesita o no estas plazas.
Esta es la principal conclusión de un estudio de la entidad equitat.org, que pide una gestión conjunta y estructural de la oferta escolar. “Era el momento de reestructurarla, renovando las concesiones a las escuelas concertadas, pero ajustando el número de plazas que subvenciones a cada centro”, destaca en El Món la directora de la investigación, Mònica Nadal, que también pide subvencionar únicamente “las escuelas que llenan grupos”. La suya no es la única voz a favor de una estrategia conjunta entre la pública y la concertada; la Síndica de Greuges de Catalunya también lo pide, situando la renovación de los conciertos –una vez cada seis años– como un momento “clave” para “reducir la posible sobreoferta estructural del sector concertado”.
El estudio analiza la oferta de la última década y advierte que la pública ha perdido un 25% de plazas ofrecidas en infantil, mientras que la concertada un 20%. La distribución de ratios también es desigual: un 20% de los centros concertados tienen la ratio máxima de 25 alumnos en I3 y un 28% ratios de 21-24 niños, mientras que, en la escuela pública, el 94% tiene ratios por debajo de los 20 alumnos y solo un 6% está entre los 21-24. Datos que demostrarían, apunta Nadal, que los ajustes para controlar la sobreoferta del sistema “recaen sobre todo en la escuela pública”. La síndica también advierte que fenómenos como este ocurren porque, a diferencia de la concertada, la oferta sí que se puede reducir “año tras año” en el sector público, “antes del proceso de preinscripción”.
Por tanto, con la normativa actual, la negociación de los conciertos se convierte ahora en la única vía posible para reducir el exceso de plazas en infantil en el sector concertado. No solo por las limitaciones del decreto de regulación de 1993, sino también porque la Ley de Educación Catalana (LEC) de 2007 es “insuficiente” para forzar a los centros subvencionados a una reducción de plazas, alega Nadal. “Cuando tienes una ley debes ajustar todos los instrumentos legales para que sea realmente efectiva”, defiende. El incremento migratorio de los últimos años, que podría haber compensado la oferta con la demanda, tampoco ha sido suficiente para revertir la tendencia.
La consellería de Esther Niubó evita hablar solo de infantil y defiende que se ha aprovechado el proceso de renovación de conciertos para eliminar un total de 297 grupos –la mayoría por segregar por sexos– y que retirará la financiación a las escuelas que no alcancen el mínimo establecido (14 alumnos en infantil y primaria y 20 en secundaria). «Los conciertos –añade– se volverán a renovar con el curso empezado, tanto a la baja como al alza. Dicho de otra manera: si finalmente se renueva un concierto es porque cumple con las necesidades de escolarización de su zona educativa», aseguran fuentes del departamento. María Segurola, segunda experta que ha participado del estudio, replica y se pregunta “qué entendemos por necesidades de escolarización”. Según su punto de vista, la visión del departamento está más enfocada a la demanda de una escuela que a las necesidades del conjunto de un municipio. “Hay lugares donde se renuevan conciertos porque se llega al mínimo cuando hay otras escuelas que podrían cerrar”, reflexiona la experta.
¿Qué pasa si hay sobreoferta?
La caída de la natalidad puede acabar con algunas escuelas o, al menos, dibujar un futuro con grupos muy pequeños, especialmente en municipios pequeños. A pesar de ser una de las principales luchas sindicales, una reducción excesiva de ratios puede ser inviable si la Generalitat no dota de más efectivos a las escuelas. Una preocupación que se añade al último aviso de la OCDE, que desaconseja a Cataluña una reducción generalizada de las ratios y pide actuar solo en los centros de más complejidad.
Por otro lado, los expertos remarcan que la sobreoferta genera más segregación escolar y condiciona la demanda. “Las familias, en el fondo, no expresan preferencias, hacen apuestas seguras”, detalla Nadal. “Por tanto, si tienes dos escuelas que te gustan, una pública y una concertada, pues acabarás optando por esta segunda, que seguro que tendrá plaza”, comenta.
La descompensación de ratios también facilita una distribución desigual de los alumnos de más complejidad. Los centros públicos tienen una reserva de plazas para alumnos con necesidades especiales, una reserva pensada para que los alumnos vulnerables no se concentren en los mismos centros. “Pero si los centros públicos tienen ratios más pequeñas, manteniendo la misma reserva, el porcentaje de alumnos vulnerables sobre el total será más alto”, detalla Nadal. “Puede ser un pez que se muerde la cola: la escuela pública es cada vez más compleja, lo que genera más incentivos para ir a la concertada”, concluye. En este sentido, los ideólogos del informe insisten en que, con la renovación de los conciertos, la Generalitat también ha perdido una oportunidad para negociar una implicación mayor de la concertada en la lucha contra la segregación.
Barcelona y ocho municipios más como ejemplo
Algunas ciudades han apostado por reducir su oferta de manera voluntaria. Es el ejemplo de numerosas escuelas de Barcelona, que han pactado con el Ayuntamiento –ahora con Jaume Collboni pero también anteriormente, con Ada Colau– una reducción de estas ratios. Ocho ciudades más también han logrado cerrar algunas líneas de I3: l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Reus, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Gavà y Jorba. Esta estrategia ha permitido reducir 28 líneas de infantil en total, pero un aspecto “tan importante” no puede recaer “en manos de la buena voluntad de los centros”, critica Nadal.
Los municipios mencionados han querido compensar la oferta y evitar, entre otros motivos, una competencia entre escuelas de la ciudad, el último gran escollo de esta sobreoferta. Si una escuela sufre porque le cierran una línea moverá cielo y tierra para conseguir alumnos, generando una dinámica competitiva con escuelas vecinas. “Inevitablemente, sin gestionar la sobreoferta estás promoviendo esta competencia”, cuestiona Nadal. “La pública funciona según los criterios del departamento, pero la concertada va según la demanda. Está más expuesta a tener que captar alumnos para mantener el concierto, y puede activar estrategias más agresivas”, concluye la experta, que advierte de una dinámica “impropia” del sistema educativo.
