El Instituto del Ebro, un centro de formación profesional situado en Tortosa, sigue en el punto de mira. El Departamento de Educación, en manos de la consejera Esther Niubó, ha suspendido de sueldo y empleo al exdirector del centro, Armand Pons, acusado de «presuntas irregularidades» en la contratación de «prácticas» del centro. Los hechos se remontan a finales del curso pasado, momento en que la consejería, entonces en manos de la republicana Anna Simó, abrió dos expedientes por estas presuntas «irregularidades» contra el exdirector del instituto y la administradora del centro de formación profesional más grande del sur del país, las cuales fueron denunciadas por los sindicatos la Intersindical y la CGT. Ahora, casi un año más tarde, la consejería ha corroborado que varios alumnos del Instituto del Ebro «han trabajado en el centro sin contrato ni convenio de prácticas, sin estar dados de alta en la seguridad social y, por tanto, sin protección en caso de accidente laboral». Fuentes de la consejería, sin embargo, recuerdan a El Món que las resoluciones de la sanción administrativa «no son firmes y los afectados [es decir, el exdirector y la anterior administradora del centro] pueden presentar un recurso».
Así lo aseguran las dos organizaciones sindicales, las cuales detallan que han recibido la confirmación de estos hechos por parte de varios «altos cargos» de la cartera que encabeza Esther Niubó. Esta, sin embargo, no es la primera resolución contra los anteriores responsables del Instituto del Ebro: «Estas irregularidades ya fueron probadas por la Inspección de Trabajo, que declaró los convenios de prácticas no válidos y multó al Instituto con más de 50.000 euros», afirman las dos organizaciones sindicales, que creen que la sanción económica terminará incrementándose porque se han detectado nuevos casos. En detalle, según detallan los sindicatos, las investigaciones de la inspección han detectado dieciocho casos más de alumnos que, desde el año 2021, han trabajado de prácticas en el centro sin contrato, ya que los que se han producido antes de este término «ya han prescrito». De hecho, según apuntan, el pasado 30 de abril, la Inspección de Trabajo ya se presentó en las puertas del centro de FP con la intención de buscar «posibles irregularidades en los casos detectados».
Un nuevo expediente contra el exdirector
Las últimas investigaciones de la consejería de Educación, pues, han añadido más leña al fuego contra los anteriores responsables del centro de FP, que dimitieron de sus cargos antes de que terminara el curso pasado: «Las fuentes consultadas aseguran a la CGT y a la Intersindical que la Intervención General ha resuelto una auditoría de las cuentas del instituto detectando irregularidades en la gestión de contratos menores relacionadas con el fraccionamiento de contratos», detallan las dos organizaciones sindicales a través de un comunicado. En esta línea, los sindicatos también apuntan que la consejería de Educación podría «hacer reclamaciones patrimoniales» a los dos responsables investigados.
Además, las organizaciones de los trabajadores también afirman «tener constancia» de que se ha abierto un nuevo expediente contra el exdirector del centro -el cual aún se encuentra en fase de instrucción- por la «decisión que, presuntamente, tomó el director de cortar toda vía de comunicación del centro con los denunciantes durante meses». Armand Pons, pues, continúa en el punto de mira. Ahora, una vez terminada la vía administrativa, los denunciantes de las irregularidades no descartan elevar la denuncia a la vía penal como un presunto delito de fraude a la administración, falsificación documental, malversación de fondos y prevaricación. La polémica en el Ebro aún no ha terminado.
