La consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, no ha tenido un año fácil. Ni mucho menos. La máxima responsable del sistema educativo catalán se ha visto envuelta en diversas polémicas durante su primer año completo al frente de la cartera, con unas organizaciones sindicales que han recuperado el espíritu de lucha característico de la época del exconsejero republicano Josep González Cambray. Algunas ha conseguido apagarlas mínimamente, pero otras continúan candentes y no parece que vayan a resolverse en los próximos meses. La más reciente se ha vivido en las últimas dos semanas. Se trata del cierre de tres días convocado por todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial -es decir, USTEC, ASPEPC-SPS, CCOO, UGT y CGT- para conseguir que el personal laboral del Departamento de Educación reciba un complemento específico de 473 euros mensuales. Un pulso con Niubó que continúa vigente.
De hecho, esta misma semana, todas las formaciones de la oposición del gobierno de Salvador Illa, desde Junts per Catalunya hasta Vox, pasando por ERC, Comuns, la CUP, el PP y Aliança Catalana, han firmado una propuesta de resolución en el Parlamento para fijar las reclamaciones de los sindicatos, ya que el acuerdo al que llegaron con la consejera para desconvocar el cierre no concreta el incremento salarial ni habla de la reclasificación. A la presión sindical por las mejoras laborales de los trabajadores del sector educativo, pues, también se suma la presión política, lo cual pone aún más a la consejera Niubó contra las cuerdas. Esta no es la primera vez en que sindicatos y oposición se unen contra la responsable de la cartera de Educación del gobierno de Salvador Illa. La primera se produjo hace justo un año, el 17 de diciembre, en respuesta a la polémica fusión de materias de ciencias en bachillerato.
La fusión de bachillerato, una crisis latente
Hace un año, pocos meses después de tomar posesión del cargo, la consejera Niubó comunicó a todas las direcciones de los centros de educación postobligatoria una serie de cambios en el currículo de bachillerato de cara al curso siguiente para adecuarlo a las directrices de la ley estatal LOMLOE, también conocida como ley Celaá. De entrada, la jefa del departamento planteaba fusionar las materias científicas en dos asignaturas y también algunos cambios en las literaturas, pero finalmente acabó retractándose de las modificaciones sobre las asignaturas de literatura en bachillerato. La decisión de cambiar el currículo de bachillerato para adecuarlo a las directrices españolas responde a un requerimiento enviado desde Madrid que reclama, entre otras cosas, facilitar los traslados de alumnos entre autonomías. Desde el Ministerio de Educación, que ha dirigido hasta ahora la ministra Pilar Alegría, que ha abandonado el cargo esta misma semana, exigían a la consejera que modificara el currículo.
Desde hace un año, la polémica fusión de ciencias en bachillerato ha ido arrastrándose, y mientras tanto la consejera Niubó ha tenido que hacer frente a las manifestaciones de los sindicatos de docentes y de las plataformas de ciencias, especialmente de la agrupación Ciencias en Peligro. Ahora, ante las negativas reiteradas de Niubó a revertir los cambios en bachillerato, los docentes han buscado apoyo político en el Congreso de los Diputados para revertir las modificaciones desde Madrid. En concreto, el 23 de octubre el grupo parlamentario de Sumar registró una propuesta no de ley que insta al gobierno de Pedro Sánchez a establecer un proceso de diálogo con las administraciones educativas de Cataluña sobre la distribución de las horas en bachillerato: «Esta distribución respetará la normativa vigente sobre distribución competencial y tendrá en consideración la trayectoria curricular histórica, así como las singularidades del modelo educativo de Cataluña en relación a las materias científicas en todas las etapas educativas», sostienen desde Sumar.
La comunidad docente y científica, según aseguran desde Ciencias en Peligro, ve con buenos ojos la propuesta no de ley impulsada por la formación de Yolanda Díaz -a petición de los maestros movilizados-, pero recuerdan que es fundamental que el gobierno español también la apoye, ya que el detonante de la crisis es un requerimiento del mismo ejecutivo. Paralelamente, según aseguran desde la entidad, ya se está trabajando para «sumar adhesiones del resto de grupos parlamentarios para que el mandato salga adelante». Si las directrices cambian desde la cámara baja, también repercutirán en el sistema educativo catalán y afectarán a la consejera Niubó. La crisis del bachillerato continúa viva.
La crisis del abandono escolar: un decreto pendiente y sin presupuesto para ejecutarlo
El abandono escolar prematuro es otra de las crisis enquistadas que afecta al sistema educativo. Actualmente, la tasa de abandono, que se calcula a partir del número de jóvenes de entre 18 y 24 años que no tienen ninguna titulación más allá de la ESO y no continúan estudiando, es del 13,7%, la segunda más elevada de Europa. Una cifra significativamente por encima de la media de abandono escolar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se sitúa en el 9%. Para paliar esta crisis enquistada, la Generalitat lleva años trabajando en un nuevo decreto de orientación educativa, el cual establece una partida económica de más de 200 millones de euros para reducir la tasa de abandono escolar prematuro por debajo de la media europea. Este decreto, que comenzó a preparar el gobierno del expresidente Pere Aragonès, es una de las asignaturas pendientes heredadas por Niubó.
Un decreto que, más de un año y medio después, continúa pendiente. A principios de diciembre, durante la última comisión parlamentaria de Educación, la responsable de la cartera afirmó que estaban ultimando los detalles del texto, pero dejó claro que este no se podrá aplicar de entrada debido a la falta de presupuestos. Es decir, aunque prevén aprobarlo en los próximos meses, durante el primer trimestre de 2026, el decreto estará cojo, y la crisis del abandono continuará existiendo sin previsiones de resolverse a corto plazo. Ante la falta de presupuestos, esta misma semana la Fundación Bofill, una de las principales entidades pedagógicas del país, ha exigido a la consejera y al resto de grupos políticos del Parlamento que garanticen que el próximo año haya un gasto presupuestario «ambicioso» en educación, haya o no presupuestos, para poder desbloquear algunas problemáticas, como el decreto de orientación educativa. Mientras la administración no dote de suficientes recursos económicos esta herramienta, el abandono escolar prematuro continuará siendo una losa para el sistema educativo.
La gran crisis de Niubó:
Desde el inicio de curso, el sistema educativo se ha convertido en un campo de batalla entre los sindicatos del sector y la consejera Niubó. Todas las organizaciones sindicales de docentes se han unido para reclamar mejoras firmes de sus condiciones laborales, ya que aseguran que, actualmente, están al límite del colapso. De hecho, el pasado 15 de noviembre, más de treinta mil maestros y profesores salieron a la calle en masa para hacer valer sus reclamaciones. Entre las principales reclamaciones destaca el aumento de un 25% del sueldo, ya que de esta manera se permite revertir la pérdida de poder adquisitivo que, según denuncian desde el sector, hace más de dos décadas que arrastran. En esta línea, uno de los principales puntos de confrontación es el complemento específico. Es decir, el complemento salarial que reciben los cuerpos esenciales de la Generalitat-, como los Mossos d’Esquadra, el cuerpo de Bomberos, los médicos y los docentes.
Aparte del aumento salarial, los sindicatos de docentes también exigen negociar con los responsables de la consejería de Educación una reducción de las ratios en los centros educativos, una reclamación que hace años que resuena en la sede del departamento, en la Via Augusta barcelonesa. La manifestación masiva ha abierto un período de negociaciones entre sindicatos y administración, que se alargará -según el calendario actual- hasta el mes de febrero. Aunque las conversaciones entre ambas partes están abiertas, las organizaciones sindicales también han aprovechado la fuerza demostrada en la manifestación para continuar poniendo presión a la consejera con un cierre en el departamento. Esta vez, sin embargo, por las condiciones salariales del personal laboral. Es decir, la clasificación que incluye personal de atención educativa, personal de administración y servicios, guarderías, profesores de formación profesional y profesorado de religión.
La crisis por las mejoras laborales continúa abierta, y aún está lejos de resolverse. Aunque Niubó ha podido apaciguar mínimamente las protestas de los sindicatos, maestros y profesores seguirán presionando hasta conseguir su objetivo. La consejera ha frenado algunas de las crisis que le han explotado durante el año, pero no ha podido apagar del todo ninguna, y ahora se enfrenta a un principio de año frenético con los sindicatos del sector en pie de guerra. A pesar de los avances discretos en las negociaciones, los docentes avisan que, si no se escuchan sus reivindicaciones, volverán a salir con fuerza a las calles. La próxima protesta, tal como han anunciado esta semana, será el 24 de enero, y el once de febrero llegará la primera jornada de huelga. La primera de un nuevo «ciclo de movilizaciones».
