Serial. Así se puede definir la historia que está suponiendo para el Departamento de Interior y para los Mossos d’Esquadra que un agente de la Brigada Móvil de la policía catalana pegara con una porra en los dedos al exvicepresidente del Parlamento de Cataluña Josep Costa, en una manifestación. En concreto, fue en la concentración de protesta por la cumbre francoespañola del 19 de enero de este 2023. Una acción por la cual no solo está imputado un agente, sino que se han detectado atestados prefabricados, y por la cual Interior se tuvo que envainar una sanción administrativa a uno de los testigos clave de los hechos que avalaba la tesis de Costa, al cual intentaron aplicar la ley mordaza.

Ahora ha llegado una segunda parte, una curiosa denuncia presentada, ante el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, contra Costa y tres activistas más por los mismos hechos. La denuncia fue archivada porque el juez consideró que ninguno de los hechos denunciados era penal. Por lo tanto, cerraba el caso. Pero el pasado seis de marzo se reabrió la causa con la aportación de supuestas imágenes incriminatorias. Pero ni el fiscal ni el juez se lo han tragado y se ha sobreseído el caso. De hecho, la fiscalía emitió un informe en que decía a los Mossos que, si querían denunciar algo, lo hicieran a través de la vía administrativa.

Josep Costa, en el momento de su intervención a la UCE 2023/Josep Maria Montaner
Josep Costa, en el momento de su intervención a la UCE 2023/Josep Maria Montaner

Aplicar el “xilófono”

El caso Costa vs. la Brimo empezó con una denuncia del exvicepresidente y jurista por haber sido víctima de la práctica del xilófono. Es decir, pegar en los dedos de todo el mundo que ponga las manos sobre una de las vallas que los Mossos d’Esquadra instalan para marcar el límite de la línea policial en situaciones como la protesta del 19 de enero. De este modo lo definió el agente de la Brimo TIP 13450 y número de operativo policial (NOP) D0E114, imputado por pegar a Costa con la porra extensible. El caso denunciado por el jurista y activista todavía está abierto al juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, donde ya se han practicado varias diligencias y declaraciones.

Pero los policías implicados, al ver que Costa y otros activistas que recibieron golpes de porra en aquella cumbre por parte de la policía catalana los habían denunciado, interpusieron una contra denuncia, que es la que fue a parar al juzgado 21. Esta denuncia tuvo un recorrido más corto que el rabo de una boina porque, el juez no vio en ella ningún delito y, además, ya había una instrucción en marcha por los mismos hechos en el juzgado 29. Una vez se ha intentado reabrir, el ministerio fiscal se opuso el pasado 23 de junio alegando que, en todo caso, las conductas denunciadas podrían ser objeto de sanción administrativa y no penal.

El juez ni ha entrado a valorarlo y el pasado 9 de agosto decidió archivarlo todo. Ahora bien, esta notificación no se ha hecho llegar a todas las partes hasta principios de noviembre. Es decir, diez meses después de los hechos uno de los ramales del serial se ha cerrado, pero el caso continúa abierto en el otro ramal, el de Costa contra los Mossos. Y, a la vista de las pruebas practicadas y de las que han sido pedidas y acordadas, todavía puede haber más sorpresas por una actuación policial que los testigos que ya han comparecido han convenido en calificar de «gratuita».

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