La no detención del presidente Puigdemont por parte de los Mossos está desencadenando una avalancha de reacciones. Hazte Oír y Vox presentaron querellas contra la policía catalana por no haber detenido al presidente Puigdemont. La sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido a la policía catalana que aporte información sobre la no detención de Carles Puigdemont antes de admitir, o no, las dos querellas presentadas por la parte más ultra del españolismo. En dos providencias, el tribunal ha notificado que ha recibido las querellas y por eso ha pedido a los Mossos la planificación y elaboración del operativo para detener Puigdemont y ponerlo a disposición judicial, el desarrollo del operativo y la evaluación policial de la ejecución del operativo. El TSJC ha pedido al cuerpo policial que esta información llegue «con la mayor brevedad posible» y en un plazo máximo de 10 días.

Puigdemont reivindica la base independentista desde el atril bajo el Arco de Triunfo en su retorno en Cataluña / Mireia Comas
Puigdemont reivindica la base independentista desde el atril bajo el Arco de Triunfo en su retorno en Cataluña / Mireia Comas

El retorno de Puigdemont y su no captura

La vuelta del MHP Carles Puigdemont supuso un terremoto político. Su aparición y, posterior desaparición colapsó la ciudad de Barcelona y puso en una situación muy delicada los Mossos d’Esquadra y el Departamento de Interior. De hecho, Vox presentó ante el TSJC una querella contra Joan Ignasi Elena, el consejero de Interior en funciones, el responsable del dispositivo policial de Mossos; y los supuestos colaboradores del expresidente como puede ser el abogado Gonzalo Boye, por haber ayudado el MHP a huir e incurrir en delitos de omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento, desobediencia y denegación de auxilio a la autoridad judicial y prevaricación.

Por su parte, el grupúsculo ultra Hazte Oír, anunció que denunciaría el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al presidente del Gobierno en funciones, Pere Aragonès, y al jefe de los Mossos d’Esquadra por «omisión del deber de perseguir delitos».

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