La vuelta y detención frustrada del presidente al exilio, Carles Puigdemont, sigue llevando cola. La ultraderecha española, Vox y Hazte Oír, presentó tres querellas contra el presidente del Parlamento, Josep Rull, y el ex consejero de Interior y diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, por una supuesta responsabilidad en los hechos el pasado 8 de agosto. Hoy, la sala de lo civil y penalti del Tribunal Superior de justicia de Cataluña (TSJC) no ha admitido a trámite estas querellas, puesto que, con los informes de la fiscalía contra su admisión, el organismo judicial no ha apreciado que existiera «ningún elemento que permita relacionar ninguno de los aforados con los delitos que los imputan los querellantes».
Las querellas de la ultraderecha
El pasado 8 de agosto, justo antes de la sesión de investidura de Salvador Isla como presidente de la Generalitat de Cataluña, el presidente al exilio, Carles Puigdemont, hizo acto de presencia en un acto multitudinario al Arco de Triunfo de Barcelona. Una vez finalizada el acto, Puigdemont volvió al exilio sin que los Mossos d’Esquadra pudieran detenerlo. La detención frustrada de Puigdemont hizo que la ultraderecha se juntara para querellarse contra Joan Ignasi Elena, el entonces consejero de interior y responsable del dispositivo policial de Mossos; y los supuestos colaboradores del expresidente Puigdemont, entre los cuales el partido de ultraderecha citaba el abogado del presidente al exilio, Gonzalo Boye, a quien acusaba de haberlo ayudado a «huir», por supuestos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento, desobediencia y denegación de auxilio a la autoridad judicial y prevaricación. Quien también se querelló fue la organización ultra Hazte Oír, que presentó dos querellas contra el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el comisario en ninguno de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, por «omisión del deber de perseguir delitos».
La sala de lo civil y penalti del Tribunal Superior de justicia de Cataluña, pero, solo tiene competencia para examinar la relación de estos hechos supuestamente delictivos contra personas que disponen de la condición de aforado y no entra a valorar ningún aspecto con relación a los querellados no aforados.
