El año 2024 ha empezado con bastante trabajo a la tabla de pendientes del Tribunal Constitucional. Y como ya es habitual en los últimos años, con asuntos relacionados con el Procés. El próximo 15 de enero, primer día lectivo de los magistrados del TC, tendrán que evaluar hasta tres recursos de presos políticos. En concreto, de los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, y del expresidente del ANC y exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez. Son tres recursos clave también por el proceso abierto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Se trata de los recursos de amparo contra las nuevas condenas por el Primero de Octubre, impuestas después de la derogación del delito de sedición y de la reforma del delito de malversación. El Tribunal Supremo mantuvo la condena contra Romeva y Bassa por malversación y reformuló la condena a Sànchez en este caso, por desórdenes públicos. Los abogados de los tres interpusieron recursos de amparo para mostrar su disconformidad con las penas y pidiendo la nulidad de las condenas.
La resolución de estos recursos son fundamentales por la evolución del proceso judicial internacionalmente y ante la inmediatez de la ley de amnistía. De hecho, una resolución favorable del TC de estos recursos por los presos políticos deshincharía la efectividad real de la ley pactada entre socialistas e independentistas. El TC todavía no ha programado los primeros trámites de los recursos presentados por Oriol Junqueras y de Jordi Turull.
Diversidad de ponientes
El trámite de la semana próxima es el que corresponde a «información a la sala», es decir, el informe que hace el ponente de la resolución a los magistrados que tendrán que decidir sobre la petición de amparo de los recurrentes. En el caso de Jordi Sànchez es el mismo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Un nombre que ha extrañado a las defensas porque se apartó de los asuntos de deliberación que correspondían al Proceso. De hecho, es una de las alegaciones presentadas delante al TEDH, para acreditar que hay magistrados que se han tenido que retirar por sus convicciones y opiniones contrarias al independentismo. En todo caso, Sànchez, defendido por el letrado Jordi Pina, al·legaba que no podía ser condenado por unos desórdenes en los cuales no había participado en el supuesto de que las protestas pudieran ser calificadas de desórdenes y no del libre ejercicio del derecho de manifestación y expresión.
En el caso de Romeva, la ponente es la catalana Laura Díez Bueso, catedrática de derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona y de claro talante progresista. Bassa tendrá por poniente, Inmaculada Montalbán, magistrada experta en perspectiva de género y también progresista. Las dos tendrán que evaluar las razones argüidas por los abogados Andreu Van den Eynde y Mariano Bergés. Básicamente, que la revisión de la sentencia del Supremo no se ha hecho de la manera más beneficiosa por los condenados al mantener la pena por malversación cuando las defiendes sostienen que no ha habido corrupción.
Los republicanos creen que no se les ha aplicado la ley vigente de manera beneficiosa después de la reforma del Código Penal, en mantener la malversación, un delito que las defiendes cuestionan porque no ha habido corrupción. Además, recordaban en sus alegaciones que hoy por hoy la preparación y ejecución del referéndum no constituye «ningún delito». Al final, recordaban que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Primero de Octubre no incluía ninguna referencia en «la apropiación» ni a «el ánimo de lucro».
