La Moncloa y el número 68 de la calle Ferraz de Madrid, la sede ‘federal’ del PSOE, tienen un nuevo frente. Una nueva vía de agua que puede traer problemas serios. Es el caso en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investiga las denuncias de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda contra la exmilitante socialista Leire Díez, que mediáticamente se ha convertido en la «fontanera del PSOE». La causa, a la cual ha tenido acceso El Món, también tiene como investigados al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista catalán Pere Rusiñol.
Ambos presentaron dos denuncias muy duras por intentos de soborno y tráfico de influencias. Díez también presentó una denuncia contra el fiscal Grinda, uno de los hombres fuertes de la fiscalía anticorrupción, la persona que, por ejemplo, llevó la investigación del caso 3%. En todo caso, una vez levantado el secreto, el juez instructor, Arturo Zamarriego, se ha arremangado. Un togado que ha llevado casos altamente sensibles de los últimos años de la convulsa política española como el de Pequeño Nicolás, la guerra de comisarios o el despido del extesorero del PP Luis Bárcenas.
Zamarriego citó a los dos fiscales a declarar el miércoles, y ratificaron sus respectivas denuncias. Fuentes del caso aseguran a El Món que ambos ratificaron punto por punto sus denuncias que apuntalan la supuesta relación que Díez tenía con el PSOE y con Pedro Sánchez y su labor de encontrar información comprometedora de jueces, fiscales y la Guardia Civil para amortiguar el asedio judicial y mediático que sufren los socialistas a raíz de diversas investigaciones que, incluso, afectan al hermano de Pedro Sánchez, David, y a la esposa del presidente español, Begoña Gómez, así como los casos Koldo, Ábalos y Cerdán.
Unos audios, un periodista y dos fiscales
El juez incorporó a la causa los audios donde Díez ofrecía favores a cambio de información delicada que afectase a miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, piedra angular de las investigaciones contra los socialistas, y de la Fiscalía. Grinda denunció que Rusiñol le ofreció un «soborno» que venía propuesto y avalado por «las más altas instituciones del Estado» para archivar causas que tenía entre manos y, sobre todo, que le transfiriera información presuntamente delictiva de su jefe y actual responsable de la poderosa Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y responsable del ministerio público en el caso Santos Cerdán.
Según Grinda, se reunió con Rusiñol por «amistad» y porque quería hacerle llegar una «propuesta de una persona». Una «oferta» que Rusiñol le habría dicho que «no tenía marcha atrás». Además, le advirtió que debía llevarse a cabo con la más «estricta confidencialidad, sin pedir auxilio a terceras personas y sin llamar a la puerta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Rusiñol le comentó que «entendía que la persona que avalaba el acuerdo era alguien que conoce como Leire». Grinda explica que replicó que la propuesta era delictiva.
En todo caso, el pasado miércoles relató al juez que con «Rusiñol eran amigos, pero ahora ya no tanto» y que le puntualizó que actuaba como persona «enviada por dos personas» y no como periodista. Grinda ratificó su denuncia. Sin embargo, añadió que denunciaba «hechos» y «no personas». Así recordó que como fiscal está acostumbrado no solo al hecho de que lo denuncien sino también que intenten “matarlo». En este sentido, destacó al juez que no conocía personalmente a Díez ni tenía enemistad con Pérez Dolset.
El caso Stampa
La declaración del fiscal Ignacio Stampa también sirvió para ratificar su denuncia. De hecho, Stampa acudía al juez cuando no hacía ni una semana que el Tribunal Supremo le había acabado dando la razón en un largo litigio con el actual fiscal general del Estado y el ministerio de Justicia. La poderosa sala tercera del Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba al Estado a pagarle 4.000 euros de indemnización por los daños que había sufrido por una injustificada dilación de una investigación interna.
Una investigación que, casualmente, llegó después de que Stampa abriese la caja de los truenos de la macrocause Tándem. Es decir, el caso que instruía el ya jubilado magistrado Manuel García Castellón, cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sobre los negocios y las actividades del comisario de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo, ahora también jubilado. Curiosamente, la investigación contra Stampa llegó cuando descubrió los audios entre la exfiscal general del Estado y mentora de García Ortiz, Dolores Delgado, y Villarejo.
«Limpiar, sin límite»
La denuncia de Stampa es especialmente jugosa. De hecho, como Grinda, primero denunció los hechos en la Fiscalía Superior de Madrid para seguir el conducto reglamentario. Según describía en su denuncia, Leite Díez y Pérez Dolset propusieron una reunión, que él aceptó. Al fin y al cabo, la reunión venía propuesta por un tercero que le trasladó el interés del gobierno en el encuentro para disculparse por el trato injusto que recibió en la fiscalía anticorrupción. Pero el sentido del cónclave fue muy diferente de lo que pensaba. En el encuentro le dieron a entender que el presidente del gobierno español «había ordenado limpiar, sin límite». Como si fuera el Mr. Wolf de Pulp Fiction, justo después de la causa abierta contra su pareja, Begoña Gómez.
En este sentido, Stampa les preguntó por qué le pedían «ahora», Dolset le habría respondido que, una vez se declaró la imputación de Gómez, Leire Díez lo llamó para ordenar la limpieza. Era necesario “revertir la situación, cueste lo que cueste”. ”Es lo que ha dicho el presidente», habría añadido Dolset en el encuentro con el fiscal. Así mismo, cuando Stampa preguntó el detalle sobre quién era y a qué se dedicaba Díez, el empresario le explicó que era la persona que el PSOE había puesto para saber qué había detrás de «las irregularidades en informes de la policía y en los escritos de la fiscalía anticorrupción».
Ambos insistieron en conocer irregularidades y secretos del juez García Castellón, Luzón y el mismo Grinda. Stampa se quedó perplejo. Asegura que Díez le planteó incluso que, si le daba información, las cosas «irían mejor» y que volvería a la causa Tándem, donde por cierto, el fiscal no tiene ganas de volver. El caso entra ahora en una nueva dimensión, donde deberán pasar por el juzgado el capitán de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo, y Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán.
