Un verdadero trabajo de orfebrería. Así se puede calificar el trabajo que ha realizado el equipo defensor de Santos Cerdán, dirigido por Benet Salellas y Jacobo Teijelo, para reclamar la libertad de su cliente cuando ya lleva setenta días en prisión provisional. Un encarcelamiento que consideran que excede los límites, atenta contra la separación de poderes y criminaliza la actividad política. Los abogados han registrado a primera hora de esta mañana dos escritos bastante jugosos con los que ponen en duda la neutralidad de la instrucción y subrayan las oscuras relaciones con los servicios de información de la Guardia Civil a tres de los principales investigados que deben servir al juez instructor del Tribunal Supremo para apuntalar las acusaciones contra Cerdán y contra el exministro José Luis Ábalos.
En primer término, han presentado un escrito, de 23 páginas y al cual ha tenido acceso El Món, contra la prisión provisional por vulneración de varios derechos fundamentales. Al mismo tiempo, han registrado otro escrito, que acompaña la petición de libertad, de solicitud de nuevas diligencias para la investigación, a raíz de los detalles, hechos y circunstancias extrañas que se han encontrado en la causa y los informes policiales. Un durísimo escrito donde los abogados defensores esbozan una investigación prospectiva y manipulaciones a través de una extraña «unidad de la Guardia Civil» bautizada como «K Fontanería» que coordinaba el comandante del instituto armado Rubén Villalba, la persona que suministró los teléfonos y los dispositivos móviles de las grabaciones tanto a Koldo García como al empresario Víctor de Aldama, dos piezas clave de la acusación.
Vulneraciones procesales
«No tratamos una conjetura formal de las defensas, tratamos la alteración procesal de las reglas del juego y el contrapeso entre las diferentes posiciones del Estado en la configuración de un estado de derecho». Con esta expresión recriminan las defensas cómo se ha llevado a cabo la investigación y lo que califican de «caos procesal» que la rodea. Además, recriminan al juez instructor que ha vulnerado el principio de inmunidad parlamentaria investigando sin pedir permiso anteriormente a la cámara legislativa que otorga el fuero a los diputados.
A partir de aquí, las defensas comienzan a cargar las tintas de acuerdo con las pruebas recogidas por la Unidad Central Operativa, y lo que más les inquieta, las que «han sido expurgadas» del sumario por la misma policía, a las cuales aún no han podido acceder porque se encuentran en otros procedimientos y aún no se las han trasladado. Con esta premisa, los abogados denuncian el «cambio de objeto en el procedimiento y en la investigación», la «inexistencia de cadena de custodia de las pruebas», el origen «desconocido» de los audios –recuerdan que Koldo niega haber grabado nada-, las expurgaciones unilaterales e injustificadas de la documentación y de las pruebas recogidas y las «construcciones paralelas» en la instrucción.
Las grabaciones y el grupo de WhatsApp «K Fontanería»
El escrito argumenta la petición de nuevas pruebas a raíz de la información recogida en los atestados y, sobre todo, por la manera en que se ha recopilado. Así, detallan que muchos indicios tienen «diversos orígenes» en volcados de dispositivos al Tribunal Supremo de los cuales no se tiene constancia de dónde se volcaron primero, como indican los policías investigadores, y con «alteraciones no justificadas» de los datos de registro que abren la duda sobre «el contenido, los datos y el proceso de obtención». Siguiendo esta línea, los abogados resaltan en sus escritos que las bolsas que contienen las pruebas no tienen el mismo número que tienen en las actas de entrada y registro donde se confiscaron los dispositivos.
Precisamente, los dispositivos y las grabaciones son la clave de bóveda de la defensa. En primer término, los abogados alertan que los «teléfonos» con los que se habrían grabado las conversaciones fueron entregados por un comandante de la Guardia Civil que investiga la causa, Rubén Villalba. Un hecho, incluso, que la defensa remarca que el fiscal del caso admitió en la vista de la apelación a la prisión provisional de Cerdán. En el mismo sentido, las defensas aportan un atestado de la Guardia Civil, el 207/2024, donde se relata cómo De Aldama y Koldo «se introducen en el sistema de fuentes de la Guardia Civil». «Resulta imprescindible saber exactamente cómo y por qué, escuchar todo lo que ha pasado desde entonces», reclaman los abogados.
A propósito de esto, los abogados ponen el grito en el cielo por un «grupo de WhatsApp en el que Villalba intervino como otros agentes de su unidad llamada K Fontanería». Un grupo del cual los abogados aportan transcripciones donde Villalba se comunica con un superior a quien se dirige como «jefe» y a varios agentes que tienen asignado un número para preservar su identidad. Además, otras conversaciones de Villalba con otro superior del Servicio de Información de la Guardia Civil o una sobre la UDEF despiertan aún más recelos porque apuntarían a otras instituciones del Estado en las pesquisas y la prospección de pruebas contra Cerdán. «Por el período de actividad y las fuentes que están activas parece evidente que se refieren a la actividad de Koldo García, que es el sujeto u objeto de la actividad de fontanería”, sentencian los abogados.
Más diligencias
Sobre la base del largo análisis de los informes presentados y de la documentación a la que han tenido acceso, los abogados argumentan que se encuentran en una causa donde se mezclan «diversos procedimientos judiciales, algunos archivados, otros con medidas que afectan derechos fundamentales». También reprochan la pulsión de la Fiscalía Anticorrupción como «determinante para el caso», destacan cómo están implicados «fuentes/colaboradores de la Guardia Civil» como un comandante del servicio de información del instituto armado y subrayan que no se puede obviar «la participación de otras instituciones del Estado». Todo ello, un embrollo que define la instrucción como una «construcción paralela».
Por eso reclaman una gran cantidad de diligencias para llevar a cabo de manera inmediata, como aclarar los agentes que participan en las conversaciones del chat de la unidad «K Fontanería«, que se entregue todo el expediente judicial y que se requiera a la UCO que aporte todo el material «expurgado» por los policías y no por la autoridad judicial, además de un listado de las visitas que el empresario Víctor de Aldama recibió en prisión.
