Incidente de nulidad ante la nueva sentencia del Tribunal Supremo que vuelve a condenar los líderes del Proceso que tenían una pena por malversación. Los abogados de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, Andreu Van den Eynde y Mariano Bergés, han registrado un escrito de incidente, como un paso previo al nuevo recurso en el Tribunal Constitucional. El escrito, al cual ha tenido acceso El Món, insiste en el argumento de que no hubo ningún delito durante el otoño de 2017. Ahora bien, cargan especialmente contra el criterio de la sala de lo penal del Supremo de mantener la pena en base a la malversación una vez se ha derogado el delito de la sedición. Una decisión que consideran «irracional».
Por otro lado, entienden que la nueva resolución no ha aplicado un principio básico de la ley procesal penal y es que se tiene que aplicar la interpretación más beneficiosa para el condenado. Un hecho que relacionan con la batalla política que sostiene el Tribunal Supremo con el poder legislativo y ejecutivo dominado por el PSOE y Podemos, con la ayuda de ERC. Es decir, que a pesar de que el legislativo derogue un delito, mantendrá las penas haciendo una interpretación extensiva de otro delito, en este caso, la malversación. El objetivo de este escrito es, para los condenados, agotar la vía interna para llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si es el caso. “Hay una serie de vulneraciones de derechos fundamentales asociadas al hecho de no querer aplicar la ley más favorable, que es la ley actual”, insiste Van den Eynde. “Lo tenemos que impugnar ahora para poder arrastrar este debate al Constitucional y, sobre todo, al TEDH”, incide.
La pugna entre poderes
Así, los escritos de incidente remarcan que la revisión de la sentencia solo ha cambiado un delito por otro para mantener la condena. Los abogados también denuncian que, en la revisión de la sentencia, no se ha aplicado aquello que es más beneficioso para los republicanos. Según, Van den Eynde, “el Tribunal Supremo ha hecho, nuevamente, una pugna abierta con el poder legislativo, y ha decidido no aplicar la reforma del Código Penal”. Por un lado, dicen las defensas, porque se mantiene la pena por malversación. Precisamente este delito es el que desde un primer momento han negado el tipo porque no había corrupción entre los acusados.
Una tesis que abona el abogado de Bassa, Mariano Bergés, en su escrito resaltar que la ex consejera de Trabajo “no dispuso de fondos públicos para enriquecerse, sino que su conducta respondía al mandato político de celebrar un referéndum”. Por otra parte, añaden, porque se mantiene la inhabilitación absoluta, vulnerando los derechos de representación y participación políticas. Por todo ello, los abogados interpretan y acusan los magistrados de mantener una pena «de una manera irracional: a pesar de que cae el delito más grave, la pena queda intacta». En este sentido, Van den Eynde asegura que “el hecho de que no les rebajen ni un solo día de pena es una cuestión bastante ilógica”.
