Acció Cassandra, la entidad jurídica que defiende la minoría nacional catalana, ha dado el paso. Tal como avanzó la semana pasada, Acció Cassandra ha presentado una querella para personarse como acusación popular a raíz del accidente de Rodalies en Gelida, el pasado 20 de enero, que dejó una víctima mortal y varios heridos. La querella solicita investigar a Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes por homicidio imprudente, del artículo 142 del Código Penal (CP), lesiones imprudentes graves (art. 152 CP) y delito contra la seguridad colectiva, estipulado en el artículo 350 del CP.
La querella apunta causas como la falta de mantenimiento estructural y de inversión preventiva en taludes y drenajes. Asimismo, reclama peritajes independientes y la imputación de directivos técnicos y cargos políticos responsables de la seguridad ferroviaria en Cataluña. La querella sostiene que hay suficientes «indicios de que el desprendimiento no fue un episodio inevitable de causa meteorológica extrema, sino un riesgo previsible y evitable con un mantenimiento adecuado de la infraestructura». La querella solicita la declaración como investigados del ministro de Transportes, Óscar Puente, el actual presidente de Adif, Luís Pedro Marco de la Peña, y su predecesora en el cargo, Isabel Pardo de Vera, así como el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.
Diferentes avisos
La querella destaca la existencia de avisos previos del sindicato SEMAF, que el mismo día de los hechos advirtió por escrito del riesgo de caída de árboles y obstáculos en las vías a raíz del temporal. En el mismo sentido, recuerda las «críticas reiteradas por la falta de mantenimiento preventivo en taludes y muros, y la priorización de nuevas infraestructuras en detrimento del mantenimiento y la seguridad de la red existente».
Por otra parte, enfatizan el hecho de que, a raíz del accidente, «el servicio de Rodalies se ha visto parcialmente paralizado porque los maquinistas han denunciado públicamente que el sistema ferroviario catalán es peligroso por un déficit de mantenimiento estructural». Por lo tanto, concluyen que hay una «infracción sistemática de las obligaciones de mantenimiento y de las normas de seguridad ferroviaria«, en un contexto de subinversión reconocida en el mantenimiento de Rodalies en Cataluña.
