El rey español emérito Juan Carlos I vuelve a estar en el punto de mira por sus maniobras para esquivar la justicia y evitar ser perseguido por fraude fiscal. Un grupo de magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados, expresidentes de la Audiencia Nacional e intelectuales han presentado una querella criminal contra Juan Carlos I por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública —cometidos en las declaraciones de la renta correspondientes al periodo 2014-2018— que consideran que no han prescrito.
Los querellantes aseguran que las dos regularizaciones fiscales presentadas por el rey emérito los años 2020 y 2021 —con el pago conjunto de cinco millones de euros— no cumplen con los requisitos legales, ya que se llevaron a cabo después de que se le hubiese notificado que se había abierto una investigación contra él. “Para que una regularización tenga efectos despenalizadores, debe producirse antes de la notificación de inicio de actuaciones por parte de la Agencia Tributaria”, explican en un comunicado. En concreto, entre la primera notificación y la regularización pasaron siete meses, según ha explicado el magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín.
Además, los delitos denunciados se habrían cometido presuntamente después de la abdicación de Juan Carlos I, por lo que ya no gozaría de la inviolabilidad, el gran argumento de la justicia española para archivar la investigación contra el emérito. A principios de marzo del 2022, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció el archivo de las tres diligencias abiertas contra él, entre otros motivos, por falta de indicios, prescripción del delito, la inviolabilidad del monarca y las regularizaciones fiscales.
En el comunicado publicado este lunes, los juristas e intelectuales critican la decisión del ministerio público y recuerdan que los órganos judiciales pueden determinar, al margen de la opinión de la Fiscalía, “si la regularización es correcta o no se ha ajustado a la legalidad”. Los querellantes insisten en que en el sistema procesal español “la opinión del ministerio fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de justicia mediante el ejercicio de la acción popular”.
