El presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, ha solicitado a la sala segunda del Tribunal Supremo que le entregue el «material requisado por los Mossos d’Esquadra durante el Referéndum de Autodeterminación del 1-O para su custodia, conservación y preservación en el marco de la Oficina del Presidente». De esta manera, solicita la orden de destrucción del material confiscado durante el Primero de Octubre y que sirvió como prueba de convicción para la condena por sedición de los líderes civiles e institucionales del referéndum.

De esta manera, Puigdemont, que se define como máximo «representante institucional de la meta» para justificar su derecho a reclamar todo este material y ser el depositario oficial, en el marco de su oficina como expresidente. De esta forma, también reclama que se suspenda cautelarmente la destrucción del material que había requerido la Dirección General de la Policía de la Generalitat.

Urna de votaci? de l'1-O
Urna de votación del 1-O / Archivo

«Significación institucional»

En su escrito, la oficina del expresidente aduce que los objetos, requisados durante el Primero de Octubre de 2017 por los Mossos d’Esquadra y repartidos en varias dependencias policiales, «están directamente vinculados a un evento de extraordinaria significación institucional, política e histórica, y que forman parte de manera indisociable de la memoria democrática y del legado histórico de Cataluña». En este sentido, advierte que su «destrucción supondría una pérdida irreparable de objetos que merecen ser preservados con el debido respeto a su valor testimonial, histórico y patrimonial».

La petición de Puigdemont se enmarca en la decisión del Supremo en respuesta a la petición de los Mossos para «destruirlo todo excepto una o dos muestras de cada objeto intervenido». La providencia, que difundió El Periódico, instaba a la policía a recoger el material que hay en los almacenes de las regiones policiales y que los envíen al depósito central de la policía catalana, en el Complejo Egara. Un letrado de la administración de justicia levantará acta de la destrucción en el complejo y todo aquello que no se destruya se enviará al Supremo.

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