Este lunes, a las cinco de la tarde, empezará un plenario de la Eurocámara en Estrasburgo, territorio alsaciano bajo administración francesa. Un cambio de escenario –esta vez la sesión no es en el hemiciclo de Bruselas– que podría obstaculizar el trabajo de los eurodiputados independentistas que están en el exilio en Bélgica, el presidente Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Todo ello, a raíz de las dos sentencias del pasado 5 de julio del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que les retiraban la inmunidad a los tres. Por lo tanto, existe el riesgo que el juez instructor del Proceso, Pablo Llarena, reactive las euroórdenes, y complique los movimientos del exilio.
En este contexto, Junts i Lliures per Europa, han pedido una aclaración a la Eurocámara, para saber si pueden ir de Bruselas a Estrasburgo sin riesgo a ser detenidos, puesto que la posición de Bélgica es mucho más garantista que la de Francia. Lo que han consultado es si, después de la sentencia de la semana pasada, tienen garantizada su actividad política como eurodiputados para poder cambiar de sede sin ningún peligro. La respuesta de la Eurocámara, por mail, es bastante difusa y poco garantista. Y el entorno de Puigdemont, recuerda que «antes que eurodiputado es el 130º presidente de la Generalitat». Además, que el presidente español Pedro Sánchez está en campaña y Emmanuel Macron tiene problemas internos. Una combinación que podría poner en riesgo su libertad.
Paralelismos con el que pasó hace cuatro años
La situación es bastante similar a la vivida ahora hace cuatro años. Era 2 de julio de 2019, durante en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, también en la sede de Estrasburgo. Puigdemont y Comín eran eurodiputados electos, pero el TGUE también tuvo un papel trascendental.
Entonces, los magistrados no aceptaron su petición de medidas cautelares contra la decisión del entonces presidente saliente del Eurocámara, Antonio Tajani, de mantener vacantes sus escaños y no reconocerles sus derechos. Una operación de Estado, con helicóptero, avión y una interpretación generosa de dos tratados internacionales hicieron que Gonzalo Boye y Josep Costa, los letrados de los eurodiputados, recomendaran a Puigdemont y Comín no cruzar el puente que unía Alemania con Francia.
Un helicóptero para llevarlos a España en solo 45 minutos
El independentismo preparó una gran manifestación a tocar del Parlamento Europeo. La ANC, el Consejo por la República y el Llamamiento llegaron a reunir, según la policía belga, a 10.000 personas bajo el lema «Llenemos Estrasburgo». Manifestantes que esperaban con resignación en el cruce del puente Joseph Bech, esquina con Rue Lucien Febvre, el milagro que una decisión de última hora del TGUE que no llegó. De hecho, muchos de los concentrados admitían entonces que tenían muy claro que no conseguirían el otorgamiento de las actas de eurodiputados, pero que la intención era hacer oir su voz y la reclamación del europeísmo independentista.
Boye y Costa, así como el resto del equipo del presidente, no las tenían todas no solo por la decisión del TGUE, en parte asumida, sino por la actuación de los servicios de información y policiales españoles. En una conferencia en la Universidad Catalana de Verano (UCE), un mes y medio después de los hechos, Boye explicó que la policía española tenía terminado un operativo para detener y llevar hacia España al presidente y al consejero, con colaboración o connivencia de las autoridades francesas, en “solo 45 minutos” y por vía aérea. A partir de aquí, y recogiendo varios testigos de aquella jornada que se encontraban en torno al presidente al exilio, se pudo deducir cómo estaba preparada y qué legislación pensaba utilizar España para justificar la extradición por la vía rápida.
«Hay gente rara en el hotel»
«Se les veía a la legua», comentan fuentes conocedoras de aquella jornada. «Había un despliegue de agentes de paisano fácilmente detectables», indican. De hecho, una de las mujeres que acompañaba la comitiva advirtió a los abogados que en la cafetería del Hotel de Alsacia donde se hospedaban que «había gente rara». Una vez detectados, el equipo del presidente se distribuyó para hacer funciones de «contravigilancia» para comprobar el número de personas que podían estar siguiéndoles y detectar los posibles sistemas de traslado hacia España.
Una de las miembros del equipo se dirigió, incluso, al aeropuerto. La sorpresa fue que había tres aeronaves privadas, una de ellas «alquilada el día anterior» y «con una bandera extraña» que «nos hizo levantar las orejas». «Hicimos la pregunta a quien correspondía y tuvimos suerte», recuerda uno de los participantes en el operativo de protección. «También nos hicieron dar cuenta de la presencia de un helicóptero», recuerdan en conversación con El Món. Así dedujeron que la operación sería rápida. Si Puigdemont y Comín atravesaban la frontera, los servicios españoles, junto con los franceses, procederían a la detención y traslado al aeropuerto y de aquí hacia España. Todo, con la presunta cobertura legal de dos convenios internacionales.
Málaga, ETA y el Tribunal Supremo
Según pudieron concluir, a raíz de las peticiones y pesquisas llevadas a cabo por el entorno político de Puigdemont, el Estado español quería cubrirse la espalda con la aplicación de dos convenios internacionales. En primer lugar, uno firmado con Francia durante los años de plomo de ETA –cuando Felipe González y François Miterrand eran presidentes–, para persecuciones en caliente que permitía la entrada de efectivos españoles hasta 300 kilómetros dentro del Estado Francés. “Si lo hubieran llevado a cabo, habríamos estado 25 años con la judicatura española para ver si estaban cometiendo un delito o no”, ironizaban fuentes del exilio en aquellas fechas.
Pero, el as en la manga que se guardaba el Estado era el Convenio de Málaga. Un acuerdo de carácter “migratorio” que permite a los estados la entrega de personas reclamadas que se encuentren en una situación irregular en alguno de los dos territorios. “Era una entrega administrativa sin control judicial”, remarcan las mismas fuentes. Fuera cual fuera la legislación elegida para justificar la extradición en España, habría implicado una larguísima batalla judicial, con Puigdemont y Comín entre rejas en una prisión española. A la vista de todo, y con la garantía que Alemania no procedería a ejecutar una operación de estas características después de que el tribunal de Schleswig-Holstein desestimara las pretensiones de Llarena. La recomendación de los letrados fue que «no atravesaran el puente» que unía Alemania con Francia. Puigdemont y Comín se quedaron a 11 kilómetros de la sede de la Eurocámara en Estrasburgo.
Los mismos protagonistas admiten que «no fue ninguna jugada maestra», pero seis meses después los dos volvieron a Estrasburgo con las credenciales y todas las protecciones de inmunidad previstas por el estatuto de eurodiputados, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que admitió su acta. Empezó una nueva etapa. Podría ser que este lunes, a las cinco por la tarde, se repitiera la historia del 2 de julio de hace 4 años. Y quizás también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) vuelva a dar la razón a los independentistas. Una etapa más del Proceso.
