Como un nuevo capítulo remasterizado de
En todo caso, el presidente del tribunal, el pillo Fernando Lacaba, parecía estar intrigado por uno de los misterios más apasionantes del famoso pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 que aprobó las leyes de transitoriedad: el de la publicación de los textos polémicos.
Además de los funcionarios, han pasado por la silla de los testigos los miembros españolistas de la Mesa del Parlamento, como José María Espejo Saavedra, de Ciutadans, o el veterano socialista David Pérez, que solo han recordado a los magistrados lo que alegaron el día de los hechos para oponerse al trámite de las leyes que debían servir para llegar a la independencia de Cataluña. Unos argumentos que recogen las actas de las sesiones. Curiosamente, son exactamente los mismos que utilizan para su acusación el ministerio fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox, que ahora se dirigen contra los exvicepresidentes Lluís Guinó y Lluís Corominas y las exsecretarias Anna Simó i Ramona Barrufet.
Bayona y Muro, presionados por las defensas
El testigo de Antoni Bayona –quién, por cierto, formó parte del grupo impulsor de Poblet que espoleaba Marta Pascal– ha tenido que reconocer, a preguntas de las defensas, que no fue «bastante contundente» a la hora de resaltar a la Mesa que las iniciativas podían topar con los cambios de doctrina expresados por el Tribunal Constitucional. De hecho, los miembros españolistas de la Mesa han asegurado que veían más claras las resoluciones que las interpretaciones de los letrados del Parlamento. En este sentido, Bayona ha insistido en el cambio en la doctrina del Constitucional sobre el papel de la Mesa en los últimos años. El exlletrado mayor ha resaltado que la Mesa no podía hacer de filtro político, porque además, puede ser que una iniciativa parlamentaria cambie de arriba abajo durante su tramitación.
El testigo más interesante, pero, ha sido lo de Xavier Muro, secretario general del Parlamento durante el otoño caliente y que fue defenestrado por la presidenta Laura Borràs. Muro ha detallado que la situación de contexto político en el otoño de 2017 era «complicada». Por un lado, si la Mesa era «muy autorestrictiva», podría vulnerar los derechos de los parlamentarios y políticos, pero si era demasiados abierta podía incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. El criterio era variable hasta que «poco a poco se fueron delimitando los límites de manera más precisa».
La misteriosa publicación de las leyes
Muro, con sus respuestas, ha recuperado uno de los misterios que más enervó los partidos del 155 en su momento: como se hizo la publicación de las proposiciones de las leyes de transitoriedad, es decir, de la ley de referéndum y la de la constitución de una República catalana. Una cuestión que también fue registrada en las actas de las reuniones de la Mesa de la Cámara durante los intensos 6 y 7 de septiembre. En este sentido, hay que recordar que Muro intervino en la primera reunión, donde se admitía a trámite la votación de la proposición de ley del referéndum. Según las actas, y así lo ha refrescado ante el tribunal, manifestó que dio orden a los servicios de la cámara de no proceder a la publicación del texto y que no le constaba que ningún funcionario hubiera participado o colaborado en ello.
Pero la realidad es que esta proposición y las otras aparecieron publicadas en la web del Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña. Esto alteró a la representante del PP a la Mesa, la diputada María José Cuevas, y al secretario segundo, el socialista David Pérez, que pidieron explicaciones por la inmediatez de la publicación y por el «curioso software» que se había utilizado. La presidenta Forcadell dijo entonces que «se habían encargado de hacerlo ella misma, el vicepresidente primero, la secretaria primera y la secretaria cuarta». Ahora bien, sin especificar el método.
Muro ha vuelto a abonar la tesis que ya apuntó en el juicio a los miembros soberanistas de la Mesa que presidía Roger Torrent: “Cualquier persona, con un ordenador, una impresora y un poco de destreza, que conozca como acceder a los documentos que están en tramitación en el Parlamento, podía generar un documento e imprimirlo con una cabecera determinada”, ha explicado. Una narración que no ha acabado de resolver el mecanismo que permitió oficializar las leyes que tenían que servir para hacer la independencia. El misterio, pues, pervive.
Piden la misma pena que en el primer juicio
Al final de la sesión la Fiscalía ha modificado ligeramente sus conclusiones provisionales, pero mantiene la petición de pena de 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para los cuatro acusados por un delito de desobediencia. La Abogacía del Estado ha mantenido sus conclusiones, con la misma petición de pena que la Fiscalía, y Vox también ha mantenido la acusación por desobediencia. Las defensas han pedido la absolución o, si hubiera condena, que se tuviera en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas. De hecho, a estas alturas ya habrían cumplido la inhabilitación del primer juicio si el procedimiento hubiera sido correcto. Este jueves las partes presentarán sus informes finales y los cuatro acusados tendrán derecho al último turno de palabra.
