Al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, se le acumulan los problemas. Igual que hicieron hace unos días Carles Puigdemont y la Fiscalía, la Abogacía del Estado también ha pedido su recusación para apartarlo de las deliberaciones de la veintena de recursos y asuntos relacionados con la ley de amnistía que tiene que abordar el alto tribunal. Macías viene de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha sido uno de los arietes del gobierno de los jueces contra la ley de amnistía aprobada por el Congreso.
En un escrito de unas veinte páginas, los servicios jurídicos del Estado se hacen eco del informe que el CGPJ hizo por encargo del Senado, controlado por el PP, en el cual se alertaba de una posible inconstitucionalidad de la ley. “Ha ocupado cargo público con ocasión del cual ha tenido un extenso conocimiento del objeto del litigio y ha formado criterio con el resto de los consejeros, en detrimento de la debida imparcialidad”, dice el texto. La Abogacía del Estado cita varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalan «poner de manifiesto al tribunal circunstancias objetivas, constatables y de entidad que pueden afectar la imparcialidad objetiva del juzgador y que hacen imprescindible aclarar la sombra de parcialidad que proyecta, declarando la existencia de un prejuicio manifestado sobre el objeto litigioso».
En el caso de Macías, los servicios jurídicos del Estado consideran que la parcialidad del magistrado queda patente con el informe que redactó el CGPJ. «Macías, formando parte del Consejo General del Poder Judicial, en su calidad de vocal, participó en la emisión del referido Informe, de fecha de 21 de marzo de 2024, el resultado mayoritario del cual fue contrario a la constitucionalidad de la entonces proposición de ley que dio lugar en la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, y la mayoría concluye la inconstitucionalidad de la dicha proposición de ley de acuerdo con los argumentos que se exponen”.
La Fiscalía General del Estado, contra Macías
En su escrito, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, reclamó la recusación de Macías para que no pueda participar en la deliberación de los recursos de inconstitucionalidad y cuestiones de inconstitucionalidad presentadas y que el Tribunal empezará a tramitar en breve. Ortiz recuerda que Macías “participó directamente, contribuyendo y apoyando con su voto favorable, en al menos dos actuaciones institucionales de este órgano se pronunció, de manera oficial y pública” contra ley de amnistía. La primera fue un informe sobre la constitucionalidad de la ley cuando todavía no se había redactado —y, por lo tanto, no se conocía el contenido— y después el ya mencionado informe encargado por el Senado. Dos informes que, a parecer de Ortiz, “determinan objetivamente la existencia de causa de recusación”.
El Tribunal Constitucional ha empezado a prepararse para abordar la multitud de recursos de inconstitucionalidad y de cuestiones de inconstitucionalidad contra la aplicación de la ley de amnistía con varias recusaciones sobre la mesa. Además de Macías, también tienen incidentes de recusación los magistrados Juan Carlos Campo, exministro de Justicia; y Laura Díez, además del propio presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido.
