Cinco años después de la fecha marcada para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP mantiene el bloqueo y se muestra en contra de sustituir las caras si no se cambia el sistema de elección: «Queremos que sean los jueces los que escojan los jueces. (…) Si esto se acepta, podremos hablar, en caso contrario no. Esta es nuestra posición», ha defendido el portavoz de los populares, Borja Sémper, este lunes por la mañana en rueda de prensa. El portavoz defiende que su negativa a desbloquear el CGPJ es firme porque, según su partido, trabajan para «despolitizar el órgano de gobierno de los jueces». Ahora bien, independientemente de los argumentos que usen, la realidad es que hace cinco años que el CGPJ actúa con los mandatos caducados.
Los populares comparan su derecho a negarse a renovar el CGPJ hasta que el sistema de elección de los jueces no se adecue a sus demandas: «Si el presidente del gobierno ha hecho a Juntos una ley de amnistía a la carta porque necesita sus siete votos, el PP que tiene 137 escaños, ¿no puede reclamar también que el CGPJ, su composición y elección, responda al que nosotros creemos?», espeta Sémper. El portavoz de los populares también ha hecho referencia a la reunión que han mantenido Junts y PSOE este sábado en Ginebra con la participación de un verificador salvadoreño. «Queremos saber de qué se está hablando en Suiza y a que tiene que dar el visto bueno un señor de Salvador, con todo el respeto», asevera el portavoz de los populares. Es bajo esta premisa que ya ha avanzado que reclamará «explicaciones» en el Congreso y en el Parlamento Europeo.
Las reclamaciones del resto de formaciones
Mientras que los populares mantienen su negativa a renovar el Poder Judicial, el resto de partidos que conforman el hemiciclo reclaman a los populares que rectifiquen y desbloqueen el CGPJ. Y no solo lo piden las formaciones políticas. La asociación Jueces por la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales también han pedido este lunes la dimisión del presidente y los vocales del CGPJ: «Esta anomalía institucional supone un evidente perjuicio por la sociedad y la organización judicial«, lamentan en un comunicado conjunto.
