Nuevo frente españolista contra elementos que interpretan como señales o símbolos independentistas. Esta vez contra la llamada «identidad digital republicana» (IDR), el carné que emite el Consejo de la República y que, a raíz de varios convenios, sirve para hacer gestiones, tramitar o comprar con varios ayuntamientos, así como empresas. La entidad Sociedad Civil Catalana (SCC) ha informado este mediodía la remesa de un «requerimiento» al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para que adopte «las medidas necesarias para impedir la utilización de la conocida como
En concreto, SCC pone la lupa en los municipios de Vic, Olvan, Amposta, Santa Eugènia de Berga, Bescanó, Torres de Segre, Artés, Arbúcies, Amer, Sant Pol de Mar y Sant Feliu de Pallerols. Localidades donde los consistorios han firmado convenios de colaboración con el Consejo de la República para poder hacer uso de esta identidad. El aviso de SCC tiene una doble intención. En primer término, evitar el uso de la IDR en las localidades que han subscrito convenios con el Consejo de la república. Y, en segundo término, envolver la Generalitat en un proceso administrativo y con el trasfondo de una denuncia por desobediencia.
«Exceder los límites legales» y unos antecedentes
En un comunicado, la entidad alerta que «la utilización de la
En este sentido, la entidad unionista opina que los acuerdos adoptados por los municipios que han firmado los convenios «se inmiscuyen en el ámbito de las competencias del Estado español, pretendiendo constituir una identidad digital catalana diferenciada de la española». Una realidad que «resulta del todo incompatible con aquello que preceptúa el artículo 1 de la Constitución española». Incluso, SCC recuerda «precedentes jurídicos» en casos que asegura son «similares».
Así expone que en 2003 en el País Vasco y Navarra se resolvieron recursos contencioso-administrativos presentados por la Abogacía del Estado contra acuerdos municipales referentes a la expedición del que se denominó documento de
