La política tiene extrañísimas conexiones, o más bien casualidades, pero la política judicial española todavía más. Lo demuestra la decisión de este miércoles del presidente español, Pedro Sánchez. La decisión de plantearse dejar la Moncloa y abrir un periodo de reflexión hasta el lunes, a las puertas de una campaña electoral clave como la de las elecciones en el Parlamento del 12 de mayo, tiene teóricamente una razón que ha hecho derramar el vaso. En concreto, la investigación que dirige un juzgado de Madrid contra su mujer a raíz de las diligencias abiertas por las peticiones de la organización de ultraderecha Manos Limpias. Una decisión que hay que poner en contexto con la de hace un mes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo que restablecía en la vida pública al supuesto sindicato.
De hecho, Manos Limpias era ya una organización postergada y arruinada después de la condena de su principal líder, Miguel Bernard, por parte de la Audiencia Nacional en el marco del caso Ausbanc, por delitos de extorsión y estafa. Una condena que topaba con la importancia que el supuesto sindicato había tenido en la agenda política española actuando como una fiscalía en la sombra, cuando el ministerio público no quería entrar en el barro del lawfare o de las operaciones orquestadas desde la policía patriótica. Manos Limpias fue, por ejemplo, la acusación popular que se utilizó para condenar a la mesa del Parlamento Vasco, después de que la fiscalía se retirara de la causa, por haber permitido la continuidad del grupo parlamentario de Herri Batasuna. También buscó las cosquillas al presidente Artur Mas según se constata en los diarios y agendas del comisario de inteligencia jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo.
Ahora bien, el pasado 17 de marzo, la poderosa sala de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, decidió perdonar a los dirigentes de Manos Limpias, de tal manera que restituían su papel de asociación de referencia para trifulcas políticas en el ámbito judicial. Curiosamente, los magistrados en la resolución justificaron la absolución porque si bien era «reprobable éticamente lo que hacían, sus conductas quedan lejos de ser un delito». Entre los magistrados que firmaban la sentencia, además de Marchena, había el juez instructor del Proceso, Pablo Llarena; instructora del caso Tsunami Democrático, Susana Polo; el magistrado que propuso investigar Carles Puigdemont en el Supremo, Juan Ramon Berdugo y Leopoldo Puente.
Una absolución para diferenciar la ética del Código Penal
En la sentencia número 235/2024, a la cual ha tenido acceso El Món, los magistrados absolvían a Luis Pineda, director de Ausbanc, Miguel Bernad, director del sindicato Manos Limpias, y dos colaboradores más de su entramado comercial para obtener ingresos a través de presiones informativas o advertencias de demandas judiciales. Pineda fue condenado a cinco años de prisión como autor de un delito continuado de extorsión y a tres años como autor de un delito de estafa. Miguel Bernad fue condenado como cooperador necesario de un delito de extorsión consumado y de otro continuado, respectivamente, apenas de tres años y un año de prisión. Los otros dos fueron condenados, como cómplices, a un año y a seis meses de prisión, respectivamente.
El argumento de la absolución fue que las “presiones” que hacían, si bien “podían resultar censurables en un plan de valoración ética, no tenían bastante cuerpo para satisfacer el concepto de intimidación”. Los magistrados insistían, en este caso, que “hace falta rechazar de manera expresa una interpretación hiperextensiva del precepto de la intimidación”. Curioso porque este tribunal se ha caracterizado por hacer una interpretación bastante extensiva de varios tipos penales. Además, añadían que Manos Limpias y Ausbanc presionaban en grandes bancos y empresas del Ibex 35 que disponían de “servicios jurídicos potentes” para no tener que temer las acciones de Manos Limpias o Ausbanc. Ahora la organización de derecha extrema vuelve a estar en primer plano de política española.
