El próximo lunes se reanuda el juicio contra los Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional. El programa previsto era que testificara, a petición de la defensa de Mercè Gironès –exesposa de Jordi Pujol Ferrusola y coacusada–, Victoria Álvarez, examante del primogénito del presidente y que fue la clave de bóveda y pretexto para iniciar la investigación oficial contra la familia. Pero, este viernes, la defensa de Gironès, en manos del abogado Oriol Rusca, ha desistido del testimonio, según ha podido saber El Món. Ahora deberá ser el tribunal de la Audiencia Nacional, que preside José Ricardo de Prada, quien admita la renuncia o no. Hasta ahora, no ha impedido ninguna renuncia ni tampoco ha trasladado a las partes que no habían solicitado algún testimonio renunciado. Sin embargo, sí podría considerar que, una vez un testimonio ha sido citado, este queda en manos del tribunal y no de la parte que lo propuso. Pero, estratégicamente, y a la vista del cariz que ha tomado el juicio, parece que por ahora a nadie le interesa lo que pueda responder Álvarez. Sobre todo a las acusaciones, ya que, con un interrogatorio bien conducido, las defensas podrían remarcar su papel en la operación y la funcionalidad de los fondos reservados que podría haber percibido. Pero es que las defensas tampoco querían hacer un espectáculo con un testimonio que la misma instrucción ya ha amortizado y que en una sala de vistas puede enredar sin necesidad.
Es necesario tener presente que tanto el ministerio público como la Abogacía del Estado aseguran que el inicio del caso fue la comisión rogatoria a Andorra, posterior a la publicación de la captura de pantalla con la que El Mundo informaba de las cuentas de la familia Pujol en Andorra. Pero las defensas han introducido pruebas que, a ojos del tribunal, pueden generar una duda más que razonable que hace pensar que un elemento clave del origen del caso fue Álvarez y su conexión con el diplomático Jorge Moragas, el todopoderoso jefe de gabinete de Mariano Rajoy. Una historia con personajes, escenarios y complicidades que, con el paso de los años y los indicios aparecidos, ha cobrado todo el sentido del mundo.
‘Salmorejo’, detectives y el PSC
El 7 de julio de 2010, en el restaurante La Camarga –ahora ya cerrado–, se celebra un encuentro que se podría calificar de muchas maneras pero no de discreto. Comen Victoria Álvarez y Alícia Sánchez Camacho, la entonces líder del PP en Cataluña, valor en alza por su complicidad con María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del partido. La comida, sin embargo, no era para preparar un encuentro de encajeras. Era un cónclave organizado con el PSC para grabar los secretos que podía contar Álvarez sobre los Pujol. La hoja de encargo de la agencia de detectives Método 3 –que debía grabar la cita– es del 26 de mayo de 2010, y lleva el número de expediente 20.178. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investigó el caso, remarcó en su informe que los socialistas no habían pagado el IVA de la factura.
En todo caso, entre jamón, salmorejo y arroz caldoso de bogavante, Álvarez cuenta supuestos negocios de Jordi Pujol Ferrusola y de la familia e hipotéticos viajes a Andorra llevando de un lado a otro dinero en efectivo. La información aportada por Álvarez debía quedar en una estantería de los partidos, ante la inminente convocatoria electoral al Parlamento de Cataluña que señalaba una victoria de CiU, liderada entonces por Artur Mas. Una información que se podía utilizar en campaña o bien, en una virtual negociación de investidura, hacer subir el precio del apoyo a Mas y, por tanto, de alcanzar poder en la administración de la Generalitat.
El PP y el PSC tenían información delicada y muy útil que creían que podría detener la ola soberanista que se vislumbraba desde la manifestación de julio de 2010 por la sentencia del Estatut –nueve meses después de la consulta soberanista de Arenys de Munt, el 13 de septiembre de 2009–, a la cual CiU se había sumado. La utilidad de Álvarez, sin embargo, llegaría sobre todo por dos elementos adicionales. Por un lado, el accidente de Juan Carlos de Borbón en Botswana: había que buscar un foco de atención para detener el escándalo. Por otro, la aparición del 15-M y el efecto detonante del adelanto electoral anunciado por Artur Mas tras la negativa de Mariano Rajoy a negociar un pacto fiscal.
Villarejo entra en escena
Una vez se convocan elecciones, la policía patriótica se pone en marcha. Una de sus primeras actuaciones será la visita del comisario de inteligencia José Manuel Villarejo, ahora jubilado, a Sánchez-Camacho. Fue el 6 de noviembre del 2012, justo en campaña para las elecciones al Parlamento. El encuentro es en casa de la entonces líder del PPC. En esta conversación, Camacho centra la pelota y pide al comisario que preste atención a un nombre del cual se fía “relativamente”. “Es una persona que se llama Vicky”, informa. Le pasa el teléfono y le hace una descripción y le pasa los datos por donde considera que es indispensable que inicie el contacto.
El encuentro no es casual. La conexión la ha facilitado María Dolores de Cospedal, con la intermediación de Moragas, que conoce a Vicky Álvarez y que durante el mes de agosto de 2012 ha contactado con ella con la intención de que hiciera una entrevista o una declaración judicial, para poder imputar a Jordi Pujol Ferrusola. Villarejo se cita con Victoria Álvarez y se hace pasar por un tal Javier. La convence y será el 13 de diciembre de 2012 que Rafael Redondo –y Villarejo, como Javier– cuando le hacen el «guion» de la denuncia que deberá presentar a la UDEF, en concreto, en el complejo policial de Canillas, en Madrid. Álvarez declara a la policía lo mismo que explicó en la comida de La Camarga, en una versión corregida y aumentada, y reclama los 119 euros del AVE a los policías patrióticos. Estos hechos fueron grabados y fueron aportados por la Unidad de Asuntos Internos a la causa Tándem y se elaboró un profuso informe al que ha tenido acceso El Món.
«Te haré un monumento»
Después de presentar la denuncia policial, aparece de nuevo Moragas. El entonces jefe de gabinete del presidente español le envía un mensaje de WhatsApp pasados dos minutos de las siete y media de la tarde, preguntándole: «¿Pero qué has hecho?». Una pregunta socrática, porque ya tenía conocimiento perfectamente de lo que había hecho, como describe la conversación, a la que también ha tenido acceso El Món. De hecho, que es una pregunta retórica se constata en la primera respuesta de Álvarez: «Lo que me pediste. ¿No me pediste que hiciera una declaración?».
Álvarez le explica que le ha llamado porque ha comido cerca de Génova, en referencia a la calle donde está la sede del PP. La respuesta de Moragas no puede ser más expresiva: «Uauuu, haré un monumento a tu cuerpo». La respuesta de Álvarez, concluyente: «Mi cuerpo ya es un monumento». Álvarez, ya fuera de bromas, le pide que, por favor, deben verse en persona. Comenzará la segunda parte de la relación, que implicaría el cobro de fondos reservados.
Fondos reservados y hacia la Audiencia Nacional
La relación de Álvarez con las maniobras de la cloaca policial y política no terminan aquí. Ni mucho menos. La relación con Villarejo continúa, con permiso expreso del Ministerio del Interior, sobre todo del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con Jorge Fernández Díaz de ministro. También se apunta el conocimiento del gabinete del ministro de las condiciones económicas de Vicky Álvarez. Incluso, Cospedal mostraba inquietud por si un día se supiera que cobraba fondos reservados, tal como quedó claro en una reunión entre la entonces ministra de Defensa y Villarejo el 12 de septiembre de 2017.
Los diarios y agendas de Villarejo, a los que ha tenido acceso El Món, detallan los cobros y las vicisitudes que implicaban. Hasta el punto de que el 19 de mayo de 2015, Álvarez “reclama una compensación vitalicia» por todo lo que ha hecho «en Cataluña”. Otro de los muchos apuntes es categórico. Es del 30 de septiembre de 2013 y se queja a Villarejo de que “tardan en pagar”. El cuatro de noviembre de 2013, Victoria Álvarez solo reclama que quiere cobrar su mensualidad. Asimismo, el 11 de mayo de 2015, Antonio Giménez Raso, uno de los miembros del equipo de Villarejo en la operación Cataluña, comunica al comisario que ha llevado una “copia escaneada” de todos los recibos de Victoria Álvarez. Todo con el conocimiento del Partido Popular y del gabinete del ministro del Interior.
Álvarez declaró el 17 de enero de 2013. Pero no fue sola. La operación se preparó con calma. En concreto, Villarejo llamó a Marcelino Martín Blas, entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), desde Atocha, donde debía recoger a Álvarez. Villarejo, que siempre va a los puntos de encuentro una hora antes de la cita para «observar el horizonte», la espera y la llevará a una cafetería, donde hay dos policías de paisano que, «hablando de ropita» y «fumando un cigarrillo», la acompañarán hasta la Audiencia Nacional a declarar. Una declaración, sin embargo, de la cual ni el juez instructor, entonces Pablo Ruz, no hizo caso. La fiscalía, sin embargo, la reactivará el 28 de julio de 2014, justo después de la publicación de la captura de imagen de las cuentas de los Pujol en El Mundo.
