El juicio contra la familia Pujol Ferrusola ha llegado ya a la decimocuarta jornada. Y, nada nuevo bajo el sol. Un nuevo día con una multitud de testigos que tampoco han seguido un hilo conductor razonable. Al contrario, el guion del juicio tiene más cambios que un serial de tarde de TV3. Entre bajas por defunción, testigos no encontrados, añadidos, confundidos o citados para declarar a los que la edad les pasa factura, la vista siempre es una sorpresa, hasta el punto que la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, con el abogado Cristóbal Martell –con barba recortada– en la sala, ha tenido que rogar al presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, un par de minutos para poder preparar el interrogatorio a una testigo que hoy no estaba prevista y que se ha incorporado al juicio a última hora.
Este martes, el juicio ha servido para volver a mostrar la tendencia clamorosa a la prospección de la causa. Es decir, haber buscado y rebuscado en los fondos de armario cualquier actividad empresarial o financiera susceptible de convertirse en un presunto delito. Y, curiosamente, no ha sido hasta la decimocuarta jornada que ha aparecido por primera vez otro hijo del presidente Jordi Pujol, Josep: por unos minutos, solo por unos minutos, Jordi Pujol Ferrusola ha dejado de ser el protagonista. El menú del día lo han configurado langostas y gambas, Argentina, una cadena de fast-food, un abogado de banca que no se atrevió a preguntar a sus «únicos clientes» qué habían hecho con su cuenta y el viejo sistema de las «compensaciones».
La debilidad de los testimonios, solicitados por las acusaciones, han espoleado al fiscal Fernando Bermejo a sacar el espantajo del caso Palau. Martell, hábilmente, ha pedido parar el juego y ha recordado al tribunal que en el caso Palau no había ningún Pujol imputado. Un recordatorio que ha captado a la primera el tribunal. De hecho, esta dinámica de recordar imputaciones que no vienen al caso parece más un vicio que una costumbre del ministerio fiscal. Para Bermejo, haber sido imputado y posteriormente absuelto o exculpado ya es símbolo de delincuente, un principio que chirría con lo que se ha convenido en definir como ‘estado de derecho’.
De Argentina a las gambas
El primer testigo, el único presencial de la jornada, ha sido Carlos Lorenzo García-Faure, un apoderado de la contratista OHL que participó en el consorcio de Puerto Rosario a través del Puerto de Tarragona. Poco ha aportado a la sesión más allá de remachar el clavo de una operación que se puso en marcha y en el plazo de dos años se dejó estar por la poca seriedad de los socios argentinos. En el caso de OHL, porque el entonces vicepresidente de la constructora ordenó salir del proyecto porque había iniciado otros proyectos en Argentina.
Aún al otro lado del océano, ha testificado Juan José Baro, un hombre de Panamá que era el administrador de la empresa IPROMAR OCEAN SA. Según la UDEF, esta empresa recibió transferencias a Andorra en el año 1997. Esta compañía tenía inversiones en EE.UU. y en México, siempre siguiendo el relato de la policía y de la fiscalía. Baro, sin embargo, que ha admitido que había hecho negocios con Jordi Pujol Ferrusola, no ha admitido que fueran sobre importación de tabaco.
El testigo, un hombre mayor y con serios problemas técnicos para entender las preguntas y responderlas, ha aprovechado para explicar cuál era su actividad y ha generado una de las situaciones más surrealistas vividas hasta ahora. Baro ha explicado que su especialidad era la importación y exportación de «langostas y gambas». Así, ha explicado al ministerio público que la «langosta, por si no lo sabían, es un marisco muy valorado». En este contexto, el fiscal, creyendo que el testigo tiraba balones fuera, le ha recordado que estuvo investigado por contrabando de tabaco en Panamá. Baró le ha replicado que lo investigaron pero que no lo condenaron porque todo era una invención periodística. En definitiva, el testigo se ha escabullido con destreza de aclarar qué negocio había montado con el primogénito de Jordi Pujol. De hecho, no le ha hecho falta.
Compensaciones y un abogado de banqueros que no pregunta cosas fundamentales a sus clientes
Una vieja tradición de la supervivencia humana recomienda que, si te has de pasar de listo, se debe hacer con gente que no sea más lista que tú. Una premisa que se ha incumplido en un testigo de la acusación, Andreu Claret Rucabado, que aparecía como uno de los beneficiarios de dos transferencias de Jordi Pujol Ferrusola. Un movimiento fruto de lo que se conocía como «compensaciones», movimientos entre clientes del mismo banco y administrados por un mismo gestor hechos sin conocimiento de los mismos clientes. Un sistema para repartir dinero en efectivo que podía llegar a la entidad y que no podían ingresarse de golpe en una misma cuenta.
En concreto, Rucabado habría recibido dos transferencias, una de 90 millones de pesetas y otra de 12 millones, en el año 1992 y 1993. «Si hubiera recibido ese dinero estaría en Paraguay», ha comentado al tribunal. Eso sí, ha admitido que se enteró de este movimiento cuando en el año 2014 la UDEF se lo explicó, cuando lo citó a declarar durante la instrucción del caso. Su hermana, con quien también compartía la cuenta por «si acaso», le pasaba algo. Claret ha admitido que había trabajado para el Síndic de Andorra, pero que después pasó a ser el abogado «de una familia andorrana» durante quince años y después se incorporó como asesor del Gobierno del principado.
En el turno de preguntas de la defensa, Martell le ha pedido que explicara para qué misteriosa familia andorrana trabajaba. El testigo ha sido reacio a responder, pero el presidente del tribunal lo ha obligado a contestar porque era una pregunta muy concreta. Claret ha confesado entonces que trabajaba para la familia Reig, es decir, los propietarios de la Banca Reig, donde tenía la cuenta y la entidad que hacía las compensaciones. La repregunta era previsible: «¿No pidió explicaciones a sus antiguos clientes de una transferencia de 90 millones cuando la policía le hizo saber que estaba registrada?» El silencio ha ocupado la sala de vistas. Finalmente, ha contestado: «No, porque ya no tenía ningún contacto», ha respondido después de pensarlo. No ha habido más preguntas.
Josep Pujol, calienta, que sales
Por primera vez y después de casi quince jornadas finalmente ha salido a escena otro hijo de Jordi Pujol, en este caso Josep. Todo por la relación que tenía con Juan Manuel Rosillo, un inversor que murió en Panamá y que la policía patriótica sospechó que había sido asesinado. El ministerio público había cosido unos ingresos que provenían de una cuenta del antiguo Banco Zaragozano –del cual era titular la sociedad COLIL CAPITAL NV– y que se habían depositado en Andorra –en concreto, 146.490 dólares, el 19 de junio de 1997– y el hecho de que su hermano Jordi también pagara en una cuenta de la mercantil BUXTEHUDE HOLDING BV en España dinero que provenía de Andorra. Ambas compañías eran participadas por Rosillo. La tesis del fiscal era que las transferencias eran pagos de comisiones.
Pero el testigo Rafael Carlos Serratosa ha centrado la pelota. Serratosa era el administrativo de las empresas de Rosillo y ha reconocido que conoció a Josep Pujol Ferrusola por un viaje a EE.UU., precisamente, por una operación de salida a bolsa de una cadena de fast-food establecida en Austin, en el estado norteamericano de Texas, con el nombre de SCHLOTZSKY’s. Rosillo buscaba financiamiento para la operación de salida a la bolsa norteamericana y los hermanos Pujol pusieron dinero que después se liquidó a través de las empresas de Rosillo, donde se hicieron transferencias de dinero. La cadena salió a bolsa y con la recapitalización devolvió el dinero a los primeros inversores a través de sus sociedades. Y así lo ha explicado a preguntas precisas de las defensas. Incluso, ha reconocido un manuscrito aportado por la UDEF donde se avala la tesis de las defensas de que el dinero procedía de la operación financiera de la cadena de comida rápida, que tuvo éxito. Rosillo, sin embargo, no podrá explicarlo.
El caso Palau, a la desesperada
Los dos últimos testigos han sido un bonus track inesperado porque buena parte de las defensas no se habían enterado de que se habían adelantado de día. En primer término, una de las administradoras de Hispart. En concreto, Maria Teresa Montserrat. Una empresa que hacía montajes de sonido y audiovisuales y que entre sus clientes tenían CDC. La intención del fiscal era relacionar a Jordi Pujol Ferrusola y CDC y la financiación irregular del partido. En concreto, por unos ingresos en una cuenta de descuento en Fibanc, donde CDC había hecho ingresos para pagar las facturas pendientes de la campaña de CiU al Parlamento de Cataluña del año 1999.
Bermejo al ver que la administradora naturalizaba los hechos de que la empresa recibía el dinero en una línea de financiación y descuento propio ha sacado el espantajo del caso Palau. «¿No fue condenada Hispart por corrupción en el caso Palau?», ha preguntado Bermejo. Una pregunta que ha hecho saltar a las defensas como un resorte y, dirigiéndose al tribunal, Martell ha preguntado: «¿Había algún Pujol en el caso Palau?». La respuesta es obvia: no. Un aviso a navegantes emitido a las acusaciones y es que siempre debe haber límites, aunque sea en un caso contra los Pujol.
