En un juicio lo que siempre se necesitan son explicaciones. Técnicamente, se pueden llamar coartadas: aunque pueda parecer un término cinematográfico, es bastante ilustrativo de cuál es el objetivo de una vista oral. Es decir, poder discernir los hechos, acreditarlos y crear una verdad judicial y, puestos a hacer, si sientes unos cascos de caballo galopando, pensar que también pueden ser cebras. El ejemplo se vivió en la novena jornada del caso Inipro, sobre las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Tarragona con el socialista Fèlix Ballesteros como alcalde, por el supuesto desvío de fondos de servicios sociales para hacer campañas a su favor y del PSC.
La vista de este viernes debía servir para averiguar cómo es que el alcalde firmaba facturas de contratos caducados y, sobre todo, encontrar una explicación lógica de por qué las facturas estaban en la caja fuerte del consistorio tarraconense. Un lugar sospechosamente inusual para guardar un expediente contable teniendo en cuenta que era, simplemente, un programa para «promocionar el asociacionismo entre los recién llegados». La principal testigo, la jefa de contabilidad del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST), aportó detalles de los dos hechos que seguramente las acusaciones aprovecharán en sus informes finales. De rebote, la jornada también sirvió para aclarar las relaciones entre Inipro e Itinere, dos de las empresas que concurrieron formalmente a la adjudicación. El testimonio fue muy importante de cara a una de las testificales estrella del juicio, prevista para el 3 de noviembre, la del secretario del Ayuntamiento.
La caja fuerte
La testigo intentó explicar cómo es que la Guardia Civil encontró las facturas de los servicios que hacía Inipro en la caja fuerte del IMSST. Según su relato, todo fue a raíz de la reunión del consejo de administración de marzo de 2013, donde el presidente del comité de empresa alertó de posibles irregularidades relativas a Inipro. «Me llamó el interventor y me dijo que cogiera toda la documentación contable, que hiciera fotocopias y que el original lo guardara en la caja fuerte», remarcó. En este sentido, añadió que dio «algunas», especialmente a miembros del consejo rector -entre ellos, representantes de partidos políticos- y a secretaría. A la vez, expuso que a ella las facturas le llegaban a través del registro «informatizado» y que el gerente –ahora acusado, Antonio Muñoz– nunca le dio ninguna en mano.
La misma tesorera también expuso que Ballesteros, siempre firmaba todas las facturas que les presentaban de contratos que habían caducado. Siguiendo este hilo, en los años de los hechos -entre 2010 y 2013- no había suficiente personal y había muchos servicios que agotaban el contrato pero que se continuaban prestando. En estos casos, quien autorizaba el pago era el alcalde. Según la trabajadora, el gerente del IMSST le dijo que aunque el contrato estuviera caducado el trabajo se había hecho y, por tanto, «se tenía que pagar». Era la fórmula del enriquecimiento injusto que también concretó el interventor del consistorio en los mismos años durante su testifical.
Seis meses caducado
Siguiendo el hilo de la testifical, el contrato de Inipro se adjudicó por seis meses y muchas de las facturas llegaron una vez había expirado la adjudicación. Por eso, justificó que la «factura del servicio no se podía contabilizar porque no tenía crédito». «Hablé con el gerente y el interventor; me dijeron que era necesario que el servicio se siguiera prestando», añadió la testigo. Asimismo, reconoció que «no se había hecho ninguna prórroga» del contrato, «no se había tramitado nada». Eso sí, aseguró «desconocer las circunstancias del por qué de la falta de tramitación». De todas maneras, intentó cubrir la falta de previsión al afirmar que «no le era extraño, ya que en aquellos tiempos diversos servicios que se prestaban a servicios sociales tenían el contrato caducado, pero que por la necesidad de hacerse, se prorrogaban sin volver a licitar». Era el procedimiento de enriquecimiento injusto, un concepto que ha aparecido de manera recurrente a lo largo de la vista oral.
El sistema suponía que la interventora del IMSST emitía informes -hizo hasta siete en el caso de Inipro- donde explicaba «que no había contrato y que eso no era correcto». Después de este primer documento, «hay un informe del interventor más exhaustivo», de carácter jurídico, y el siguiente paso «es que vaya a alcaldía» acompañado de una «resolución de autorización del pago». Las resoluciones llegaban a la mesa de Ballesteros. Una vez firmadas, volvían al IMSST y allí se contabilizaban y pagaban. «Si alcaldía no hubiera firmado, la factura no se habría pagado», sentenció. La declarante no supo precisar cuántas facturas llegó a tramitar pero dijo que todas juntas sumaban «unos 100.000 euros y algo». El contrato en origen era de 61.000 euros.
