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Decimotercera jornada del juicio sobre las irregularidades del Ayuntamiento de Tarragona durante el mandato del prohombre del PSC Josep Fèlix Ballesteros. Según las acusaciones, el caso se basa en la contratación de una empresa afín al PSC y que da nombre al caso, Inipro: debía fomentar, a través de los servicios sociales del consistorio, el asociacionismo entre los recién llegados, pero en realidad encubría el pago de ciberactivistas a favor de Ballesteros y del PSC. Este viernes se han reanudado las declaraciones de los acusados, después de que este jueves terminara Ballesteros defendiendo su gestión y las políticas del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST).

Precisamente, la lista de declaraciones de la mañana era bastante interesante, porque declaraba Teresa Victoria Pelegrín, la concejala de Servicios Sociales, que ayer Ballesteros elogió. El alcalde la quería para Urbanismo, pero finalmente la destinó a la macroárea de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la presidencia del IMSST y de la empresa Actuaciones Urbanas, SA. Para las acusaciones, su figura era parte trascendental del entramado porque como presidenta del IMSST, la entidad que contrató Inipro con una adjudicación negociada sin publicidad.

De hecho, Pelegrín aprobó el pliego de cláusulas de contratación, impulsó el concurso y adjudicó a Inipro el contrato el 13 de agosto de 2010. La idea subyacente de su declaración ha sido no negar los hechos, pero sí la autoría. Es decir, ignorando para qué se utilizó el personal de Inipro, cumplió con su trabajo, firmando una adjudicación porque los servicios técnicos la avalaban. Unas decisiones que tomó porque «todo era correcto». También ha declarado Begoña Floria, portavoz del gobierno Ballesteros, y Enriqueta Aznar, la técnica que elaboró el informe de necesidad que justificó la contratación de Inipro.

«Todo era correcto»

Pelegrín solo ha contestado a su defensa, dirigida por Pau Ferrer, y ha iniciado sus explicaciones detallando que fue concejala desde 2007 hasta 2013. Desde 2016 ya no es militante del PSC, y además, nunca participó en el grupo de ciberactivistas que, en principio, encubría la licitación de Inipro. Pelegrín ha remarcado que su presidencia en el IMSST era básicamente la «dirección política» de la entidad y establecer las «líneas estratégicas», no su administración y gestión del día a día, sin poder hacer una supervisión de cada actividad que se llevaba a cabo porque era «materialmente imposible».

La exconcejala también ha defendido haber nombrado gerente al otro coacusado, el médico Antoni Muñoz, por su experiencia y formación y no solo por su militancia en el PSC. «El Ayuntamiento y el IMSST valoraron positivamente su nombramiento», ha remarcado en referencia a quien la acusación ve como el contratador, junto con Gustavo Cuadrado, de Inipro. En cuanto a la contratación de Inipro, Pelegrín y su abogado han sido suficientemente hábiles para enmarcar su relato en el hecho de que solo firmó los papeles que los servicios técnicos le aportaron sin tener relación ni con Inipro ni con el control del servicio concreto que se daba.

De esta manera, Pelegrín ha expuesto que la necesidad del contrato -fomentar el asociacionismo entre los recién llegados, con número 130/2010- estaba «justificada» y que el secretario delegado del IMSST, «la avalaba» e «informaba favorablemente la demanda». Por lo tanto, firmó el pliego de condiciones pero «no participó en invitar, ni recomendar las empresas porque se encargaron los técnicos y la gerencia». «Nunca oí hablar de Inipro ni de Itinere», es decir, las dos empresas vinculadas que licitaron. «Nunca tuve ningún tipo de control», ha añadido. Además, ha dicho que el primer documento de adjudicación provisional del contrato fue en agosto de 2010 y lo firmó el vicepresidente del IMSST porque ella estaba de vacaciones. La licitación definitiva fue al volver de las vacaciones, en septiembre de 2010. «Todo era correcto», ha subrayado recordando que todos los documentos e informes avalaban la adjudicación.

La concejala portavoz Begoña Floriá, en un momento de su declaración donde ha defendido el papel de los ciberactivistas de Inipro/QS
La concejala portavoz Begoña Floriá, en un momento de su declaración donde ha defendido el papel de los ciberactivistas de Inipro/QS

Pago «común» pero «no habitual»

En cuanto a la prórroga del contrato, sí admitió cierto desorden en la licitación porque le dijeron que los contratos negociados sin publicidad no se podían prorrogar. Pero, como el servicio se prestaba y se había prestado, debían pagarse las facturas. «Yo hacía reuniones con los técnicos referentes los viernes y explicaban la evolución de los servicios», ha aclarado. De hecho, ha reconocido que tenía previsto hacer prórrogas porque los pagos por la fórmula «de enriquecimiento injusto de la administración» era «improcedente». «Bueno, este pago era común en las administraciones, pero no habitual», ha señalado. Por ello, «no había ningún informe negativo para pagar las facturas».

Cuando estalló el caso, ofreció toda la información tanto al resto del gobierno municipal así como a la oposición y dejó el expediente bajo custodia del Ayuntamiento, pero todos podían consultarlo. «Nunca oculté el expediente», ha asegurado desvinculándose del hecho de que la Guardia Civil lo encontrara en una caja fuerte del gabinete de alcaldía. El «ruido mediático» conllevó la dimisión de Muñoz de la gerencia y su desistimiento en septiembre de 2013. Pelegrín también ha negado cualquier relación con el grupo de ciberactivistas ni de sus actividades.

Enriqueta Aznar, la funcionaria que elaboró el informe de necesidad que justificó la contratación de Inipro/QS
Enriqueta Aznar, la funcionaria que elaboró el informe de necesidad que justificó la contratación de Inipro/QS

Ciberactivismo e inmigración

Por su parte, Begoña Floriá, portavoz del gobierno de Ballesteros, ha defendido la existencia del grupo de ciberactivismo siguiendo el rastro de la «campaña de Obama en EE.UU.». De hecho, Floriá era la coordinadora del grupo y se ha jactado en su declaración, aunque la magistrada presidenta, Maria Espiau, le ha tenido que bajar los humos. Floriá ha admitido que en el grupo de «ciberactivismo-Ballesteros» estaban Alejandro Caballero, Cecilia Mangini y Mario Burzuri, trabajadores de Inipro. Un grupo que coordinaba con el jefe de gabinete de alcaldía, Gustavo Cuadrado, también acusado y que calificó, en su declaración, de «poco estético» que trabajadores de Inipro también hicieran ciberactivismo en pro del alcalde.

Uno de los correos más delicados para la defensa de Floriá es uno del 13 de septiembre de 2011, cuando después de una reunión con trabajadores de Inipro enviaba un correo a un grupo donde animaba a los ciberactivistas diciendo: «¡A por ellos!». Así mismo, informaba que los coordinadores de las campañas de ciberactivismo por Ballesteros serían los coordinadores Mario Burzuri, Cecilia Mangini o Alejandro Caballero -trabajadores de Inipro- y más conjunción con el PSC. Floriá ha defendido la legalidad del grupo y lo ha desvinculado de las contrataciones de Inipro.

Por otra parte, ha declarado Enriqueta Aznar, vinculada al PSC, que era técnica de los servicios sociales y fue autora del informe de necesidad que justificaba la contratación del servicio de promoción del asociacionismo entre los recién llegados. Aznar ha contestado al fiscal, pero no a la acusación popular de la CUP. Ha explicado que siempre rondaba a Muñoz porque no tenían suficiente personal y, en cambio, cada vez tenían más trabajo a raíz de la crisis inmobiliaria. «Teníamos flojo el aspecto comunitario», ha añadido para destacar la falta de personal para la gestión de la integración de los inmigrantes en las comunidades de vecinos. A pesar de ello, después del informe de necesidad que registró en abril de 2010 el informe de necesidad, pero no supo nada hasta el mes de septiembre. «No participé en absoluto en la planificación del contrato, ni en la elección del personal -del PSC- y no me pidieron opinión sobre las empresas contratadas», ha enfatizado para quitarse las pulgas de encima. «Nunca había oído el nombre de Inipro», ha concluido.

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