La Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera, la famosa UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, es uno de los vectores principales que sustentan la acusación del juicio contra los Pujol Ferrusola. El Grupo 24 de esta unidad es el responsable de todos los atestados que la fiscalía anticorrupción ha utilizado para construir sus acusaciones contra la familia del expresidente. Pero, a medida que han pasado los años de una larguísima instrucción, de las actividades de la policía patriótica que este martes se han expuesto en la vista oral y de una condena del director adjunto operativo, Eugenio Pino, por intentar colar pruebas de manera irregular, ha quedado en evidencia el papel de este grupo, de la unidad en general y del origen político del sumario.
De ahí la importancia de la agenda para este miércoles del tribunal, donde subirán al estrado cuatro de los integrantes del grupo 24 -los tips 88095, 126744 y el 105601–, así como la estrella de la jornada, el instructor del caso, el inspector Álvaro Ibáñez, el TIP 89140. Precisamente, este policía, que se dejaba ver desacomplejadamente en los registros, es quien firma la totalidad de los atestados y quien, curiosamente, recibió la denuncia anónima que justificó el brazo judicial de la operación Cataluña, la que inició el caso en los tribunales. La particularidad de Ibáñez son las operaciones policiales que se llaman de «pena de telediario», que ya le han costado algún disgusto, como tener que afrontar una indemnización a uno de los detenidos en una operación de 2015, por una detención innecesaria que el mismo Consejo General del Poder Judicial reconoció como «funcionamiento anormal» de la policía judicial.
Año 2012, aparece el policía 89140
Para situar la importancia del inspector e instructor del caso, hay que remontarse al dos de noviembre del 2012, 23 días antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña adelantadas por el presidente Artur Mas con el compromiso de convocar una consulta de independencia. Ese día se registró una denuncia, extraña y anónima. El denunciante anónimo quería que fuera la misma policía quien aportara al juzgado de instrucción número 30 de Barcelona la denuncia que interponía. Entonces, este juzgado llevaba la instrucción del caso Palau. El título de la denuncia, en castellano, era concluyente: “Caso Millet, información a tener muy en cuenta”. A partir de ahí, el denunciante anónimo pedía “disculpas por la intromisión” y se autodefinía como “persona retirada de la vida empresarial”. Aun así, el anónimo aseguraba que un programa de Salvados emitido en La Sexta y un Informe Semanal lo habían “espoleado a denunciar”.
El hecho de que la denuncia se dirigiera al Grupo 24 de la UDEF no era un detalle menor. Al contrario. Así lo hizo notar el exjefe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía durante los años de plomo de la operación Cataluña, Marcelino Martín Blas, en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña. «Hay que saber mucho sobre la policía para dirigir una denuncia anónima a un jefe de grupo especial de la UDEF», apuntó Martín Blas, con suficiente picardía. La denuncia daba detalles «sobre las donaciones» o sobre actividades financieras de Artur Mas que después se encontrarían en notas de inteligencia sobre el expresidente o sobre los Pujol Ferrusola. El 14 de noviembre, es decir, doce días después del registro de la denuncia, el inspector 89140 remitía la carta al juzgado y comunicaba que el grupo investigador estaba realizando varias pesquisas sobre quién podía ser el remitente de la comunicación, y decía que se informaría al juez.
Villarejo entra en acción
La denuncia llegó pocos días antes de que el comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo pactara con el exfinanciero Javier de la Rosa y con la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, denunciar a la familia Pujol. El 29 de noviembre del 2012, Villarejo envió a su socio Rafael Redondo a redactar la denuncia que Javier de la Rosa interpondría ante la UDEF y que después no fue ratificada. Villarejo también acompañó a Victoria Álvarez a declarar ante la UDEF.
A finales de enero del 2013, ni tres meses después de la interposición de la denuncia, el inspector Álvaro Ibáñez ya aparece en los diarios de Villarejo a través de dos enlaces muy importantes y con el trato de «colega de la UDEF». En primer término, con el abogado Javier Iglesias, alias El largo, a quien el comisario consideraba un interlocutor de Mariano Rajoy con quien hablan de Álvaro Ibáñez, en “temas relacionados con adjudicaciones de concursos”. El otro contacto será con el comisario José Luis Olivera, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), que anteriormente había sido jefe de la UDEF. Olivera, precisamente, es el que se jactó, en un audio difundido por El Món, de la autoría de la operación Cataluña, hecho que tampoco negó en su comparecencia en la comisión de investigación.
El caso del pendrive
Otro de los escándalos que ha rodeado a este inspector es el chapucero caso del pendrive de los Pujol, que ha supuesto la única condena por la operación Cataluña. Un hecho que nace el 1 de abril del 2016, cuando el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que entonces dirigía José de la Mata, que instruía la causa de los Pujol, registró un extraño informe de la UDEF. Era el atestado BLA G24. El informe policial analizaba la documentación que había en la memoria USB de los Pujol. Este informe lo firmaba el inspector Álvaro Ibáñez. La información del pendrive proviene de una entrada ilegal al despacho de Jordi Pujol Ferrusola el verano del año 2002 a causa de la guerra entre CDC y Unió Democràtica por las licencias de juego en Cataluña.
El inspector afirmaba que la información del pendrive provenía del registro de la sede de la agencia de detectives Método 3, realizado en el marco de las diligencias previas 485/2013 que dirigía el juzgado de instrucción 14 de Barcelona que investigaba el espionaje de la agencia. El atestado decía que la memoria USB se había encontrado en la “intervención de varios soportes informáticos», donde se encontraban documentos de los cuales era objeto aquel informe.
El juez decidió registrar el atestado policial y abrir una pieza separada. La memoria USB no llegó físicamente a la Audiencia Nacional hasta el 6 de febrero del 2017. La aportó personalmente Eugenio Pino alegando que se la había hecho llegar Martín Blas, pero después cambió su versión de los hechos e implicó a Bonifacio Díez, ex agregado de Interior en la embajada de Andorra e investigado en el Principado por la trama andorrana de la operación Cataluña. Finalmente el juez expurgó de la causa la memoria USB para no contaminar el resto del sumario. Jordi Pujol Ferrusola denunció a los implicados y la denuncia fue a parar al juzgado de Instrucción 11 de Madrid. Eugenio Pino, Bonifacio Díez y Álvaro Ibáñez fueron imputados y fue el exportavoz de Ciudadanos y hombre fuerte del departamento de penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, quien consiguió a última hora que Ibáñez fuera desimputado, antes de la vista oral y después de admitir que nunca había tenido el pendrive en las manos.
Tapar la vergüenza
La historia del pendrive, sin embargo, no terminó aquí. Una serie de correos electrónicos que difundió El Món, demostraban la chapuza de la operación. Correos electrónicos entre los policías implicados para poder justificar cómo se había obtenido y cómo se había custodiado el pendrive. Los mails, del mes de mayo de 2016, cuando el magistrado De la Mata percibió que la memoria USB olía a quemado. El primer mail es del seis de mayo y lo remitió Álvaro Ibáñez. De hecho, lo firmaba él mismo y lo dirigía al entonces jefe de la Unidad de Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, Daniel Gallego.
En este correo, Álvaro Ibáñez pedía ayuda a Gallego explicando que el pendrive “supuestamente” lo habían obtenido de un “disco duro intervenido” en la investigación sobre Método 3 abierto a raíz del caso La Camarga. Según relata Ibáñez en su correo, la memoria USB fue “examinada” y se emitió un informe con importantes consecuencias criminales para Jordi Pujol Ferrusola y afines”. Es más, Ibáñez se quejaba porque hasta entonces ni jueces ni fiscales habían puesto problemas a la hora de aceptar indicios que “provenían de la inteligencia policial”. De hecho, recordaba que había habido otros casos donde se habían “cruzado a través de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC) donde se pudo saber que había algo similar”.
Más mails
Gallego acusaba recibo del mail de Álvarez y remitía uno nuevo, el mismo 6 de mayo, a Bonifacio Díez, alias Boni, ya implicado en la trama andorrana de la operación Cataluña y que este martes ha testificado haber tenido contactos con la BPA. Gallego se refería a Boni como “amigo y compañero” y le enviaba un “parrafito” (sic) con la petición de Ibáñez. Díez tenía trabajo para aportar la información que a priori habrían extraído de la causa de Método 3 y que había estado durmiendo el sueño de los justos en un cajón durante años. Por otro lado, desde Asuntos Internos también apuntaban que tenían el mismo pendrive, que habrían adquirido de los exdetectives de la agencia y que habría sido pagado con fondos reservados. El día 26, Ibáñez tuvo que recurrir a su gran jefe, el comisario Manuel Vázquez, responsable de la UDEF. Desde su mail, se dirigía a él como “Manuel” y le pide ayuda con un: “Perdona que te moleste”.
Según el inspector, el asunto del pendrive iba «muy mal”. “De momento, no tenemos nada”, decía. “Aportamos algo que no podemos decir de dónde viene”, insistía. Y remarcaba que ya no confiaba en ninguno de los registros que se habían llevado a cabo. “Me gustaría”, advertía, “para evitar males mayores publicitarios, que se me dijera exactamente qué debo poner en el oficio donde comunique que no soy capaz de informar del origen de la información”. Una demanda curiosa, porque quien firmaba el atestado sobre el pendrive y su contenido era él mismo. La petición la justificaba para evitar poner algo que quedara «mal» y que motivara después que le preguntaran por qué había escrito según qué. Todo esto puede facilitar ahora a las defensas denunciar la mala praxis de Ibáñez con los atestados de los Pujol.
