El pasado 28 de mayo el Tribunal Supremo (TS) condenaba al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a restituir en la sala capitular del Monasterio de Vilanova de Sixena, en la Franja, las pinturas murales. De hecho, los magistrados de la Sala Primera confirmaban la sentencia dictada por la Audiencia de Huesca, que a su vez ratificaba la sentencia de primera instancia. Una resolución que estimaba la demanda del gobierno de Aragón, que actuaba en cesión de derecho de la comunidad de religiosas del Real Monasterio de Sixena y acordó reclamar las obras. Ningún criterio técnico ni jurídico invocado por el MNAC, la Generalitat de Cataluña -que se personó- o la Administración del Estado sirvió de nada.
El Supremo no dice, sin embargo, cómo debe cumplirse esta sentencia. De hecho, la causa era un pleito civil exclusivamente sobre si las obras estaban o no en depósito en el MNAC y, por tanto, si existía el derecho a reclamarlas. Por eso, ahora se entra en una nueva fase que puede tener nuevos capítulos. Será la fase de ejecución de la sentencia, que es un proceso que va más allá del pim-pam político del cual los últimos días ha hecho gala el gobierno de Aragón, dando por hecho y presionando para un traslado inmediato de las obras románicas al monasterio de Sixena. De hecho, el mismo museo de Sixena ya lo anuncia a través de los vídeos de la sala de exposiciones, como comprobó El Món el viernes.
Expertos, entidades culturales, exconsejeros de Cultura, conservadores, partidos e instituciones claman para mantener las obras en el MNAC y poder garantizar su futuro. En cambio, el Gobierno del presidente Salvador Illa se escuda en el hecho de que la sentencia apunta al MNAC y no al ejecutivo, y traslada toda la presión al museo catalán. También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que es catalán, intenta ganar tiempo jugando con la semántica. Es decir, advirtiendo que se debe «cumplir» pero que hay que ver cómo «se ejecuta». Más allá de la ejecución, otra agrupación jurídica, Acció Cassandra, ha comenzado a recoger fondos para abrir una nueva batalla legal contra el traslado, fuera del proceso de ejecución, porque como no ha sido parte del proceso declarativo ahora no se pueden personar en esta causa, pero pueden, y quieren, abrir otra.
¿Jueces contra expertos?
Diez departamentos universitarios e instituciones dedicadas al arte y el patrimonio emitieron un comunicado este viernes que insistía al MNAC y a la Generalitat a “agotar todas las vías jurídicas posibles” para convencer a los jueces para evitar el traslado de las pinturas murales de Sixena. Instituciones como la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge, la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona o el Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural remarcan que el Supremo pasa de largo de las cuestiones técnicas y de las “nefastas consecuencias” que su desmontaje, traslado e instalación en su lugar de origen pueden conllevar. Es decir, una grieta por la cual se podría detener el traslado.
En la misma línea se expresaba la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AADIPA) del Colegio de Arquitectos de Cataluña, entidad especializada en la conservación del patrimonio histórico y artístico. En un comunicado, esta entidad pedía que las pinturas permanezcan en el MNAC por criterios «exclusivamente técnicos» y de «preservación del patrimonio común». El Instituto de Estudios Catalanes (IEC) también se expresaba en el mismo sentido, alertando de la «pérdida irreparable de patrimonio». El Parlamento también se ha sumado a la defensa así como un manifiesto de 9 exconsejeros de Cultura, entre los que se cuenta Caterina Mieras, una de las líderes de la asociación españolista, Sociedad Civil Catalana.
A pesar de estos avisos, el gobierno de Aragón quiere ir al grano y enviar técnicos para el desmontaje y traslado de las obras. Sin embargo, habrá que esperar al 16 de junio que hay convocada la reunión del Patronato del MNAC. El encuentro debe servir para escuchar técnicos y expertos y decidir los pasos a seguir ante la sentencia que determina el traslado de las obras. La consejera de Cultura, Sònia Hernández, confirmó el miércoles de esta semana que el Gobierno asistiría al encuentro junto con el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona, para abordar «desde un punto de vista técnico» cuál es la mejor solución posible.
¿Una sentencia de imposible cumplimiento?
El primer paso es esperar que la sentencia sea firme. Es decir, en caso de que no se presente en 20 días ningún incidente excepcional de nulidad por infracción artículo 24 la constitución de tipo procesal, en base al artículo 228 Ley de Enjuiciamiento Civil -, se abre el período voluntario de cumplimiento. Según fuentes jurídicas consultadas, en este caso es más complicado porque para cumplir también depende que Sixena esté en condiciones de recibir los murales de la Sala Capitular en el monasterio de Sixena.
Por otro lado, hay que tener presente, según las mismas fuentes, que la sentencia condena al MNAC “a restituir a la Sala Capitular del Monasterio de Vilanova de Sixena las pinturas murales, de donde se extrajeron”. Por lo tanto, o es un caso de entrega de un bien mueble determinado -regulado en el artículo 701 LEC- o de una obligación de hacer, porque la sentencia insiste en restituir unos murales, que sería un hecho regulado en el artículo 705 de la LEC. Además, la resolución apunta que es una «obligación personalísima», ya que se condena al MNAC a que sea el museo el que ”restituya» los murales como depositario de estos.
Así, se podría entender que podría venir cualquiera de los reclamantes «arrancarlos y llevárselos a Sixena». Pero ya no sería restituir, sino arrancar, llevárselo o entregar. «Conceptos que son muy diferentes», según las fuentes jurídicas consultadas. «Restituir quiere decir que el MNAC y sus técnicos lo hagan. Si no, la sentencia habría dicho que los condenaba a entregar, entregar o trasladar», opinan las mismas fuentes. De hecho, la decisión dependerá del juzgado de Huesca que ejecute la sentencia, que debe decir en qué condiciones y qué plazo hay que hacerlo. Será entonces cuando el MNAC podrá alegar la «imposibilidad técnica de cumplir con la sentencia». Se podrán presentar peritajes, pedir una vista, se dictará una interlocutoria y se podrá abrir una vía para un recurso de apelación. En estos casos, normalmente quien pide ejecutar la sentencia, si el juez estima la imposibilidad de cumplirla, puede reclamar un equivalente pecuniario de la prestación de hacer. Pero, por lo que se ve, la intención de la administración aragonesa es continuar con la ejecución «pase lo que pase». En este caso, el Gobierno de Aragón puede contratar un servicio y pasar el cargo al MNAC, con petición de daños y perjuicios incluida. Incluso, se puede pedir la imposición de multas mensuales al MNAC mientras no cumpla la sentencia.
En Huesca y otro procedimiento
Además del papel del Juzgado de Huesca, es posible que entre una variable privada. Es decir, abrir un nuevo pleito dirigido a proteger el patrimonio. Esta es la opción que plantea Acció Cassandra, que lideran los abogados Josep Rosell y Lluís Gibert, que han llevado la defensa de los acusados de delitos de odio por oponerse a la imposición del 25% de castellano en una escuela de Canet o la querella contra Pablo Casado por sus declaraciones contra los docentes catalanes. De momento, están buscando financiación, -10.000 euros- para iniciar los trámites judiciales e impedir el traslado. La asociación de juristas busca una manera de interferir porque, como no son parte en el pleito declarativo, no se pueden personar en el proceso de ejecución.
Una estrategia que implicaría enfocar los cañones a administraciones como el ministerio de Cultura y la Generalitat de Cataluña, responsables del patrimonio cultural y artístico que deposita el MNAC. Según Rosell, la semana entrante iniciarían los trámites con un desplazamiento a Sixena, donde harían un acto notarial de fe pública sobre el contenido del Museo. Después repetirán la misma maniobra en el MNAC. Y, por otro lado, entrarán en contacto con la orden religiosa cesionaria de los derechos al gobierno de Aragón para iniciar un nuevo proceso judicial, del cual todavía cierran cabos sueltos, a la espera de la ejecutoria.
