La tensión se ha hecho notar en la sala de plenos del Tribunal Supremo, donde se ha celebrado este mediodía la ceremonia de apertura del año judicial. El intento de boicot del ala derecha de la magistratura y de la fiscalía contra la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, y la petición de relegar la asistencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, se han hecho notar. No solo por los reproches del fiscal general a las peticiones de los togados conservadores o por los poquísimos aplausos que ha obtenido su discurso, sino por las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, advirtiendo que es necesario detener las críticas a los jueces y tribunales.
Una advertencia que se entiende como una respuesta a los reproches de Pedro Sánchez a los jueces «que hacen política» o a las críticas abiertas a las instrucciones judiciales que se llevan a cabo no solo contra la disidencia política, el independentismo catalán, sino contra la Moncloa o el PSOE. Perelló ha sido bastante clara y contundente, en su tono habitual de expresión lenta: «Sí que defenderemos con firmeza los principios esenciales que definen el poder judicial y que hacen que sea digno de este nombre». Perelló ha reivindicado el trabajo de actualizar los nombramientos de diversas judicaturas y tribunales españoles y de la aplicación del plan de igualdad, y ha reclamado más plazas de juez para acabar con las dilaciones.
«Descalificaciones inoportunas y rechazables»
Perelló, en su discurso, que ha comenzado alabando el «vínculo» especial de la judicatura con la corona española, ha calificado de “inoportunas y rechazables” las descalificaciones a la justicia por parte de otros poderes públicos. De hecho, se ha basado en un informe del estado de derecho en España de la Comisión Europea que advertía que “los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en la judicatura» para cargar las tintas contra los poderes políticos.
Así, Perelló ha descrito que «esta manera de proceder, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces”. «Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional”, ha señalado. Eso sí, ha procurado destacar que son «aceptables y legítimos el desacuerdo y la crítica», pero, con condiciones. Es decir, «no se puede desacreditar al poder judicial atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios jurisdiccionales».
“No es propio del poder judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, ya que no nos corresponde esta función», ha argumentado para recordar que su trabajo «no es alimentar polémicas». «Cada cargo público es responsable de sus actos, pero sí que defenderemos con firmeza los principios esenciales que definen el poder judicial y que hacen que sea digno de este nombre”, ha concluido Perelló.
