Por el mismo precio, zapatos grandes. Eso es lo que debió pensar la comisión judicial que registró el despacho de Joan Anton Sánchez Carreté, el asesor fiscal del presidente Jordi Pujol que en julio de 2014 presentó las liquidaciones complementarias a Hacienda por el dinero que la familia tenía en Andorra. Así lo indica el acta de entrada, registro y decomiso de documentación, a la que ha tenido acceso El Món, firmada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía habilitados como policía judicial por el magistrado instructor del caso, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
Aquel registro, realizado el 27 de octubre de 2015, ha sido una de las estrellas de la quinta jornada del juicio, celebrada esta mañana en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. De hecho, ha sido en el marco de la declaración de Sánchez Carreté que los abogados de la defensa han desplegado los argumentos que ya se apuntaron en la audiencia preliminar de la vista oral sobre la falta de validez de la resolución que ordenaba el registro de la sede de la asesoría y del material que se intervino allí. Antes, Carreté ha recordado al ministerio público, representado por Fernando Bermejo, que la policía sabía que se llevaba más material del que el juez permitía, que los agentes eran conscientes. Algo que sería un indicio de investigación prospectiva.
Más información que la ordenada
En los interrogatorios se ha insistido en la falta de justificación de la resolución que permitía el registro. Por otro lado, han denunciado que el registro se hizo cuando ya se había enviado la comisión rogatoria a Andorra a raíz de la portada de El Mundo y la declaración de Victoria Álvarez en la Audiencia Nacional, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado insisten en que la clave de la comisión rogatoria fue la confesión del presidente Pujol, una confesión donde, en ningún caso, afirmaba que el dinero estuviera en Andorra y, ni mucho menos, en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Pero los letrados también han enfatizado que el registro se autorizó a pesar de que Sánchez Carreté formaba parte de la defensa de Pujol Ferrusola, con el entendimiento de que calculó y presentó las complementarias y que representaba a la mayoría de la familia ante la Agencia Tributaria por la inspección fiscal que les abrieron en agosto de 2014 y que aún no se ha cerrado. Pero ha sido especialmente destacable el hecho de que se ha reconocido que en el acta del registro quedó patente que la policía se llevaba documentación que no estaba autorizada por el juez.
Dos USB
En concreto, la comisión judicial confiscó dos lápices de memoria: el DT101, que contenía material e información sobre parte de la familia, y el Data Traveler de 128 gigas que recogía información sobre otras sociedades, otros miembros de la familia. Dos memorias que contenían información financiera que los abogados de la familia le habían entregado para ver si era necesario corregir las declaraciones complementarias dado que solo habían tenido unos días para calcularlas, presentarlas y abonarlas, 14 de julio de 2014.
La resolución de entrada y registro, sin embargo, dejaba muy claro que la comisión judicial solo podía confiscar material respecto a Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironès, así como de tres sociedades vinculadas a la pareja: IVISA; PROJEC y ACTIVE. Precisamente, parte de esta documentación estaba en los lápices de memoria, como también había de otras sociedades y otros miembros de la familia que quedaban fuera de la orden del juez. La comisión judicial recogió en el acta el aviso de Sánchez Carreté tras entregar los lápices de memoria: «Advierte que hay información relativa a personas físicas y jurídicas ajenas a la investigación que no puede ser utilizada o reproducida». La información sirvió posteriormente para perfilar atestados incriminatorios contra otros miembros de la familia y tratar de encontrar pruebas de sus fondos y propiedades. Lo que las defensas han considerado un «striptease financiero» de la familia Pujol y consolida la tesis de la investigación prospectiva.
