La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha podido encontrar ningún mensaje en el teléfon móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con fecha anterior al 16 de octubre, fecha en que fue imputado por el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de datos sobre la pareja de Ayuso y lo ha acusado de borrarlos ese mismo día. “La falta de mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024 en (…) WhatsApp se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las diferentes conversaciones, y esta acción se realiza hasta dos veces el indicado día”, dice un informe de la unidad consultado por la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Según ha confirmado la UCO, no ha sido posible recuperar las copias de seguridad “debido a la eliminación deliberada de la cuenta de Google asociada”. El informe de la Guardia Civil indica que el dispositivo que han analizado comenzó a tener actividad el 23 de octubre, una semana después de su imputación en el Supremo. “No es posible recuperar mensajes borrados anteriores al 16.10.2024, ya que nunca han existido en el dispositivo analizado”, apuntan. Las novedades sobre el informe se han conocido días después de que García Ortiz declarara como investigado ante el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. El fiscal general negó haber filtrado a la prensa o al gobierno español ningún dato o información relativa al caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en declaraciones a la prensa / ACN

Investigación sin resultados de la Guardia Civil

A finales del año pasado, la UCO registró los dispositivos de García Ortiz, pero no pudo encontrar ninguna prueba de la presunta filtración de datos de González Amador, quien está acusado de defraudar Hacienda. El informe que la Guardia Civil hizo llegar al Tribunal Supremo relataba que habían encontrado un total de “cero mensajes” en las aplicaciones de mensajería instantánea analizadas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando se habría producido la filtración. García Ortiz se ha defendido diciendo que cambia de manera recurrente de móvil —ya lo ha hecho hasta seis veces desde que fue nombrado fiscal general del Estado— y que borra periódicamente su contenido por cuestiones de seguridad y porque está obligado por ley.

Poco después, a principios de enero, la Guardia Civil aseguró que sospechaba que el fiscal general había cambiado de teléfono siete días después de su imputación en el Tribunal Supremo. Como respuesta, el magistrado de la Sala Penal que lleva la investigación, Ángel Hurtado, pidió a WhatsApp y Google información sobre el móvil de García Ortiz y las cuentas de correo asociadas que pertenecen al fiscal general.

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